Memoria PúblicaLa hermandad de la Macarena dice que no ha retirado los restos de Queipo al no tener petición oficial de la Junta

Un genocida enterrado en un templo privado. Culto público para la ciudadanía que reconoce a la entrada de la basílica de la Macarena las tumbas del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y su mujer Genoveva. Poderes intocables en una ciudad mariana que empieza a tomar conciencia de la necesidad de retirar los restos del general, responsable de más de 50.000 muertes durante los primeros meses del golpe miltiar y la posterior represión franquista en la comunidad andaluza.

Queipo de Llano fue enterrado con todos los honores a la entrada a los pies de la basílica de la Macarena. Casi un funeral de estado. En 1951 quedaría sepultado a los pies de la Virgen y nombrado hermano mayor honorario. Queipo ha sido considerado por la historiografía reciente un criminal de guerra, responsable del desplazamiento forzado de más de 300.000 hombres y mujeres en la conocida marcha de la Desbanda de Málaga a Almería, una de las peores tragedias vividas durante la guerra civil española. 

La intención de la Macarena por cumplir con la “ley de memoria andaluza”

“La única presión que tiene la hermandad de la Macarena es la de cumplir la ley y ser responsable con su papel en la sociedad”. Así de rotunda se muestra la hermandad con Público. En declaraciones en exclusiva aclara en qué punto se encuentra la polémica sobre la retirada de los restos del general Queipo y su intención de posibilitar el cumplimiento de la ley de memoria democrática andaluza. Fernández Cabrero, hermano mayor de la cofradía, ha señalado que “este asunto es sumamente importante. Por eso estamos convencidos de que hay que abordarlo con rigor y seriedad. Hemos encargado informes a varios juristas de prestigio para conocer en qué modo afecta la Ley de Memoria Democrática de Andalucía a la hermandad”. 

A la espera de la resolución final que dictaminen los informes, la Macarena apunta que “una vez tengamos los informes actuaremos en consecuencia cumpliendo escrupulosamente lo que nos marque la ley -sin renunciar a actuar con sensibilidad con respecto a unos restos mortales”, refiriéndose a los del general golpista, principal impulsor de la creación de la basílica en plena posguerra. 

A pesar de que la ley de memoria, aprobada por Andalucía el pasado mes de marzo, obliga a la retirada de símbolos franquistas en recintos privados con proyección pública, la hermandad insiste en que la Dirección General de Memoria Democrática no ha llevado a cabo ningún trámite oficial para hablar del asunto. Al preguntar al hermano mayor sobre las presiones que tiene por parte de las administraciones públicas afirma que “ninguna, ya que el Ayuntamiento de Sevilla, que no tiene competencias en la materia, nos ha instado a estudiar el tema y la Junta de Andalucía, que sí las tiene, no se ha puesto en contacto con la hermandad de manera oficial”. 

Sin noticias oficiales de la Junta

Fernández Cabrero afirma que “solo hemos escuchado al vicepresidente de la Junta en declaraciones a los medios refiriéndose a nuestra corporación para situarla en el prejuicio de que no cumplirá la ley sin haberse dirigido a nosotros por ningún canal oficial”. La hermandad se muestra dispuesta, tras largos años de silencio, a iniciar el diálogo en el momento que el gobierno andaluz tome “cartas en el asunto”. 

Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, recalcaba en una reciente intervención como "la ley es ley y hay que aplicarla”, de modo que, si fuera necesario, "la Junta actuará tal como indique la asesoría jurídica, de acuerdo a la legislación aprobada ". 

Culto público vs propiedad privada

En concreto, la norma andaluza que podría estar vulnerando la hermandad está comprendida en el artículo 32.4 de la ley de memoria. Este artículo señala que “cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”. La tumba de Queipo de Llano podría estar dentro de estos elementos de los que habla la ley. Sin embargo, la titularidad privada de la Basílica provoca un debate sobre si la tumba del general dentro de este edificio hace apología o no del régimen franquista. 

Por su parte, la hermandad reclama la intervención de la Junta. Y espera que sea el gobierno andaluz quien se ponga en contacto con su Junta de Gobierno. “No concebimos otro escenario que una hermandad de la Macarena dentro de la legalidad vigente, que nadie piense que hay voluntad alguna por incumplir ninguna ley, ni esta ni de otra índole” Una postura que reclama desde la Macarena como “lógica”, en una corporación con más de cuatro siglos de historia y “que actúa siempre con responsabilidad, rigurosidad y buscando la justicia” aclara el hermano mayor de la hermandad. 

Desde la Dirección General de Memoria Democrática aclaran que actualmente “la Macarena no tiene ningún plazo para dar una respuesta sobre la salida de los restos”. 

Sobre la influencia de la Ley de Memoria en la basílica, la Junta aclara a Público que están estudiando la propiedad de este lugar de culto privado con “proyección pública” donde la hermandad entraría, si esto se sostiene, en un aspecto de ilegalidad en la reciente ley memorialista. “Volvemos a insistir en que se trata de un espacio privado de la hermandad. Además, recordemos que hablamos de una tumba, de un enterramiento”. 

La Junta de Andalucía se encuentra a la espera del informe jurídico que presente la hermandad, declarando que “no nos corresponde a nosotros responder cuándo va a dar a conocer el informe jurídico. Aunque nosotros deseamos que sea cuanto antes”. 

El diálogo entre la administración andaluza y hermandad para tomar una determinación final en este proceso de tanta polémica es más que necesario. Por ello la Macarena solo reitera en su conclusión “que tiene todo el interés en saber en qué grado le afecta la Ley de Memoria Democrática” para actuar de una vez por todas en consecuencia.

Sin “intención” de hacer apología del régimen

Desde el inicio de las presiones en el año 2009, la hermandad de la Macarena ha ido tomando conciencia de la polémica generada por el enterramiento en el suelo de la basílica. Y es que no es el único resto que se ubica en el templo. El auditor de guerra Francisco Bohórquez, también se encuentra allí enterrado. Era el responsable de la ejecución de sentencias con aplicación de bando de guerra en la ciudad. Una de las provincias más represaliadas con 13.520 víctimas. 

La presión del ayuntamiento de Sevilla, ha sido la única administración que ha instado directamente a la hermandad para la retirada de los restos. Con la moción presentada por los grupos de izquierda, Espadas notificó a la Macarena la necesidad de trasladar los restos a otro lugar por las connotaciones que conlleva. 

Los restos de Queipo en un posible columbario

Sobre el plazo para conocer la resolución del informe, la cofradía recuerda que “no nos hemos puesto fecha, pero sí estamos trabajando en ello conscientes de nuestra responsabilidad y de la necesidad de conocer en profundidad los condicionantes legales”. 

Uno de los antiguos hermanos mayores Juan Ruiz ya iniciaría en 2007 el camino para eliminar cualquier referencia a la guerra civil. Es decir, “nuestra hermandad ya había iniciado este camino antes, incluso, de la Ley de Memoria Democrática” apuntan en sus declaraciones. Ahora pretende culminar la retirada final de los restos con un la creación de un futuro columbario. Uno de los posibles proyectos donde los restos de Queipo de Llano, su esposa y su auditor de guerra Bohórquez serían trasladados dentro de la basílica. Como un hermano más.