Hay al menos 3.000 personas que están investigadas o procesadas en los tribunales por corrupción

MADRID.- Al menos 3.000 personas están investigadas o procesadas en las distintas causas por corrupción abiertas en tribunales de toda España. Esta cifra incluye tanto a quienes son llamados a declarar por un juez en condición de "investigados" (la figura que sustituye a los imputados en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal) como a quienes resultan finalmente juzgados. Entre ellos hay políticos y empresarios de renombre y también numerosos funcionarios y trabajadores.

Algunas de las causas llevan años en proceso de instrucción, como es el caso de los ERE presuntamente irregulares de Andalucía, con más de 250 investigados (la juez acaba de archivar por prescripción la imputación a 12 empresarios); o el caso Astapa, centrada en el Ayuntamiento de Estepona, con más de 100 investigados y ocho años de instrucción (el fiscal acaba de podir más tiempo).

Para otros ya se ha dictado apertura de juicio oral y están a la espera de que se inicie el juicio. El pasado febrero se fijó fecha, el 4 de octubre de 2016, para que se inicie el de la primera pieza del caso Gürtel.

El año 2016 ha supuesto un hito en las causas por corrupción con el muy mediático juicio del caso Nóos, que comenzó el 11 de enero con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin sentados en el banquillo de los acusados ante la Audiencia Provincial de Baleares.

El juez instructor consideró a la hermana del rey Felipe VI cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos por su marido y la Audiencia decidió procesarla pese a que sólo lo pidió la acusación particular. En cambio, para Urdangarin la Fiscalía pide 19 años y medio de prisión.

Además de la Infanta y del ex duque consorte de Palma de Mallorca, en esta causa hay otros 15 acusados y algunos de ellos han ocupado cargos públicos. Éste es el caso del expresidente del Gobierno balear y exministro 'popular' de Medio Ambiente, Jaume Matas, --que podría ser condenado a 11 años de cárcel--, o el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que por cuatro delitos se enfrenta a un máximo de 11 años de prisión.

El político balear ha vuelto al banquillo de los acusados pocos meses después de abandonar la cárcel de Segovia el pasado 28 de abril, donde cumplió una condena de nueve meses por un delito de tráfico de influencias cometido en el marco de una de las piezas separadas del caso Palma Arena.

Aparte de en Nóos, Matas está siendo investigado al menos en varias de las más de 25 piezas que componen el caso Palma Arena, entre ellas, Son Espases o Ópera. En esta última, el mismo juez ha propuesto recientemente que se le juzgue por delitos relacionados con la corrupción.

También la expresidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar está entre rejas teniendo pendientes más causas. De hecho, hace poco declaró como acusada ante el juez en una pieza del caso Voltor y admitió delitos relacionados con el desvío de fondos públicos al PP.

Otros reincidentes que están de nuevo en el banquillo son quienes fueron los principales condenados por la operación Malaya, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el que fuera asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, procesados en los casos Pinillo y Goldfinger (ésta última por una operación relacionada con la finca donde tuvo un chalet el actor Sean Connery).

También en Andalucía, pero en un juzgado de Sevilla, han tenido que declarar este mes de marzo los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados por el caso de los ERE y después de haber perdido el fuero (Chaves dejó su escaño de diputado y Griñán el de senador) que inicialmente les llevó a declarar ante el Supremo.

En marzo también ha pasado a la lista de investigados el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, junto a su esposa y el empresario Enrique Cerezo, por la juez que investiga su ático de Estepona (Málaga).

Pero sin duda el caso más incómodo para el PP ha sido el destapado en la operación Taula, una supuesta red de blanqueo destinada a la financiación ilegal por la que está investigado todo el grupo municipal del PP en Valencia, con la excepción de un concejal.

A la que fue su líder, Rita Barberá, alcaldesa durante 24 años y hoy senadora, el juez le ha ofrecido declarar voluntariamente antes de decidir si envía el caso al Tribunal Supremo, que es quien debería encausarla a ella en su condición de aforada. Están investigadas 49 personas (en el conjunto del caso Imelsa, del que surgió esta investigación, suman 115).

En la provincia de Alicante está listo para juicio la pieza del caso Brugal relativa a la Vega Baja -(no así la de Alicante, que afecta a la exalcaldesa Sonia Castedo). El caso Emarsa comenzó a ser juzgado a finales de 2015, pero se suspendió el juicio para continuar con la instrucción.

También las filas socialistas se han removido últimamente. El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, dimitió el 18 de marzo tras semanas de presiones.

Fue citado a declarar como presunto autor de seis delitos en la operación Pulpo, a los que hay que sumar otras cuatro imputaciones del caso de O Garañón.

El que sí está investigado ostentando un cargo público es el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo, al que se le atribuye una supuesta recepción de regalos en el marco de la operación Patos, que investiga supuestas irregularidades en contrataciones públicas. En Galicia siguen abiertas tanto esta causa como Zeta, Pokemon y Orquesta.

En el ámbito del PSOE también está reciente la condena del que fuera presidente de Caja de Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, a dos años de prisión por un delito de falsedad contable.

Sin salir de las cajas de ahorro, también se acerca el juicio de otra de las causas más mediáticas, la de las tarjetas black de Bankia y Caja Madrid, con 66 personas en el banquillo, entre ellas el expresidente de la Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato; su antecesor en Caja Madrid, Miguel Blesa; y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Trece de ellos están también entre los 30 investigados en la causa principal de la Audiencia Nacional por la fusión y salida a Bolsa de Bankia.

En la Audiencia Nacional han recaído también la mayor parte de las causas contra la familia Pujol, donde están imputados el matrimonio formado por Jordi Pujol y Marta Ferrusola y sus siete hijos en relación con la fortuna y los negocios familiares. Sólo una de ellas parece acercarse a su fin, la del caso de las ITV, en la que la defensa de Oriol Pujol negocia con la Fiscalía ir a prisión con tal de que no vaya su mujer.