Viernes: El alcalde de Guatemala, Álvaro Arzú, irrumpe en una rueda de prensa de la fiscal general, Thelma Aldana, en la que se le acusa de corrupción. Sábado: Decenas de personas participan en una concentración en la plaza de la Constitución. Exigen la marcha del presidente, Jimmy Morales, la renuncia de 107 diputados que firmaron el denominado “pacto de corruptos” y una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos. Domingo: Decenas de manifestantes exigen ante la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la salida de su máximo responsable, el colombiano Iván Velásquez. Martes: el ministerio de Relaciones Exteriores revoca la visa de Velásquez por un fallo de forma y mantiene la tensión hacia el comisionado.

Este es el resumen de cinco días que simbolizan la crisis abierta en Guatemala desde finales de agosto. Mientras los movimientos sociales se preparan para una protesta de largo alcance, la derecha y las élites se atrincheran. Todo ello dentro de un país considerado por EEUU como parte de su patio trasero y con graves problemas de desigualdad y violencia.

“Quiero ver la cara a esos dos”. Con rostro furibundo, Arzú, presidente de Guatemala entre 1996 y 2000 y alcalde de la capital desde entonces, se plantó el viernes 6 de septiembre en la rueda de prensa en la que la fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado Iván Velásquez, anunciaban la solicitud de antejuicio contra el primer edil. Es decir, que pedían que se le levante la inmunidad del cargo para poder investigarle. Tanto el Ministerio Público (MP) como la CICIG le acusan de financiar su campaña ilícitamente a través de una cooperativa de Byron Lima, un exmilitar que terminó encarcelado y llegó a ser considerado el tipo que más mandaba en las prisiones. Murió en 2016 en un extraño suceso en la cárcel de Pavón, en Fraijanes. Antes de acabar encerrado, vinculado al asesinato de monseñor Juan Gerardi (responsable del informe “Guatemala: nunca más” sobre violaciones de Derechos Humanos durante la guerra), formó parte de la guardia personal del alcalde.

En una escena insólita, Arzú trató de intervenir ante los periodistas, mientras Cabrera y Velásquez trataban de mantener el tipo y continuaban su comparecencia. Al final, en una especie de rueda de prensa paralela, el alcalde llegó a asegurar que esta era una venganza por haberse opuesto a un “golpe de Estado” contra el presidente, Jimmy Morales. Se refería a las dos solicitudes de antejuicio por financiación ilegal que el mandatario ha evitado en septiembre gracias a los votos del Congreso. Todavía tiene otro requerimiento para ser investigado que tiene que analizar la Corte Superior de Justicia y, posteriormente, los diputados, que son los que tienen la última palabra a la hora de retirar la inmunidad.

El señalamiento de Arzú por parte de MP y CICIG solo es el punto y seguido de un proceso que comenzó en agosto, cuando Morales declaró “non grato” a Velásquez y trató de forzar su expulsión del país.

Guatemala es el país menos violento del Triángulo Norte de Centroamérica, la zona con mayor tasa de homicidios del mundo al margen de los países en guerra. En el último año, entre julio de 2016 y junio de 2017, un total de 26 guatemaltecos por cada 100.000 perdieron la vida de forma violenta, según datos de la Policía Nacional Civil y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En Honduras fueron 51’9 por cada 100.000. En El Salvador, 60’9 por cada 100.000.

En Guatemala, en el año 2014, un 59’3% de la población se encontraba en situación de pobreza, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. De ellos, un 23,4% padecía pobreza extrema. Lo dramático es que estas cifras aumentaron casi un 10% desde 2004. Es decir, que cada año hay más pobres y estos cada vez sufren peores condiciones de vida.

Un mes de locura

Que un alcalde interrumpa la rueda de prensa de una fiscal que se dispone a acusarle y trate de intimidar a la funcionaria es una escena insólita en casi cualquier contexto y país. En este, conociendo los antecedentes, no debería sorprender tanto. El 29 de agosto, en los primeros compases de la crisis, Arzú compareció en un acto en el que decenas de alcaldes respaldaron a Jimmy Morales. “Firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra”, amenazó. El primer edil fue uno de los signatarios en 1996 de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno.

Para entender un poco el alcance de la crisis, hagamos una retrospectiva a toda velocidad.

En el último mes hemos tenido: un presidente acusado de financiamiento ilegal y de cobrar bonos opacos del Ejército; un presidente que, ante estas acusaciones, trata de expulsar al comisionado de la ONU encargado de investigar la corrupción, los actos de la conmemoración de la independencia interrumpidos por manifestantes que exigían la cabeza del jefe de Gobierno; unos diputados que aprueban una reforma del Código Penal que despenaliza buena parte de los delitos de corrupción; un paso atrás de los diputados, que en 48 horas se desdicen de las reformas aprobadas; un “rodea el Congreso” que mantiene a la mayoría de miembros de la asamblea encerrados durante horas y un paro masivo contra la corrupción.

Ahora, toca momento de “impasse”. Pero es evidente que nada se ha solucionado. Lo que en el último mes se visualiza es la ruptura entre un importante sector de la sociedad guatemalteca y buena parte de la clase política como representación de “un modelo agotado”, en palabras de Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack.

De fondo, el recuerdo de las protestas de 2015, una ola de movilización que forzó la salida de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti (entonces presidente y vicepresidenta), posteriormente encarcelados por corrupción. Entonces se le calificó como la “primavera chapina”. Los activistas miran con simpatía otros movimientos internacionales de protesta, como el 15-M, aunque Guatemala tiene sus propias características.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala. /REUTERS

Paradojas del destino. El primer momento de fuertes protestas sociales en la capital tras el conflicto bélico se cerró con la victoria en las urnas de Jimmy Morales. Un outsider, antiguo actor, que se presentó como “ni corrupto ni ladrón” y cuya figura está muy cuestionada, precisamente, por la sombra de la corrupción.
El origen de la crisis está en la pugna entre Jimmy Morales y la CICIG. Aunque lo que se ha abierto es la Caja de Pandora del debate sobre un Estado inexistente en buena parte del territorio, agujereado por la corrupción y que da la espalda a amplias mayorías populares, que (mal)viven por debajo de lo aceptable. Es posible que, a día de hoy, el presidente se arrepienta de haber abierto una guerra de incierto desenlace.

Las vuvuzelas rugen 

“No queremos disculpas, queremos que se vayan”. Esta fue una de las principales consignas que se escuchó en las masivas movilizaciones de los días 14, 15 y 20 de septiembre. La última de ellas, una gran protesta que, según datos de la Procuraduría General de los Derechos Humanos, llegó a reunir a 200.000 personas entre la marcha de la capital y las celebradas en los departamentos. Juntos pero no revueltos, dos sectores bien diferentes confluyeron en las manifestaciones. Por un lado, indígenas y campesinos, agrupados en organizaciones como el Comité de Unidad Campesina (CUC) o el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), así como por las autoridades ancestrales. Por el otro, sectores urbanos ligados a organizaciones surgidas hace dos años, como Justicia Ya o la batucada del pueblo y que han encontrado en Lenina García, recién elegida secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad San Carlos un nuevo liderazgo. Esta institución había permanecido secuestrado por un grupo mafioso durante los últimos 16 años y, tras su recuperación, es uno de los más activos en las protestas.

Los campesinos, por la mañana, y los estudiantes y funcionarios, por la tarde, mantuvieron la plaza llena, entre consignas contra la corrupción y por la renuncia del presidente y los diputados y el rugido de las vuvuzelas, que es algo así como la BSO apócrifa de las protestas.

Las movilizaciones han dado paso a la coordinación. Y no es fácil. “Hay sectores urbanos que tienen una agenda conservadora. Nosotros no nos centramos en temas coyunturales”, considera Neftalí López, representante de Codeca. Esta organización es vetada por buena parte del empresariado para cualquier tipo de negociación. Les acusan de “delincuentes” y de “robar la luz eléctrica” por su acompañamiento a comunidades que se declaran en resistencia y se niegan a pagar el fluido eléctrico.

A pesar de todo, el lunes se presentó la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, que agrupa a los rectores de la URL y la Universidad Rafael Landívar, organizaciones sociales, grupos campesinos y sectores urbanos. Sus reivindicaciones son las mismas de la plaza, pero añaden un objetivo a largo plazo: el desarrollo de una Asamblea Plurinacional Constituyente. “El Estado actual no es incluyente”, explica Lenina García. Cerca del 60% de la población de Guatemala es indígena. Tras Bolivia, es el segundo país de América Latina con mayor proporción de pueblos originarios. El acceso al agua, a la salud, a la educación o el modelo económico basado en el extractivismo son asuntos que amplias capas de la sociedad quieren incluir en el debate.

Desde 2015, la plaza se convirtió en símbolo del descontento. La gran novedad hace dos años fue la reacción de los sectores urbanos y las clases medias, que se manifestaron por primera vez en muchísimo tiempo. Campesinos e indígenas, por el contrario, son sociedades con un mayor grado de movilización. Es lógico, teniendo en cuenta que sus condiciones de vida son muchísimo más precarias.
La estrategia de la asamblea, que se presentará oficialmente el 14 de octubre en diferentes plazas del país, se basa en la movilización para presionar a los diputados y forzar su marcha, los recursos judiciales para que las distintas instancias les retiren de sus puestos por corrupción y la elaboración de una nueva ley de partidos. Con ella pretenden romper las barreras que limitan el acceso a los cargos públicos a las élites de siempre. En el horizonte, las elecciones de 2019.

La derecha se atrinchera y enseña los dientes

“Mi país es soberano, aquí no manda un colombiano”. La pancarta, colocada frente a la sede de la CICIG, es muestra de la dialéctica de la derecha contra la presencia de la institución de la ONU en el país. El domingo, unas 200 personas se concentraban para exigir la salida de Iván Velásquez, jurista colombiano con una gran tradición en defensa de los Derechos Humanos. En el fondo, lo que muchos quieren es que se marche con todo su equipo y que la CICIG desaparezca.
La CICIG es una institución que venía prevista en el Acuerdo Global de Derechos Humanos firmado en 1994, dos años antes de que se pusiese fin al conflicto armado. Sin embargo, no se desarrolló hasta 2006, tras un pacto entre el Gobierno de Guatemala y la ONU. Su objetivo es investigar “cualquier manifestación de fuerzas ilegales de seguridad y maquinaria clandestina de seguridad”. Estos aparatos mutaron hacia estructuras mafiosas de control y saqueo del Estado. Por eso, desde hace tres años, la CICIG apoya al MP en investigaciones que terminan con altos funcionarios imputados por corrupción.

Esto ha generado una reacción por parte de élites y sectores conservadores, que tradicionalmente han controlado la administración. Hablan de “golpe de Estado” cuando las investigaciones salpican a Jimmy Morales y terminan estableciendo una delirante lógica por la cual la ONU y EEUU (principal financista de la CICIG), tendrían un plan para convertir Guatemala en una especie de sucursal de la Venezuela bolivariana.

Una de las acusaciones contra la CICIG es que se trata de un instrumento que sirve a la agenda de EEUU. Esta afirmación la realizan también líderes de la izquierda, como Thelma Cabrera, presidenta de Codeca. Sin embargo, el hecho de que la extrema derecha militarista sea la gran detractora de la institución ha terminado ubicando a los sectores populares como sus defensores. A nadie se le escapa que Washington tiene sus propios intereses en la región. Estos se concentran en el blindaje de la frontera para impedir el paso de migrantes centroamericanos (que huyen tanto de la pobreza como de la violencia) y la lucha contra el narcotráfico. Por el momento, es un aliado de los movimientos sociales en la lucha contra la corrupción. Si triunfa la idea de la Asamblea Plurinacional Constituyente y se modifican las bases del Estado en clave de justicia social, habría que ver si esta alianza se mantiene.

Conscientes de que la crisis política no va a resolverse mirando hacia otro lado, sectores empresariales y conservadores tratan de limitar las reformas a cuestiones técnicas. Mientras, los movimientos sociales presionan para transformar un Estado que hace dos décadas firmó unos Acuerdos de Paz que nunca se implementaron en lo referido a la justicia social. Todo ello, en el patio trasero de un EEUU. Y con la nueva administración de Donald Trump, uno nunca sabe qué significa esto.

(*) Periodista de Plaza Pública