La derogación del delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados se abre paso en el Congreso a pesar del griterío de las bancadas del PP, Vox y Cs para impedirlo. El texto legislativo impulsado por los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, tras un acuerdo con ERC, comienza su tramitación en la Cámara Baja con la intención de que esté aprobado antes de que finalice el año. Es por ello por lo que además se solicitó su tramitación por el procedimiento de urgencia.

La toma en consideración de la reforma del Código Penal ha recibido el aval de una amplia mayoría parlamentaria (187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones), que abarca grupos de diferentes espectros ideológicos, y tras una larga votación por llamamiento que ha finalizado ya en la madrugada del viernes. Y es que, esta forma de voto fue solicitada por el PP para "retratar" a los diputados del PSOE en el marco de su última estrategia de señalamiento, que intentaba buscar el transfuguismo entre los de Pedro Sánchez.

No ha sido así. De hecho, la primera diputada socialista en pronunciar el sí desde su escaño, Inmaculada Oria, ha señalado: "Aquí estamos todas las y los socialistas juntos, sin fisuras", mientras que el resto de sus compañeros se han puesto de pie para "mostrar la unidad del grupo socialista, a pesar de los señalamientos vividos en los últimos días", ha añadido más tarde el partido en un comunicado. 

Durante el debate de la norma, que comenzó cerca de las 22 horas después de una larga jornada de Presupuestos, los representantes de los grupos proponentes han puesto en valor la reforma, una "actualización ligada a los cambios sociales", como ha señalado el diputado socialista Francisco Aranda, y una "victoria de la democracia", como ha insistido el presidente del grupo morado, Jaume Asens.

Con un tono más elevado de lo habitual por los ataques del PP a la reforma (y de Cs y Vox), que achaca la derogación de la sedición al "pago del Gobierno al independentismo catalán con la ley de todos y a cambio de la igualdad de todos los españoles ante la ley", como ha señalado la portavoz popular, Cuca Gamarra, ambos parlamentarios han criticado el uso partidista de la derecha sobre el conflicto político en Catalunya.

En este sentido, Aranda ha destacado que, desde la llegada de Sánchez a la Moncloa en 2018, "los catalanes están cada vez menos interesados en la independencia, se ha rebajado la tensión política y social, y el principal eje compartido es la convivencia". "Con vosotros, confrontación y pasado; con nosotros, convivencia y futuro", ha remachado.

Asens también ha hecho referencia a esto último, añadiendo que la medida es "un paso importante para desjudicializar el conflicto político catalán, una exigencia de la mayoría social catalana que quiere pasar página". Pero también ha hecho énfasis en lo que supone la reforma del Código Penal, pues el delito de sedición, redactado en 1892, es una "reliquia del pasado llena de polvo", una "anomalía inconstitucional", "no se ajusta a los estándares" de los países europeos y, por último, constituye "una amenaza al derecho de protesta y al de manifestación".

En cuanto a este punto, ha desmentido las críticas vertidas por el sector independentista contrario a la reforma, liderado por Junts y la ANC, que también secundan juristas y colectivos sociales (se considera que la nueva redacción del delito de desórdenes públicos pone en riesgo la desobediencia pacífica). "Venimos de los movimientos sociales, llevamos décadas trabajando en los movimientos antirrepresivos, por lo que debemos tener memoria", ha apostillado Asens.

Lo cierto es que, aunque la medida también se ha valorado positivamente por parte del PNV, PDeCAT, EH Bildu, Más País o Compromís al caminar "en la buena dirección", varios portavoces han compartido los riesgos traslados por los movimientos sociales y han avisado de que estarán pendientes durante la tramitación de la norma para no dar margen a la "interpretación torcedera de los jueces", como ha defendido el diputado de la coalición abertzale, Jon Iñarritu. Esto es, que la nueva ley no afecte al derecho a la protesta pacífica y no recorte ningún derecho.

Un asunto que ha pasado casi desapercibido es la posible reforma de la malversación, que ERC puso encima de la mesa para diseccionarlo dentro de la derogación del delito de sedición. Ni los republicanos ni otras fuerzas favorables a esta reforma han hecho mención al delito de malversación toda vez que ERC ha aparcado esta cuestión, al menos por ahora, al tratarse de un tema complejo.

Cuca Gamarra sí lo ha sacado a relucir, aunque las quejas de la bancada de la derecha se han centrado en Pedro Sánchez, a quien acusan de "desmantelar el Estado", y a los socialistas, que "romperán con la palabra que les dieron a sus votantes, traicionando la confianza que depositaron en cada uno" de ellos. Los representantes de Vox y Cs han seguido la misma estela. Pero su oposición a la norma no ha impedido que se abra paso en la Cámara Baja.