HaciendaLos grandes ayuntamientos recelan de la oferta de Montoro, que no acaba con sus reivindicaciones históricas

Tras una legislatura llena de agravios, el pasado lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, enterraba el hacha de guerra que mantenía sobre las corporaciones locales. Recogiendo el ultimátum lanzado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de su presidente y también alcalde de Vigo, Abel Caballero, Montoro anunciaba el desbloqueo del superávit registrado por los ayuntamientos que mantenía bloqueado por los requisitos de la Ley Estabilidad Presupuestaria. El margen de beneficios que acumulan las corporaciones locales se estima en unos 5.000 millones en 2017, llegando a acumular una cifra de 31.000 millones en el último lustro.

Los grandes ayuntamientos, sin embargo, recelan del anuncio del titular de Hacienda, que no da satisfacción a sus princpales reivindiaciones, y consideran que todavía se encuentran maniatados para poder gestionar su dinero.

El anuncio no supone una novedad importante respecto a lo que venía ocurriendo en los pasados ejercicios, con la peculiaridad de que este permiso se concedía una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado. El retraso en la aprobación de los mismos, que como pronto no se espera hasta verano, suponía una merma para los municipios en una situación “agónica e insostenible de financiación y gasto, mucho peor que hace casi tres años, cuando se inició el actual mandato local” –según manifestaba el presidente de la FEMP en un comunicado-.

Donde sí incide el decreto ley anunciado por el ministro es en el catálogo de inversiones financieramente sostenibles que contemplaba la llamada Ley Montoro. De acuerdo a la normativa, las corporaciones locales cuya liquidación presupuestaria haya dado como resultado un superávit deberán priorizar el pago de la deuda a los acreedores y a las obligaciones pendientes de pago con proveedores. Una vez se cumplan esos requisitos, los ayuntamientos podrán destinar los beneficios restantes a inversiones con un período de vida útil superior a cinco años.

Este corsé que mantiene maniatada la capacidad de decisión de los consistorios se ha visto traducido en la vigilancia constante de Montoro a las cuentas locales, sin importar la envergadura del ayuntamiento. La capital del Estado y ciudad con mayor número de habitantes ha sido el principal instrumento de las políticas de austeridad implantadas por el Partido Popular. La misma semana en que la oposición en el Congreso aprobaba la flexibilización de la regla de techo de gasto, el ministro de Hacienda obligó a la reelaboración del Plan Económico y Financiero (PEF) del Ayuntamiento de Madrid elaborado por el concejal Carlos Sánchez Mato. Como resultado, la alcaldesa madrileña destituyó al encargado del área de Economía aprobando el PEF deseado por Montoro con el único apoyo del PP.

El propio Sánchez Mato no ocultaba su oposición a la Ley Montoro y su intento de hacer una reinterpretación de las “inversiones financieramente sostenibles”. A pesar de ello, el ayuntamiento ha acabado 2017 con un superávit de 1.120 millones, mientras otros municipios como Jaén o Parla incumplen sistemáticamente la regla de gasto y no son sancionados.

Enmienda a la totalidad contra la Ley Montoro

Después de esta disputa que marcó el final del año pasado, el presidente de la FEMP arranca ahora a Montoro el compromiso de flexibilizar el techo de gasto y de ampliar el abanico de inversiones de los ayuntamientos con superávit, contemplando infraestructuras educativas, sociales, culturales, deportivas, de seguridad, vehículos para protección civil y mobiliario.

La “satisfacción vigilante” de Abel Caballero con la medida de Hacienda, o de otros alcaldes socialistas como Juan Espadas (Sevilla) y Óscar Puente (Valladolid), contrasta con la insatisfacción manifestada por grandes consistorios, como los de Barcelona, Zaragoza, Santiago, Coruña o Cádiz.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona critican la medida por ser muy similar a lo que recoge cada año la Ley de Presupuestos: “No se plantea superar la limitación que supone la regla de gasto, sino que continúa obligando a tener superávit para luego flexibilizar criterios al año siguiente. Nuestra enmienda es a la totalidad de la filosofía de la Ley Montoro. Exigimos, como administración solvente, poder disponer de todos los recursos disponibles para atender las necesidades de nuestros ciudadanos”. En su caso, este anuncio no afectará a Barcelona con un PEF para 2018 que refleja un mínimo margen de superávit.

La asfixia propiciada por Hacienda ha provocado que las corporaciones tengan que hacer maniobras con la ley. Unos ayuntamientos optando por minimizar el superávit que quedaba en caja, ante el temor de que no pudiera ser utilizado posteriormente; y otros como Madrid optando por la vía de amortización de deuda ante la incapacidad de destinar ese dinero a las inversiones deseadas. A la salida de la cumbre de alcaldes celebrada el martes, Manuela Carmena cargó con dureza contra las políticas del Gobierno: “En el caso de Madrid, son 1.120 millones de remanente que podrían destinarse a cubrir las necesidades sociales y a fomentar el desarrollo de la ciudad. No hacerlo implicaría un frenazo para esa dinamización. Dejar el dinero en las arcas es la política más deleznable de manos muertas”.

Mientras tanto, el delegado de Economía Jorge García Castaño no se sumó al bloque de oposición a la medida al calificarla como “una grandísima noticia y un salto cualitativo para los municipios de este país”.

En el mismo sentido se ha expresado Fernando Rivarés, consejero de Economía de Zaragoza, que ha exigido que se respete la autonomía local y que los ayuntamientos dejen de estar tutelados por Montoro. Para el consistorio zaragozano, aún quedan problemas serios por abordar, como el impuesto de plusvalía: “No parece que vaya a haber compensación por la plusvalía que los ayuntamientos han dejado de ingresar. Este impuesto es una fuente importante de financiación municipal que se ha visto disminuida notablemente a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló el cobro en caso de que no haya habido incremento de valor en la venta. El Gobierno central no ha aclarado todavía qué administración debe asumir las devoluciones millonarias que se están solicitando y que pueden afectar gravemente a las arcas municipales”.

El Ayuntamiento de Coruña ha ido más lejos en su respuesta, presentando en la tarde del miércoles una moción en el pleno municipal, instando al Gobierno a derogar la regla de gasto y a suprimir la tasa de reposición de personal, “para recuperar el empleo público y derechos retributivos perdidos en los últimos años, los servicios externalizados y mejorar la calidad”. Según la FEMP, el sector público local ha perdido en los últimos cuatro años 100.000 empleos, tantos efectivos como el conjunto de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

La tasa de reposición de efectivos, que llegó a ser de cero en los años más críticos de los recortes, ha impedido la incorporación de los trabajadores en los servicios públicos remunicipalizados y la recuperación –en muchos casos- de la gestión pública.

En declaraciones a este medio, María Rozas, concejala de Economía de Santiago, señala que las necesidades del Ayuntamiento de Santiago no pasan por ejecutar más inversiones estériles que no cambian la realidad de la ciudad: “Se puede dar el caso de que se mejore una infraestructura deportiva, pero no tenga personal para esa instalación. Es muy difícil explicar al vecino que tenemos un superávit de varios millones de euros, pero que no lo podemos destinar a necesidades como la limpieza viaria o que el ayuntamiento tenga más trabajadores sociales para dar mayor atención a las personas. No podemos, a pesar de tener resultados positivos, y seguiremos sin poder”.

“Estamos sometidos a un abuso de poder porque estamos maquillando el déficit del Estado y las comunidades autónomas, pero no nos dejan ninguna posibilidad a quienes cumplimos de dar respuesta a nuestras necesidades. Es una cuestión ideológica y nos está obligando a los ayuntamientos a desmantelar los servicios del ayuntamiento. Es incongruente que sí podamos gastar para externalizar un servicio, pero no para contratar personal por culpa de la tasa de reposición. La brigada de vías y obras desapareció porque no podíamos contratar personal en una ciudad de 100.000 habitantes”, denuncia María Rozas.

Las cifras oficiales para el tercer semestre del 2017 avalan las tesis de la concejala de Santiago, con un superávit del 0,51% del PIB registrado por las corporaciones locales, mientras que el Estado (incluyendo los fondos de Seguridad Social) registra un déficit del 2,06%.