El Gobierno de Pedro Sánchez discute con la Junta de Andalucía nada menos que 42 artículos de la Ley del Suelo de Juanma Moreno, que tiene 176, un 23% del texto. Ambas administraciones han activado un grupo de trabajo, que se reunirá este mes de abril, para ver si se pueden resolver las discrepancias sobre esas disposiciones.

Este es un paso previsto en la ley que evita, de forma momentánea, un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno. El Tribunal Constitucional, según recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ha sido informado de la creación de esta mesa.

Esta norma, estratégica para el Gobierno andaluz, es, según sus críticos, una oda al ladrillo y a un modelo superado: elimina los límites al crecimiento de los municipios y permite construir prácticamente cualquier cosa en cualquier sitio, según han denunciado las organizaciones ecologistas y los sindicatos de clase.

Sin embargo, el PSOE andaluz, que dirige Juan Espadas (al igual que hizo después con la tramitación de la "amnistía", en palabras de WWFF, a los regadíos ilegales en el entorno del espacio natural de Doñana que promueven PP, Ciudadanos y Vox), se abstuvo, aunque no servía para nada, porque la ley quedó aprobada con la mayoría parlamentaria de PP, Ciudadanos y Vox. Unidas Podemos sí está frontalmente en contra de la norma y ya ha presentado un recurso contra la misma ante el Tribunal Constitucional.

Dudas

El artículo 33.2 de la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional da al presidente del Gobierno nueve meses de plazo para presentar un recurso si, "con la finalidad de evitar" su interposición se reúne "la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma", como ha sucedido en este caso. La ley entró en vigor el Los trabajos entre la Junta y el Gobierno, según la ley del TC, pueden dar lugar a la "modificación del texto normativo".

La Consejería de Fomento, que dirige Marifrán Carazo (PP) considera que "con esta reunión se aclararán las dudas del Estado, puesto que las discrepancias planteadas van a ser aclaradas en el seno de la comisión bilateral".

En Fomento, según las fuentes consultadas por Público, consideran –a pesar de que lo que cuestiona el Gobierno es casi un cuarto de todo el articulado, entre ellos artículos fundamentales y ya cuestionados por Unidas Podemos– que "las discrepancias, en todo caso, no afectan al contenido principal de la norma". La Consejería de Fomento sigue con la elaboración del reglamento de la ley, que ejecuta la norma y que está previsto que se apruebe antes del verano.

Los propios juristas de la Junta ya expresaron dudas sobre la constitucionalidad de algunas disposiciones, que el Gobierno andaluz ignoró.