El PP ha acaparado todos los focos con sus golpes de timón sobre la actualización de las pensiones en base al IPC, y ha logrado que algunas de las otras medidas que plantea en esta materia queden en un conveniente segundo plano. Una de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular a su propio Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 plantea eliminar la cuantía mínima de las pensiones por incapacidad permanente total, como se desprende del texto al que ha tenido acceso Público.

Y, como alertan desde la oposición, esto supondría acabar con el suelo de estas prestaciones, para que en adelante el Gobierno no tenga que atenerse a un mínimo marcado por la ley; esto abre la puerta a un posible recorte de estas pensiones, que perciben un 6,4% del total de beneficiarios del sistema.

En concreto, a través de esta enmienda el PP pretende modificar el artículo 196 de la Ley General de la Seguridad Social. La norma establece hoy que la cuantía de la pensión de incapacidad permanente total "no podrá resultar inferior al 55% de la base mínima de cotización para mayores de dieciocho años"; esto es, un 55% del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 735,9 euros mensuales en 14 pagas.

En su lugar, el Partido Popular plantea establecer cada año este mínimo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que de facto dejaría al gobierno en cuestión con las manos libres para reducir estas prestaciones, independientemente de que los precios o el salario mínimo subiesen.

De hecho, la enmienda es muy clara en este sentido, y justifica este cambio "a la vista de los importantes incrementos sufridos en los últimos ejercicios económicos por el Salario Mínimo Interprofesional".

"Se hace necesaria esta modificación, dado que estas cuantías mínimas están creciendo en mayor proporción que el resto de cuantías mínimas de pensión establecidas en nuestro sistema de Seguridad Social, lo que puede generar desigualdades en el trato a los beneficiarios de pensiones de menores importes", argumenta el texto.

Esta enmienda sigue así la línea de actuación del PP en materia de pensiones; los incrementos aprobados finalmente para 2018 y 2019, gracias a la presión en las calles, son excepcionales, como recoge la enmienda de PP y PNV en esta materia. El aumento se da en víspera de dos años electorales, y con el PP sintiendo la presión de Ciudadanos, recogida por todas las encuestas, también el CIS.

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en abril 560.165 personas han cobrado una pensión de incapacidad permanente total. De ellas, 304.272 percibieron una media de 625,12 euros al mes, mientras que 255.893 se embolsaron 917,68 euros de media. En España hay 8.715.347 pensionistas, y se pagan un total de 9.592.024 prestaciones (es posible cobrar más de una).

Por su parte, el Partido Popular no ha respondido a la petición de información cursada por este diario.

Díaz: "Es un recorte que tendrá mucho impacto"

Distintos grupos de la oposición alertan del impacto que tendrá esta modificación en las pensiones de incapacidad permanente total, en el caso de que el PP logre que esta enmienda se apruebe. "Es un recorte", explica Yolanda Díaz, diputada de En Marea -dentro del Grupo Confederal Unidos Podemos-, portavoz en la Comisión de Economía, y vocal en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. Díaz alerta de que esta modificación, que permite "fijar de forma arbitraria en los PGE", la cuantía de estas pensiones cada año, "tendrá mucho impacto".

Critica también la forma en la que el Partido Popular efectúa este "recorte en materia de protección social", en referencia a la utilización de los PGE, y no a la ley correspondiente: "Es legal hacerlo, pero no es correcto. Lo correcto es que cuando se quiera hacer un cambio de este tipo, se haga con luz y taquígrafos, modificando la Ley General de la Seguridad Social". "Lo que están haciendo es cambiar aspectos que tienen que ver con la legislación en seguridad social. No es serio", apostilla, preguntándose si el PNV estará de acuerdo con este nuevo "recorte".

"Es una barbaridad", asevera a este diario Ignasi Candela, diputado de Compromís y portavoz adjunto del Grupo Mixto en la Comisión Pacto de Toledo. "Es dejar de concebir como un derecho esa pensión, para pasar a concebirla en función de lo que los Presupuestos de turno pueda acordar, en función del mercadeo de los PGE".

Candela coincide con Díaz en que, al volar el vínculo con la base de cotización, "se resta seguridad a los que vayan a cobrar esa pensión". "Es un paso más del Gobierno en romper por la vía de los hechos el Pacto de Toledo, y de paso sembrar la idea de que si hay dinero habrá derechos. Si no, no", apostilla.

Por su parte, fuentes del PSOE han reconocido cierta inquietud ante esta enmienda, si bien no han realizado una valoración más exhaustiva a este diario.