Consejo de MinistrosEl Gobierno prorrogará hasta mayo los contratos de alquiler que expiren durante la pandemia y las moratorias hipotecarias

El Consejo de Ministros de este martes dará luz verde a la prórroga hasta mayo de dos de las últimas medidas del denominado escudo social que el Gobierno puso en marcha para afrontar las consecuencias económicas y sociales del coronavirus. Se trata de la ampliación de una serie de medidas que ya se habían prorrogado en el mes de septiembre del pasado año y que expiraban el próximo 31 de enero.

En concreto, el Ejecutivo aprobará la prórroga de los contratos de alquiler que expiren entre el 31 de enero y el mes de mayo, cuando está previsto que decaiga el estado de alarma. Los arrendatarios podrán acogerse a esta prórroga extraordinaria siempre y cuando el propietario, que debe ser una persona física, no reclame la vivienda para sí.

También se extiende hasta mayo de 2021 la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta (reestructuración o aplazamiento de la deuda), cuando el arrendador sea un gran tenedor de vivienda o una entidad pública. 

Además de estas dos medidas, que se aprobarán en el próximo Consejo de Ministros, está previsto que en futuras reuniones también se apruebe la prórroga hasta el mes de mayo de las moratorias de hipotecas y de créditos al consumo.

Estas medidas son fruto del acuerdo alcanzado entre las dos formaciones que sostienen al Ejecutivo, el PSOE y Unidas Podemos. Según fuentes de la formación morada, en las últimas semanas han tenido lugar intensas negociaciones para abordar la prórroga de las medidas del escudo social que quedaban pendientes de ampliación y cuyo efecto expiraba el próximo domingo, 31 de enero.

Desahucios y cortes de suministros

Este acuerdo, además, llega después del pacto cerrado entre los de Pedro Sánchez y los de Pablo Iglesias para ampliar dos de las medidas más relevantes del denominado escudo social: la prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros básicos a familias vulnerables.

También esas negociaciones fueron intensas y llegaron a generar situaciones de conflicto entre algunos ministros socialistas y la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. Finalmente las medidas se prorrogaron y en el caso de la prohibición de los desahucios ampliaron su cobertura, al incluir como beneficiarias de esta medida a todas las familias en situación de vulnerabilidad (debidamente acreditada) aunque esta situación de derivara directamente de las consecuencias de la pandemia de la covid-19.

Fuentes de Unidas Podemos consideran que estas medidas eran absolutamente necesarias para garantizar el derecho a la vivienda durante el estado de alarma y que "hubiera sido incongruente pedir a la población que procure evitar desplazamientos y reuniones, incluso con confinamientos perimetrales, sin asegurar que toda la ciudadanía cuenta con un hogar".