El Gobierno ha presentado este miércoles en el Congreso el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, dando comienzo a su tramitación parlamentaria. Las cuentas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez confía en sacar adelante para que entren en vigor el 1 de enero del próximo año son "necesarias, objetivas y beneficiosas para el conjunto de la sociedad", unos números que "permitirán dejar atrás la pandemia y consolidar una recuperación justa", tal como ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el acto institucional celebrado en la Cámara Baja.

Con este proyecto presupuestario, el Gobierno se compromete a mantener el techo de gasto en "máximos históricos" (196.142 millones de euros), toda vez que reducirá el déficit a la mitad en solo dos años y la deuda experimentará una caída de cuatro puntos en solo un año. Asimismo, incluye como refuerzo la inyección de 27.633 millones de euros procedentes de los fondos europeos. 

El Gobierno, tal como explicó la semana pasada con la aprobación del texto legislativo en el Consejo de Ministros, pone el foco en los problemas que tienen una mayor incidencia en la juventud, como el paro o la vivienda. En este sentido, las cuentas públicas contempla partidas por 12.250 millones de euros para el segmento de población más joven, prácticamente el doble que en 2021.

Así pues, en materia de vivienda, se incrementa la dotación un 46% hasta los 3.295 millones, cifra en la que se incluyen los 500 millones de euros destinados a incrementar la oferta de vivienda en arrendamiento a precio asequible y los 200 millones para el bono joven para el alquiler anunciado por el presidente del Gobierno.

En cuanto al empleo juvenil, el proyecto de ley incorpora las inversiones en mejorar la capacitación de los estudiantes, con una partida en Educación que supera por primera vez los 5.000 millones de euros, el 44% del mismo (2.199 millones) será destinado a becas. Asimismo, a estas se unen las que pondrá en marcha el Ministerio de Justicia para los aspirantes a la judicatura, la fiscalía, la abogacía del Estado o la Administración de Justicia.

Otro de los retos destacados por el Ejecutivo es la mejora de la productividad, la competitividad y el tamaño de las empresas. Para ello, los PGE contemplan una inversión pública de 40.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,6% interanual. También, las cuentas públicas incluyen la "mayor partida de la historia" en Investigación, Desarrollo e Innovación con la previsión de inyectar más de 13 millones, casi el doble que hace dos años.

Las cuentas públicas contemplan un aumento del 23,3% para el gasto en dependencia. Además, tal como ha destacado Montero, Sanidad tendrá el triple de recursos para atención primaria, salud bucodental o salud mental. Por otro lado, para combatir la despoblación, se destinarán más de 4.000 millones en proyectos de movilidad rural, programas de mejora energética y fomento de energías limpias, entre otras cuestiones.

Tal como avanzó la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una entrevista a Público, este departamento supera por primera vez los 500 millones, un 14% más de recursos. En esta línea, se transferirán 190 millones a las CCAA para el Plan Corresponsables (fomentarla conciliación) mientras que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género supera los 200 millones.

Las CCAA recibirán más de 126.000 millones de euros al sumar el sistema de financiación, los fondos europeos y los recursos extraordinarios que compensarán las liquidaciones negativas de 2020 y la pérdida de ingresos. "La gobernanza que iniciamos el año pasado se refleja también en los Presupuesto", ha aseverado la titular de Hacienda.

Tras una tensa negociación en el seno del Gobierno, las cuentas públicas incluyen tres medidas tributarias: el tipo mínimo del 15% en Sociedades, las modificaciones de los tipos máximos de reducción por aportaciones a planes de pensiones individuales y de empleo, y la prórroga de los límites vigentes para tributar por módulos en el IRPF y en el IVA. El efecto recaudatorio de las dos primeras medidas será de 498 millones de euros, mientras que la tercera beneficiará a 62.905 declarantes del IRPF y a 73.935 contribuyentes del IVA, que ahorrarán 114,7 millones de euros.