El Gobierno ha pedido al Hermano Mayor de la Hermandad de La Macarena que exhume y traslade los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra y de Francisco Bohórquez Vecina en "la mayor brevedad posible". El Ejecutivo ha enviado una carta a la orden religiosa a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

En la misiva se recuerda que Queipo de Llano fue dirigente de la sublevación de 1936 y "responsable de la represión en Andalucía" en fechas posteriores mientras que Bohórquez Vecina fue auditor de guerra y responsable de la ejecución de sentencias de muerte. Los restos del primero llevan enterrados en la Basílica de la Esperanza Macarena en Sevilla desde 1951.

Por ello, el Gobierno ha defendido que "es obligado poner fin a esta situación" y ha recrodado que el artículo 38.3 de la ley establece que "los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra o la dictadura". 

La Secretaría de Estado en esta materia, en manos de Fernando Martínez López, ha añadido que la norma también recoge que "cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos".

Respuesta de la hermandad

Ante el requerimiento del Ejecutivo, la hermandad ha respondido que tiene la voluntad de "cumplir escrupulosamente" la legislación respecto a la exhumación de Queipo de Llano, "en virtud de su respeto a las leyes de un Estado democrático".

Así lo ha expresado el hermano mayor de la corporación, José Antonio Fernández Cabrero, en una carta dirigida al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, en respuesta a una misiva suya, a la que define como "primera comunicación oficial que esta corporación recibe al respecto de este particular".

"En su afán por cumplir escrupulosamente la ley la Hermandad ya había realizado determinadas acciones para tal fin, que serán completadas a partir de ahora con las oportunas que se desprendan de esta comunicación de la Secretaría de Estado y que le permitan llevar a efecto lo legalmente establecido".

La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre, incorpora "el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978".