El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que las razones para la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, son "exclusivamente personales", al tiempo que ha considerado que es "pronto" para hablar de quién le relevará en el cargo.

"El señor Torres-Dulce ha dimitido por razones exclusivamente personales, que yo respeto, como es natural, porque las razones personales siempre son respetables", ha declarado Rajoy a la prensa en Bruselas, a donde ha viajado para participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Preguntado por las críticas del PSOE que acusan al Gobierno de haber "hecho dimitir" al fiscal general, Rajoy ha lamentado que "pase lo que pase y suceda lo que suceda, la posición del PSOE siempre es la misma: 'la culpa es del Gobierno'". "No voy a perder un minuto sobre ese tema", ha añadido.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha sumado al discurso del Gobierno negando las presiones sobre Torres-Dulce. El propio Fiscal General del Estado "es el primero que ha reiterado la ausencia de injerencias" en su trabajo, sostiene Catalá, por lo que ha negado que su renuncia se deba a que el Gobierno se haya inmiscuido en su trabajo.

La oposición reclama explicaciones

Las reacciones de los grupos de la oposición no se han hecho esperar.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha culpado al presidente del Gobierno de "presionar" a Eduardo Torres-Dulce y de "forzar la dimisión" como fiscal general del Estado.

"La situación es inaceptable desde el punto de vista democrático. No es posible que el presidente y el Gobierno, por miedo, hayan hecho dimitir a un fiscal independiente que ha estado haciendo bien su trabajo", ha añadido Hernando.

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha pedido a Mariano Rajoy que de explicaciones en el Congreso acerca de la dimisión de Torres-Dulce.

Desde CiU apuntan al 9-N como uno de los principales puntos de desencuentro entre Torres-Dulce y el Gobierno. Su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha afirmado hoy que la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, es fruto de las "desavenencias" con el Gobierno.

"La dimisión es fruto de las desavenencias que ha habido entre el Gobierno y el hasta ahora fiscal, que se pusieron de relieve en todo lo que hace referencia al desarrollo de las consecuencias jurídicas del proceso de participación del 9 de noviembre en Catalunya", ha concluido el portavoz de CiU.

La "mejor prueba de las desavenencias", según Duran i Lleida, es que mientras el Gobierno anunciaba la interposición de una querella por la consulta del 9N a través de la presidenta del PP Catalán, Alicia Sánchez-Camacho, el fiscal pospuso su presentación.

El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, va en una línea similar a la de CiU al asegurar que a nadie "se le escapa que la no utilización de la Fiscalía en el 9N y la actuación como abogado defensor encubierto del fiscal del caso de la infanta al final ha acabado con esta dimisión", ha opinado Rivera en declaraciones a los medios en los pasillos del Parlament.

Para el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, la dimisión del fiscal general del Estado tiene que ver con las presiones del PP y del Gobierno para garantizar la "impunidad" de sus cargos afectados por la corrupción, aunque ha asegurado que Eduardo Torres-Dulce se ha plegado casi siempre a los deseos del PP.

Según el diputado de ERC Joan Tardá, al fiscal "no le perdonan" que no hiciera el trabajo "sucio" de parar la consulta soberanista en Cataluña, pero ha advertido de que ni el fiscal que sustituya a Torres-Dulce ni tampoco el presidente, Mariano Rajoy, podrán parar la voluntad del pueblo catalán.

Joan Coscubiela, de ICV, ha señalado que al PP le molesta la democracia y ha advertido de que o bien la ciudadanía, con su voto, acaba con el PP "o el PP acaba con la democracia".

Desde Amaiur, Iker Urbina ha dicho que Torres-Dulce es el "primer damnificado" por el debate soberanista y se ve que el Gobierno está dispuesto a hacer "cualquier cosa" para conseguir sus objetivos como presionar al Tribunal Supremo y al fiscal general del Estado