El río Osia, una de las últimas corrientes salvajes del Pirineo, que recorre 16 agrestes kilómetros por el extremo noroccidental de Aragón como tributario del Subordán y dentro de la malla de afluentes que nutre la corriente que da nombre al país, se está convirtiendo en un caso paradigmático de desprotección del medio: tras acabar siendo suprimido del listado de los escasos ríos no alterados por la mano del hombre que en los planes hidrológicos de 2008 y de 2013 iban a ser protegidos como reservas fluviales, un tramo de su cauce lleva ya casi dos años fuera de lugar como consecuencia de las obras de reforma de una carretera, que han dejado en la zona una mole de 770 metros cúbicos de gravas que "sobraron" tras los movimientos de tierras que conllevó esa actuación.

Esos trabajos, ejecutados por la Subdirección General de Carreteras de Huesca, dependiente de la Consejería de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, fueron realizados "sin autorización" de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica) y "han supuesto una importante degradación del río Osia y su entorno, suponiendo claramente una actuación desproporcionada para el fin que se pretendía conseguir", concluye la resolución por la que el organismo de cuenca le impone a Carreteras una sanción de 850.024 euros como presunta responsable de una falta muy grave y le da un plazo de cuatro meses para que acometa la restauración de la zona que, de no cumplir, conllevará una indemnización de 255.007 euros.

La suma de ambas cantidades supera los 1,1 millones de euros, una cifra inusualmente elevada para lo que suelen ser las sanciones entre administraciones públicas por las alteraciones del medio.

La CHE, que considera que "el carácter urgente de los trabajos no justifica la envergadura de la actuación realizada ni exime al promotor de las obras de obtener la correspondiente autorización/conformidad" previa y que destaca que Carreteras "caso omiso al requerimiento" que la Comisaría de Aguas le remitió en agosto para que iniciara la restauración, reabrió el expediente sancionador a finales de abril, después de que la Fiscalía de Huesca descartara la existencia de infracciones penales en la ejecución de las obras, ubicadas "en el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) denominado Mancomunidad de Los Valles, Fago, Aísa y Borau".

"Se hizo con todas las autorizaciones"

Los motivos de la sanción consisten, según el expediente al que ha tenido acceso Público, en la ejecución de las obras "sin la previa y preceptiva autorización" de la CHE sobre un tramo de 625 metros en el que han sido anulados dos ramales del río y ampliado un tercero "con modificación de firme y forma del cauce".

Eso incluyó "la extracción de sedimentos" y su compactación en el lecho del río, el relleno del cauce principal y su nivelado con materiales sobre unos 390 metros de longitud y entre 10 y 15 metros de anchura y el estrechamiento del cauce natural, a lo que se suman la "construcción de una mota (o dique) de unos 300 metros de longitud y altura máxima de unos tres", con escollera en parte de ella y otro rebaje del lecho aguas abajo.

Esas actuaciones, tal y como muestran las imágenes incluidas en el expediente, suponen una notable alteración del cauce del río Osia a su paso por los términos de Aragüés del Puerto y de Jasa (Huesca), aunque el Gobierno de Aragón sostiene que la corriente "se ha vuelto a echar hacia donde discurría hace más de veinte años, y eso se ha hecho para proteger de las crecidas la carretera y una zona recreativa de Aragüés", explica Bizén Fuster, director general de Carreteras, que mantiene que tanto la CHE como el Inaga, el Instituto Aragonés de Garantía Ambiental, "autorizaron los trabajos".

"La CHE dio por buena la propuesta inicial, y la trasladó al Inaga, que dio el visto bueno", añade Fuster, que, tras anotar que la obra respondía a una actuación de urgencia tras quedar parcialmente inutilizada la carretera por un desprendimiento causado por una crecida a finales de 2019, adelanta que "vamos a pelear esa sanción en la vía administrativa, y en los tribunales si es necesario".

La restauración que sigue sin comenzar

Las organizaciones ecologistas, varias de las cuales promovieron la denuncia que ha acabado derivando en la propuesta de sanción, tienen una visión más que crítica de la actuación de las administraciones: "nadie fue allí antes de que terminara la obra, que es algo desproporcionado y sobre lo que el Inaga informó cuando ya estaba terminada", señala Olga Conde, de Ansar, que describe lo sucedido como "una cadena de malas actuaciones por todas las partes".

"No sabemos qué ha ocurrido, pero el deterioro del río es impresionante y ahora vamos a pagarlo entre todos. No se puede sentar este precedente. Al final perdemos todos porque las administraciones no han cumplido sus obligaciones de supervisión", añade Conde, que recuerda cómo las gravas sobrantes de la obra, que según el expediente rondan los 770 metros cúbicos, "siguen allí, en la carretera", y cómo los estudios de la CHE alertan del riesgo de erosión que presenta ahora una de las orillas y de la mayor exposición de otra zona a las crecidas.

"Hay que ser más diligente. Se trata de evitar los daños, pero ahora ya están hechos y, además, no es sencillo restaurar la dinámica fluvial de un río que han destrozado", anota.

Esa restauración sigue pendiente, aunque ya a finales de 2020 el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro (CHA), mostraba en una respuesta a una pregunta parlamentaria de IU la "firme voluntad" de su departamento para "cuidar la dinámica fluvial y la geomorfología del río". Un año después señalaba que "se está pendiente de acordar con la CHE los términos exactos en que la restitución debe llevarse a cabo" ya que esta "requiere de una cuidada ejecución a fin de no generar afecciones mayores a las iniciales".

"Las actuaciones han destruido totalmente el cauce natural del río Osia en un tramo muy superior al afectado", sostiene en su blog Alfredo Ollero, profesor titular de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Zaragoza y uno de los principales estudiosos de las dinámicas fluviales en España, que anota que, “al parecer, todos los materiales, y más que los necesarios, se han obtenido del cauce activo del río, destruyendo totalmente su geomorfología natural en varios centenares de metros".

La eventual restauración, añade, "deberá suponer la devolución de sedimentos al cauce para evitar futuros procesos de incisión, además de la adecuada reconstrucción de las morfologías naturales del cauce que existían antes de la actuación".