Montesblancos tenía un nombre: rodaba la ruleta y fluían cartas y billetes sobre los tapetes del blackjack y el bacarrá mientras sonaban disparos en un campo de tiro que llegó a acoger varios campeonatos de Europa y del mundo de tiro de pichón. Tenía tanto nombre que llegó a dárselo a lo que hoy es la Baja Monegros y que tiempo atrás era uno de los principales rallys del sur de Europa.

Eso era en los felices 80, cuando tras su apertura en 1978 el casino de la estepa zaragozana, situado sobre una colina de caliza estratégicamente localizada junto a la autopista de Barcelona en Alfajarín que ofrecía al trasiego de jugadores y buscavidas la discreción sin la que casi nunca circulan y la posibilidad de alojarse en un hotel apartado de núcleos urbanos, se convirtió en uno de los principales centros españoles del juego de azar, una actividad que floreció con la transición, atrayendo elites a los casinos y clases medias y bajas a los bingos y las tragaperras, antes de generar las prevalencias de ludopatía que causa ahora.

Y eso fue, también, muchos años antes de convertirse en una ruina de escombros tras una vertiginosa historia de menos de medio siglo que incluye como capítulos destacados una quiebra y un asesinato que sigue sin resolver antes de convertirse en un 'regalo envenenado' para el Gobierno de Aragón.

La comunidad sigue sin poder deshacerse del complejo cuando falta poco para que se cumplan 25 años desde que se quedó con él vía embargo para tratar de saldar una deuda de 973 millones de pesetas de la época (casi seis millones de euros) por el impago de las tasas del juego.

La zona edificada se encuentra hoy plagada de escombros, con los techos derruidos o cubiertos de vegetación y sin ningún material de mínimo valor en suelos y paredes, más allá del que tengan los grafitis que las cubren. Allí no queda rastro de cobre, aluminio, plomo ni hierro.

Salió a subasta por solo un cuarto de la deuda principal en 2014

"Es el único edificio de propiedad del Gobierno de Aragón por deudas tributarias", explican fuentes de la Consejería de Hacienda, que recuerdan cómo cuatro gobiernos distintos, los de Santiago Lanzuela, Marcelino Iglesias, Luisa Fernanda Rudi y Javier Lambán, han intentado enajenar la finca a lo largo de ocho legislaturas.

La comunidad acabará perdiendo dinero con este negocio. La última vez que salió a subasta, por 1,3 millones en 2014, nadie pujó por él. Un año antes había llegado a adjudicárselo por 1,5 un empresario barcelonés que al final, y tras intentar negociar sin éxito una rebaja, acabó por no cubrir los avales, con lo que la licitación quedó desierta. El último precio de salida ni siquiera cubría la cuarta parte del valor de la deuda tributaria inicial, sin incluir recargos, apremios ni intereses de demora.

"Por naturaleza y por ubicación no se ajusta a ninguno de los servicios que presta el Gobierno de Aragón", apuntan las mismas fuentes, que recuerdan cómo también fracasó el intento de alquilarlo tras unos meses de arriendo en 2002.

Llegó a sonar como posible ubicación para aquella sensacional patraña llamada Gran Scala, en la que un grupo de aventureros aseguraba impulsar un proyecto para construir 32 casinos, 70 hoteles y varios parques temáticos en la estepa aragonesa, pero, como casi todo lo relacionado con aquella idea, no salió adelante.

"El objetivo es darle una salida, pero es un edificio muy atípico. No obstante, sigue en el inventario de bienes de la comunidad autónoma para tratar de darle una salida", anotan.

La finca tiene una superficie de 300 hectáreas de tierra caliza en algunas de cuyas zonas se dan en ocasiones deslizamientos, unas características geológicas que reducen su atractivo.

La muerte del interventor

El Casino Montesblancos, según explica la Gran Enciclopedia Aragonesa, se fundó en 1978 con un capital inicial de 250 millones de pesetas (1,5 de euros) y con el empresario zaragozano José María Sánchez Ventura como principal accionista.

Tras un inicio boyante, la decadencia comenzó con los años 90, en los que se produjeron varios cambios de manos hasta que en 1996, con Alfonso Fuentes como principal accionista, la empresa se declaró insolvente y suspendió pagos con el Gobierno de Aragón, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social como principales acreedores.

La empresa acabaría vendida a una firma estadounidense, que negoció el traslado de la actividad al centro de la ciudad antes de traspasársela al gallego Grupo Comar, que gestiona otros ocho en España.

Apenas un año antes de esa venta, el 21 de noviembre de 1997, Javier López Aldea, el interventor nombrado por el juez que investigaba la suspensión de pagos para poner orden en las cuentas, moría asesinado a cuchilladas en el garaje de su casa unos días después de haber entregado en el juzgado un informe que apuntaba a la presunta existencia de irregularidades en la gestión del casino previa a la quiebra.

Todo apuntaba a una ejecución a manos de sicarios cuya autoría nunca llegó a ser oficialmente esclarecida. Ni lo será, ya que, al haber transcurrido más de veinte años desde el crimen, la posibilidad de ser encausado por él ha prescrito para cualquier persona que no hubiera sido encartada como sospechosa en las últimas dos décadas.

Hoy casi nadie anda por Montesblancos. Hace tiempo que el trasiego de jugadores, buscavidas y especímenes de la farándula y la noche esteparia se esfumó. Tanto, como para que en el agrietado asfalto de la carretera que servía de acceso crezcan arbustos y pinos que, como el resto de la vegetación que se expande por el lugar, van engullendo para la estepa lo que un día fue el casino de Zaragoza; el gran, y también el decadente, casino Montesblancos del que hoy ya queda poco más que su nombre. Y, junto a él, la deuda, los escombros y el crimen por resolver.