Cuatro meses después de que el Senado aprobara definitivamente la ley de vivienda, la limitación de precios de los alquileres sigue sin hacerse efectiva en la única comunidad que quiere aplicar la norma, Catalunya.

Este miércoles se han reunido en Madrid la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, durante casi cuatro horas para tratar diferentes cuestiones, entre ellas, la aplicación de la ley de vivienda.

La Generalitat de Catalunya ya presentó el 22 de agosto ante el Ministerio de Transportes "toda la documentación necesaria" para declarar sus áreas de precios tensionados, en las que puede aplicarse el límite a los precios de los alquileres. Catalunya ha señalado 140 municipios completos, entre ellos, toda la ciudad de Barcelona. En total, 6,2 millones de personas, un 80,6% de la población de Catalunya, vive en áreas de precios tensionados, según la Generalitat.

La ley contempla que, en estos municipios, los nuevos contratos de arrendamiento que se firmen no podrán superar los precios del anterior contrato. En caso de que el casero sea un gran tenedor (cinco o más viviendas), los precios de los nuevos contratos no deben superar el que marca el índice de referencia del precio de alquiler. El problema es que este índice aún no está listo. Y aquí llegan las fricciones y las diferentes interpretaciones por parte de ambas administraciones, un choque "más de aspectos técnicos que de voluntad política", aseguran fuentes del Ministerio a Público, que insisten en que son "los más interesados en que esta ley empiece a aplicarse cuanto antes".

Ni zonas tensionadas ni índice de precios

En un comunicado, el Ministerio asegura que la Generalitat "aún no ha remitido toda la documentación necesaria" para declarar zonas de precio tensionado. Según le ha recordado la ministra a la consellera catalana, deben enviar, junto con la declaración de zonas tensionadas, un plan específico con las medidas necesarias para corregir los desequilibrios y un calendario de aplicación. Por lo tanto, la zonas tensionadas aún siguen en el aire.

Por otro lado, el Ministerio se ha negado a homologar el índice de precios elaborado por la Generalitat, uno de los pocos territorios que cuenta con datos completos y que ya manejaba un índice propio cuando aplicó su propia regulación de vivienda.

Ya a comienzos del verano, el Govern pidió al Ministerio homologar su índice, ya que cuenta con datos precisos obtenidos del depósito de fianzas en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). Es "un índice actualizado, plenamente vigente y que podría aplicarse de forma inmediata", asegura la Generalitat. El uso de este índice aceleraría la aplicación de la ley y, a ojos de la Generalitat, no generaría desigualdades, ya que ningún otro territorio quiere o puede limitar los precios de las rentas.

Pero el Ministerio asegura que la ley es clara sobre este punto, que afecta solo a los grandes tenedores. Es el Instituto Nacional de Estadística (INE) el encargado de elaborar el índice de referencia homogeneizado en todo el Estado. El problema es que el plazo límite para que esté listo es diciembre de 2024.

"El Estado quiere un índice homogéneo mientras nosotros reclamamos que se aplique el catalán. En cualquier caso, el compromiso es disponer de este índice estatal y publicarlo de forma rápida", ha asegurado Capella. La consellera ha insistido en que "quien tiene la obligación principal de aplicar una ley que anunció a bombo y platillo es el Estado" y que la Generalitat hace todo el trabajo necesario para aplicarla de la forma más rápida posible.

"Los equipos técnicos del Ministerio y del Govern están manteniendo reuniones periódicas para poder avanzar en ambas cuestiones, con el objetivo de que se haga efectivo cuanto antes", asegura Transportes.

Una ley con más fricciones que acuerdos 

La ley de vivienda y, en especial, la limitación de los precios del alquiler han sido un elemento de fricción política durante toda la legislatura. El PSOE mostró grandes reticencias para sacar adelante una norma que rebajase por ley unos alquileres que se han disparado en los últimos años. Era lo que pedían Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y el movimiento por el derecho a la vivienda. Pero no hubo acuerdo hasta el pasado abril.

Finalmente, la ley salió adelante pero bastante descafeinada y en plena campaña para las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo (el texto se publicó en el BOE el día 25 de ese mes), cuando la vivienda se erigió como uno de los principales ejes de campaña para el PSOE.

A pesar de que la ley contó con los votos a favor de ERC, cuya portavoz llegó a presentarla en el Congreso, el Parlament de Catalunya ha acordado recurrirla ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Una decisión que ha contado con el visto bueno de ERC y de Junts, algo que ha sorprendido a la ministra de Transportes, y así se lo ha trasladado en el encuentro de este viernes.

No está claro cuando estará listo el índice de precios del INE ni si la Generalitat va a enviar la documentación que le reclama el Ministerio. Hasta entonces, en materia de precios del alquiler es como si la ley no existiera. El único límite actual al alza de precios solo se aplica en la revisión anual, que antes estaba vinculada al IPC. Ahora solo puede subir un 2% en 2023 y un 3% en 2024. A partir de 2025 tendrá que elaborarse un índice nuevo, siempre inferior al IPC.

Críticas del Sindicato de Inquilinas

Este choque entre Gobierno y Generalitat a cuenta de la ley de vivienda ha recibido las críticas del Sindicat de Llogateres de Catalunya, que acusa a Madrid de "bloquear" la limitación de precios. "¿Qué sentido tiene bloquear la regulación de precios en la única comunidad autónoma que quiere usarla?", se pregunta el colectivo. "¿Cómo puede ser que tengamos que esperar a un índice estatal, si en Catalunya ya tenemos un índice plenamente vigente y que ya se ha probado y funcionado correctamente?", añade.

Los activistas consideran este desencuentro un "incumplimiento flagrante" de los acuerdos entre el PSOE y el resto de partidos que aprobaron la ley de vivienda. Exigen a estas formaciones que no acuerden la investidura de Pedro Sánchez si no rectifica y facilita que los topes al alquiler estén vigentes.

"No estamos hablando de que bajen los precios, sino simplemente de que dejen de subir", apuntan fuentes del Sindicat, que señalan que los precios actuales "son los más altos de la historia" en Catalunya.

Según el portal inmobiliario Idealista, los alquileres marcaron otro récord en agosto, con una subida general de más del 9% respecto al año pasado. Balears (con 16,5 euros por metro cuadrado) es la región con el precio más caro, por encima de la Comunidad de Madrid (15,9 euros/m2) y Catalunya (15,6 euros/m2). Por ciudades, Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 19,4 euros/m2.