El Gobierno fija un mínimo de 50 años para ocultar los "altos secretos" de Estado

La nueva Ley de secretos oficiales que prepara el Gobierno empieza este lunes a dar sus primeros pasos. El Consejo de Ministros, el último antes del paréntesis veraniego, aprueba este lunes el anteproyecto, que incorpora cuatro categorías en función de la sensibilidad de la información, fija un mínimo de 50 años para guardar los "altos secretos" de Estado y otorga la responsabilidad de la información clasificada al Ministerio de la Presidencia. En la actualidad esa función está en manos del Ministerio de Defensa.

La nueva norma fija cuatro categorías de protección en la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría y, en algunos casos, podrían prorrogarse más allá, según fuentes de Moncloa. En concreto, los plazos para la desclasificación oscilan entre los 50 años para los altos secretos (la información que se considerará más sensible) y los cuatro años para la información restringida. La decisión final sobre si se lleva a cabo el desbloqueo de la información clasificada, estará siempre en manos del Consejo de Ministros, al menos la que cuenta con el grado más alto de protección.

Pedro Sánchez, en una conversación informal con los periodistas este pasado domingo al volver de su viaje oficial a los Balcanes, afirmó que la aprobación de ese proyecto y recalcó la relevancia de que vaya a sustituir a la ley vigente en la actualidad y que data de 1968.

Hasta ahora era Defensa la autoridad responsable de la información clasificada en España, pero el anteproyecto otorga ahora esta competencia al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a cuyo frente está ahora Félix Bolaños. Una decisión que el Ejecutivo señala que está también en línea con lo que ocurre en la gran mayoría de países de la UE y la OTAN porque se trata de un departamento transversal y de coordinación interministerial.

El hecho de que esta competencia deje de estar en manos de Defensa no ha provocado queja alguna de la ministra de este área, Margarita Robles, ya que, según Sánchez, ella misma le mostró su apoyo la semana pasada para que el texto previsto prosperara. De hecho, este anteproyecto de ley ha sido revisado por Robles, quien dio su visto bueno a las modificaciones que introduce, a pesar de que le resta competencias. Es más, según las fuentes consultadas, Robles le trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la nueva norma le gustaba. 

En concreto, la ley establece una Autoridad Nacional –que ahora recae en Presidencia– para la protección de la información clasificada, con competencias de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.

Respecto a la desclasificación de documentos secretos, la actual Ley de Secretos Oficiales, no establece como tal un procedimiento explícito para llevarla a cabo. Pero sí precisa en su artículo cuarto que la calificación de secreto o confidencial "corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor".

El 'caso Pegasus'

La aprobación de una nueva ley de secretos oficiales ha venido siendo reclamada desde hace años por diversos grupos políticos, y uno de los más activos en esa demanda ha sido el PNV.

Después de que su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban volviera a plantear la necesidad de esa ley en el pasado debate sobre el estado de la nación, Sánchez, en su contestación al dirigente vasco, avanzó que el anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales se aprobaría durante el mes de julio.

Previamente, Pedro Sánchez ya había anunciado que habría una nueva normativa el 26 de mayo, cuando también dio a conocer su plan de reformar la ley del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras la crisis surgida por el caso de espionaje político mediante el sistema Pegasus a dirigentes independentistas catalanes.

Sánchez ya señaló entonces que el objetivo de la nueva ley es adecuar al ordenamiento jurídico la desclasificación de documentos confidenciales y adaptarla a los estándares internacionales.

"Nos va a homologar a las democracias más avanzadas, cumpliendo con los requerimientos de la normativa de la UE y de la OTAN y con los tratados internacionales suscritos por nuestro país", destacó entonces el presidente del Gobierno.

En su conversación con los informadores en la gira balcánica, el presidente del Gobierno subrayó que confía que cuente con el respaldo de los grupos parlamentarios porque con la ley se va a sustituir a una aprobada antes del periodo democrático.