La reunión del pasado jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del Partido Popular (PP), Alberto Nuñez Feijóo, solo arrancó un tímido avance concreto. Más allá de una nueva etapa en la que aparentemente el tono usado por el dirigente gallego pueda variar respecto al mantenido por Pablo Casado, la cercanía entre ambos partidos sigue siendo una realidad. En este contexto, los llamamientos del Ejecutivo respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen siendo continuos. Moncloa espera los movimientos de Feijóo a la mayor prontitud para que el órgano de los jueces esté renovado antes del próximo 12 de junio. 

Desde Moncloa muestran una cierta comprensión con los tiempos que se ha dado el PP para elegir a los equipos que tratarán de desbloquear el CGPJ. Así lo indican fuentes gubernamentales a Público. Pero una semana después todavía no han recibido ninguna noticia sobre avances en este sentido. "Si pide tiempo para confeccionar los equipos negociadores, lo respetamos", señalan estas fuentes. Eso sí, el objetivo claro, tal y como ya adelantó el Gobierno la pasada semana, es que la renovación se produzca antes del 12 de junio. 

En ese calendario también debería entrar la parte que falta para renovar el Tribunal Constitucional (TC). Este órgano se renovó parcialmente el pasado mes de octubre, cuando la dirección que aún lideraba Casado pactó con el Gobierno desbloquear otros órganos como el Tribunal de Cuentas o la Agencia de Protección de Datos. 

Las razones de la elección de esta fecha, aparte de la necesidad de avanzar en un asunto enquistado desde hace más de tres años, tiene que ver con el vencimiento ese día de los 9 años de mandato de cuatro magistrados del TC. Para sustituir a esos magistrados, el Gobierno debería nombrar a dos de ellos y el CGPJ a otros dos. Pero este último órgano no puede, al estar en funciones, realizar nombramientos hasta que sea renovado. 

En todo caso, pese a esa comprensión mostrada por Moncloa en los tiempos, en el Gobierno presionan a los populares para que el asunto se acelere. Así lo señaló en rueda de prensa este martes la ministra de Justicia, Pilar Llop. "Es grave que el PP no quiera cumplir con la Constitución Española si dice que no es urgente abordar una cuestión de Estado como es la renovación del CPGJ", afirmó. Llop fue cuestionada por las declaraciones de Feijóo en las que consideraba que este asunto no era "prioritario". 

"Es una cuestión de Estado, está afectando a los ciudadanos y ciudadanos porque el CPOGJ nombra a magistrados. La no renovación, lo que está produciendo es un retraso de más de 1.000 asuntos al año que redunda en un perjuicio para la ciudadanía", apuntó también Llop. La ministra criticó que la estrategia del PP genera un "desprestigio institucional". 

Por su parte, tal y como publicó este medio, Feijóo confiará un papel importante en estas negociaciones a Esteban González Pons. El eurodiputado será una de las personas con más poder orgánico en el nuevo PP y se encargará de intentar reconstruir los puentes con el PSOE. Suyo será un cargo de nueva creación, llamado vicesecretaría de Relaciones Institucionales. 

Presión por el pacto con Vox

El sabor de boca del Gobierno tras la reunión con Feijóo es amargo. Por un lado, agradecen la cordialidad y el tono. Pero al mismo tiempo critican que el dirigente popular llevara "muy poca concreción" y "muchas generalidades" al encuentro con Sánchez. La reunión visibilizó la distancia entre el Ejecutivo y el PP en cuestiones económicas como la bajada generalizada de impuestos, con la que insiste desde hace semanas la oposición. 

El pacto de los populares con Vox en Castilla y León, además, ha enturbiado aún más las relaciones entre los dos partidos. Así se visibilizó este martes en la habitual rueda de prensa celebrada en Moncloa. Las elecciones en Francia han reavivado el debate sobre el cordón democrático a la extrema derecha, algo que parece lejano en estos momentos en España. 

A cambio de su apoyo para alcanzar el Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco accedió a tramitar una ley de "violencia intrafamiliar", y durante su investidura del lunes se utilizó en varias ocasiones este concepto. Para la ministra de Justicia, "hablar de violencia intrafamiliar pone en peligro los derechos de las mujeres y de los niños".