Ni reforma ni mucho menos derogación. La oportunidad para modificar la polémica ley mordaza impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 con el único aval del PP ha caído en saco roto este martes tras casi dos años de negociación, más de 50 reuniones del grupo de trabajo e importantes avances en otros muchos puntos del texto. 

Esta reforma ya había sido abordada en otras dos ocasiones, también a propuesta del PNV, pero la brevedad de una legislatura y el adelanto electoral de abril de 2019 echó por tierra el trabajo adelantado por los grupos en la Comisión de Interior hace dos legislaturas.

Esta legislatura, con la conformación del Gobierno de coalición y la existencia de una amplia mayoría progresista, supuso una fuente de esperanza para acabar con esta deuda pendiente, pero el texto en el que sus señorías han trabajado a lo largo del último año y medio se ha topado finalmente con el rechazo de ERC y EH Bildu en la comisión del ramo.

El no es estos partidos, junto al de Junts, sumado al del PP, Vox, Ciudadanos y UPN (Grupo Mixto) ha hecho caer el dictamen, que solo ha recibido el respaldo del PSOE, Unidas Podemos y el PNV. De esta manera, culmina sin éxito en este trámite parlamentario la andadura de la reforma. Y lo hace entre reproches de los grupos después de no haber alcanzado un acuerdo en esta materia.

El motivo por el que las izquierdas independentistas han votado en contra del dictamen se basa en la imposibilidad de que la reforma eliminara de forma expresa el uso de las pelotas de goma, prohibiera las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera y desactivara las faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4) y el delito de desobediencia (36.6).

Estos dos últimos preceptos son el "cajón de sastre" que han usado los agentes para multar "sin control", según ha explicado la portavoz de ERC en la Comisión de Interior del Congreso, María Carvalho Dantas, sobre dos de los artículos más usados para sancionar bajo el paraguas de la ley mordaza. Ambos, según ha explicado la parlamentaria en la sesión de este martes a través de un informe de Amnistía Internacional, acumulan 90.000 multas y más de 14 millones recaudados.

Al no producirse ningún acuerdo en lo relativo a estos cuatro puntos, pese a las propuestas alternativas de PSOE, Unidas Podemos y PNV, estas fuerzas entienden que el "núcleo" de la ley queda "intacto". Ante este "maquillaje" de la norma de Rajoy, "se ha perdido una oportunidad histórica" de modificar "todo aquello que le dio a la ley mordaza el nombre de mordaza", ha remachado la diputada de ERC.

A pesar de los avances alcanzados en otros puntos, como los relativos al derecho de manifestación y reunión, las identificaciones y cacheos policiales, la actividad de los profesionales de la comunicación o la cuantía de las sanciones, así como su graduación, el parlamentario de EH Bildu Jon Iñarritu ha dejado claro que ni su formación ni ERC, que tienen un acuerdo estratégico en esta legislatura, "no caerán en el falso dilema del mal menor, de tener que elegir entre la ley mordaza de Rajoy y la de Marlaska".

Asimismo, ha calificado de "harakiri parlamentario" el hecho de que el Gobierno precipitara el debate debate de la norma en comisión sin haber alcanzado un acuerdo. "Seguiremos abogando por derogar la ley mordaza del señor Rajoy por ser un ataque a los derechos y libertades de la ciudadanía", ha zanjado el diputado de la coalición abertzale. 

Los partidos del Gobierno cargan contra sus socios

La batalla por el relato y por la búsqueda de culpables está servida desde hace semanas. En este sentido, los partidos del Gobierno también han acusado a sus socios de investidura de "querer impedir" la mejora de los derechos y libertades de los ciudadanos e, incluso, han insinuado que detrás de la postura de los independentistas hay un "interés electoralista". El diputado socialista David Serrada ha sido el encargado de pronunciar estas palabras en la comisión.

Si bien, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en la tramitación de esta reforma, Enrique Santiago, también ha afeado la conducta de estos grupos. "Al algunas fuerzas les parece que estos cuatro puntos son el centro de la ley de seguridad ciudadana. En Unidas Podemos creemos que el centro y sus aspectos más lesivos son otros, los referidos a la protesta social, los derechos de reunión, manifestación y expresión, los que ya se han modificado en la ponencia", ha remachado. 

Aun siendo "muy importantes" los cuatro escollos planteados por ERC y EH Bildu, "no puede ser que por estos cuatro aspectos caiga esta reforma", ha indicado Santiago para pedir su apoyo y, de esta manera, continuar la tramitación de la norma, algo que finalmente no ha sido posible.

Por otro lado, dentro de su grupo, la voz de Podemos se ha elevado en las últimas horas para culpar al PSOE del fiasco de la reforma de la ley mordaza. Tanto la secretaria general del partido morado, la ministra Ione Belarra, como el portavoz del grupo en el Congreso, Pablo Echenique, han acusado a sus socios de hacer descarrilar la ley.

"Enrique Santiago ha hecho un trabajo excepcional en la negociación de esta ley y se lo quiero reconocer, pues la cantidad de avances que se han conseguido son importantes. Pero entre el PSOE y Unidas Podemos no tenemos mayoría y, más allá de que podamos estar más o menos contentos, hablamos de una ley orgánica que requiere 176 votos a favor y para conseguirlo hay que convencer a unas fuerzas parlamentarias que pueden tener otros planteamientos", ha cuestionado Echenique.

"Es decepcionante no llegar a un acuerdo en este tema", ha cargado por otro lado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, acusando a los partidos independentistas de hacer caer la ley por estos cuatro escollos. "Pidan responsabilidades a ERC y EH Bildu", ha zanjado el representante jeltzale acerca de las mejoras contenidas en la reforma.

Unas mejoras que, en cualquier caso, no se plasmarán en el BOE tras caer en comisión esta nueva posibilidad real de tumbar o rebajar la polémica ley de Mariano Rajoy. La reforma de la ley mordaza en el Congreso ha firmado su epitafio este martes. De este modo, se ha dado el portazo definitivo a una de las principales promesas del Gobierno.