El PSOE y Unidas Podemos presentarán este viernes dos enmiendas a la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso para desbloquear el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cuatro años en funciones. El cambio legal pretende acabar con la crisis institucional provocada por la derecha e incluye una cláusula que establece que los vocales del órgano de gobierno de los jueces que insistan en el bloqueo incurrirán en responsabilidades penales, según ha avanzado este jueves eldiario.es.

La primera enmienda firmada por PSOE y Unidas Podemos reformará la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden, de modo que ahora bastará con mayoría simple.

De acuerdo a la información del citado medio, la modificación incluye un nuevo redactado del artículo 599.1.1ª de la ley del Poder Judicial para que en un plazo de cinco días hábiles, "los vocales del Consejo puedan proponer a la presidencia candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional", con un máximo de un candidato por cada vocal. Así, de acuerdo a la enmienda, cerrado el plazo de candidaturas, la persona al frente de la presidencia, "tendrá la obligación de convocar un Pleno extraordinario para proceder a la elección de los dos magistrados", que tendrá que celebrarse "en el plazo máximo de tres días hábiles desde su convocatoria".

En el pleno, las candidaturas se someterán a votación de los vocales presentes, sin obligación de un quorum mínimo y una votación única que no tendrá carácter secreto. Así, cada vocal podrá votar a un solo candidato, resultando elegidos los dos magistrados que hayan obtenido un mayor número de votos, y no tres quintos de los emitidos, como ocurría hasta ahora, explica eldiario.es.  Según el medio, el Gobierno cree que el bloqueo actual se resolvería en unos 11 días hábiles desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además, para asegurar la renovación, se ha añadido una cláusula que indica que, en caso de que los vocales o el presidente del CGPJ insistan en el bloqueo, se incurrirá en responsabilidades "de todo orden, incluida la penal".

Designación de nuevos magistrados 

La segunda enmienda modificará la Ley Orgánica 2/1979 del Constitucional de modo que si pasados los 9 años y 3 meses de mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno, "uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta", se procederá "a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional".

De esta manera, se termina con el debate sobre si la renovación por tercios, que en este caso es de dos elegidos por el Gobierno y dos por el máximo órgano de gobierno de los jueces, debe hacerse conjuntamente, y se elimina la necesidad de verificación por parte del Tribunal Constitucional de los nuevos magistrados.

También se agrega un apartado al artículo 19 de la ley del Constitucional por la que el Congreso, Senado, CGPJ y Gobierno sean los que estén obligados a comprobar que los magistrados elegidos cumplen con los requisitos. Además, se estipula una nueva causa de cese, según la enmienda, "por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 159.2 de la Constitución".

Con estas enmiendas, el Ejecutivo asegura el desbloqueo de las designaciones del magistrado de la Audiencia Nacional y exministro Juan Carlos Campo y de la catedrática de Constitucional y ex directora general de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Fuentes socialistas ya avanzaron este jueves a la agencia Efe que el partido preparaba una serie enmiendas, cuyo plazo de presentación acaba este viernes.