El Gobierno deja fuera de su política de "transparencia" cualquier dato sobre la huida del emérito

Juan Carlos I sigue en Emiratos Árabes y el Gobierno sigue, al mismo tiempo, sin dar ningún tipo de información concreta sobre su estadía allí, ni tampoco sobre las conversaciones relacionadas con su decisión de abandonar el país. Así se traduce de las distintas resoluciones denegatorias emitidas por el Portal de Transparencia desde agosto pasado, en las cuales se notifica que el Ejecutivo, alegando diferentes razones, no contempla dar respuesta a distintas interrogantes.

Las incertidumbres generadas en torno a la huida del rey emérito, registrada en plena ola de escándalos sobre su fortuna, se acumulan desde el pasado 3 de agosto, día en el que Casa Real anunció la retirada del país del exmonarca. En ese contexto, la vía del Portal de Transparencia –regulada por ley en España y dirigida precisamente a dar luz sobre las actuaciones públicas– suele cerrarse a cal y canto cuando las preguntas ciudadanas afectan a la monarquía en general y, en concreto, a la situación del rey Juan Carlos I.  

Según consta en la base de datos de Transparencia, entre el 5 de agosto y el 31 de diciembre de 2020 fueron rechazadas ocho solicitudes de información vinculadas a la decisión del emérito de abandonar el país. Siguiendo lo establecido en la propia Ley de Transparencia aprobada en 2013, todas esas consultas fueron valoradas por la Vicesecretaría General de Presidencia del Gobierno, encargada de gestionar aquellas solicitudes de información que afecten a la Casa Real.

Por un lado, el Ejecutivo descartó ofrecer aclaraciones ante dos consultas que hacían referencia a los gastos generados por el operativo de seguridad del emérito fuera del país. En uno de esos expedientes se preguntaba en concreto si se "han realizado gastos relacionados con la escolta del rey emérito" o "cualquier otro tipo de gasto" derivado de su escolta.

En la base de datos de Transparencia también figura otra pregunta sobre el dispositivo de seguridad del rey emérito tras abandonar el país, así como el "coste desglosado" del mismo. En ambas ocasiones, el Gobierno respondió que tales informaciones tenían el rango de clasificadas al amparo de la Ley de Secretos Oficiales, una normativa que proviene de la dictadura franquista.

"Ello implica la restricción de la información solicitada, cuyo conocimiento o difusión por personas no autorizadas puede poner en riesgo tanto la seguridad de las personas objeto de protección como de los agentes encargados de la misma", alegó el Gobierno. 

En octubre pasado, el Ejecutivo confirmó a Público –a través del Portal de Transparencia– que la seguridad del emérito en Emiratos estaba a cargo del erario público, pero rechazó informar cuál era su coste. En este caso, también recurrió a cuestiones de "seguridad del Estado" para declinar aportar cualquier otro dato sobre la cuantía del operativo. En enero pasado, ElDiario.es informó que Patrimonio Nacional estaba a cargo de los sueldos y dietas de tres ayudantes de cámara que acompañaban a Juan Carlos en el país árabe.

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Silencio oficial

Según consta en el Portal de Transparencia, el Gobierno tampoco tiene previsto responder a interrogantes sobre el rey emérito que nada tienen que ver con su seguridad en Emiratos. Se trata en concreto de otras cuatro preguntas –todas ellas registradas el pasado 5 de agosto, dos días después de que se conociera su huida del país– relacionadas con las reuniones y conversaciones mantenidas entre el Gobierno y la Casa Real antes de que se produjera su partida. 

Una de esas solicitudes –cuya autoría, al igual que en el resto de casos, aparece anonimizada en el documento publicado por Transparencia– estaba dirigida a conocer "todas y cada una de las reuniones de los miembros de la Casa Real sobre la marcha del rey emérito", detallando quiénes tomaron parte en dichos encuentros y "qué temas exactamente sobre la marcha trataron". Se solicitaba además que se aportasen datos sobre las reuniones "con miembros del

Gobierno, con miembros de otros partidos políticos o únicamente entre miembros" de la Casa Real.

La Vicesecretaría general del Ejecutivo optó inicialmente por el silencio administrativo, otra forma de rechazar las solicitudes de información. Ante esa situación, el solicitante presentó un recurso ante el Consejo de Transparencia, que dio traslado a la queja. En el expediente de respuesta, el Gobierno señaló que "dicha cuestión no se encuentra comprendida dentro del ámbito subjetivo ni objetivo de aplicación" de la Ley de Transparencia, por lo que rechazó dar la información solicitada. 

Lo mismo ocurrió en otro expediente tramitado por esa misma vía y mediante el que se buscaba obtener "todas y cada una de las cartas o comunicaciones intercambiadas entre el rey emérito y el rey Felipe VI". En este caso, la Vicesecretaría General de Presidencia inicialmente no ofreció ninguna respuesta, tras lo cual hubo un recurso del solicitante. En ese contexto, el Gobierno respondió entonces que ese tipo de información escapaba también de los límites de la Ley de Transparencia. 

Otra de las consultas denegadas iba dirigida a conocer "en qué día exacto marchó del país", qué medio de transporte utilizó para salir de España y cuál fue el coste del viaje. Tampoco encontró respuesta una solicitud de información que preguntaba "quién se ha hecho cargo de los gastos de desplazamiento y estadía del Rey Juan Carlos en los Emiratos Árabes Unidos" y a cuánto ascendía ese gasto. El Gobierno lo rechazó en los mismos términos: la Ley de Transparencia no cubre esos asuntos.