Rebelión de los alcaldesEl Gobierno cosecha una derrota parlamentaria sin paliativos a cuenta del decreto del superávit de los ayuntamientos

Era la crónica de una derrota anunciada, y las negociaciones de última hora no han servido para escribir un nuevo final. El Gobierno ha cosechado este jueves su primera gran derrota parlamentaria en el Congreso de los Diputados, un fracaso sin paliativos a cuenta del real decreto para que los ayuntamientos pudieran desbloquear 5.000 millones de euros de su propio superávit. 

La oposición, los aliados del Ejecutivo y hasta el socio del PSOE, Unidas Podemos, habían advertido del más que probable desenlace

El Ejecutivo de coalición, que asumió la derrota a primera hora de la mañana,  pero decidió defender sus posiciones, apenas ha contado con 156 votos a favor de la convalidación del real decreto, frente a los 193 diputados que se han manifestado en contra. La oposición, los aliados del Ejecutivo y hasta el socio del PSOE, Unidas Podemos, habían advertido del más que probable desenlace.

Las negociaciones se prolongaron hasta altas horas de la noche del miércoles, pero a primera hora del jueves distintas fuentes consultadas por Público ya reconocían el previsible batacazo. Desde la restauración de la democracia, sólo en cinco ocasiones anteriores se ha producido una situación similar, con el fracaso de un real decreto. 

El rechazo a esta propuesta, además, ha sido transversal, y hasta el miércoles ni siquiera estaba claro el apoyo de Unidas Podemos a la oferta de Hacienda. La propia Ada Colau, líder de los Comunes -dentro de Unidas Podemos- y alcaldesa de Barcelona, ya advertía en esa jornada de que todo apuntaba a que el decreto no llegaría a ver la luz. 

Hasta el miércoles ni siquiera estaba claro el apoyo de Unidas Podemos a la propuesta de Hacienda

Con todo, esto no ha evitado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subiera a la tribuna de oradores a defender con uñas y dientes su propuesta, acusando al PP, que ha avivado la rebelión de los alcaldes, de servirse de esta cuestión para erosionar al Gobierno central.

La última oferta de Hacienda, aceptada por Unidas Podemos, contemplaba que el 60% de los 5.000 millones, un total de 3.000, se repartieran por criterios de población.

Montero: "No habrá segunda oportunidad"

Desde el arranque del pleno, Montero reconoció que había "bastantes probabilidades" de que el decreto decayese, y defendió que el Ejecutivo, el grupo Socialista y el de Unidas Podemos, han negociado "hasta la saciedad" para lograr un acuerdo, una "propuesta viable". Por contra, según la ministra, la oposición no ha aportado soluciones.

Así, la titular de Hacienda advertía de que la no aprobación del decreto supondrá un "grave contratiempo" para los ayuntamientos, que llevan meses esperando para acceder a sus remanentes, dada la gravedad de la pandemia del coronavirus. "No habrá segunda oportunidad", alertaba, afirmando que ni el PSOE ni Unidas Podemos buscarán articular un nuevo fondo.

Ada Coalu responde a la ministra: "Quien tiene responsabilidades de gobierno nunca puede decir que no habrá una segunda oportunidad"

Pocos minutos después, la alcaldesa de Barcelona respondía desde su perfil en Twitter que el Ejecutivo sí debe trabajar para encontrar una solución: "Quien tiene responsabilidades de gobierno nunca puede decir que no habrá una segunda oportunidad", espetaba Colau.

En el debate, y mientras todos los grupos le reclamaban autocrítica y mayor capacidad de diálogo, la titular de Hacienda ha acusado a los conservadores de servirse de los ayuntamientos como "ariete" contra el Gobierno.

En la misma línea, Montero ha reprendido al PP, que fue quien aprobó la llamada ley Montoro -ley de estabilidad, que impide a los ayuntamientos usar su superávit-, por acusar al actual Ejecutivo de intentar hurtar los recursos de las corporaciones locales. "Quieren castigar a los ayuntamientos para castigar a este Gobierno, usarlos como rehenes", espetaba a Antonio González Terol, diputado del Partido Popular. El PP es, precisamente, quien capitaliza esta derrota.

Además, y dado que el mecanismo contemplaba que los ayuntamientos prestaran el grueso de sus remanentes al Gobierno central durante dos años, Montero ha asegurado que el Ejecutivo "no necesita en ningún caso el dinero de los ayuntamientos".