El primer Gobierno de coalición de la historia reciente de España conserva la tendencia del Poder Ejecutivo de abusar en exceso de la figura legislativa del decreto-ley, pero en menor medida que los últimos Gobiernos de partido único. El artículo 86 de la Constitución recoge que "en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes".

Esta figura permite a los Ejecutivos aprobar leyes por una vía urgente que prescinde de muchas de las funciones legislativas atribuidas al Congreso de los Diputados. Aunque un decreto debe ser aprobado por el Parlamento para continuar en vigor (por lo que se entiende que goza de respaldo democrático al precisar de una mayoría parlamentaria que lo respalde), no puede ser enmendado ni modificado, por lo que las Cámaras no participan en la elaboración de su contenido.

En lo que va de legislatura, el Gobierno de coalición ha aprobado un total de 55 reales decretos leyes, una cifra bastante alta si la comparamos con otros Ejecutivos. Por ejemplo, en la última legislatura que tuvo recorrido (la XII, que se desarrolló entre 2016 y 2019 y tuvo dos Gobiernos distintos, el de Mariano Rajoy y el de Pedro Sánchez), se aprobaron 65 decretos, solo 10 más que el actual Ejecutivo en el doble de tiempo.

A la hora de comparar las distintas legislaturas, es preciso señalar que buena parte de los decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros que conforman el PSOE y Unidas Podemos se han elaborado durante y para hacer frente a la pandemia del coronavirus, un contexto muy específico que no es aplicable a ninguno de los Gobiernos que precedieron al actual.

Sin embargo, el número de decretos que ha aprobado el Gobierno de coalición sigue siendo elevado y, si se analizan los números de, por ejemplo, el último Gobierno de mayoría absoluta (el que presidió Rajoy entre 2011 y 2016), el total de decretos aprobados es de 76 (21 decretos más que el Ejecutivo actual en algo más de cuatro años).

Además de las comparaciones entre legislaturas y Gobiernos, una forma de analizar en profundidad el nivel de dependencia del decreto ley es comparando el número de veces que se ha recurrido a esta forma de legislar frente al proyecto de ley.

Más proyectos de ley que decretos

La potestad de utilizar esta herramienta también es exclusiva del Gobierno y tiene ciertas ventajas legislativas, pero, a diferencia del decreto, precisa de un trámite parlamentario en el que los diferentes grupos pueden modificar su contenido si hay mayorías para ello.

Hasta el año 2016, las proposiciones de ley (que presentan los grupos del Congreso o del Senado) y los proyectos del Gobierno eran las herramientas más utilizadas para legislar, pero con el final de las mayorías absolutas en 2015 se abrió un periodo de inestabilidad política que condujo a una importante sequía legislativa (apenas se aprobaron normas entre 2015 y 2019) y a un abuso de la figura del decreto.

Sin embargo, el Ejecutivo de coalición parece haber dado la vuelta a este escenario, ya que en este año y medio de legislatura, y por vez primera desde 2016, los proyectos de ley presentados superan a los decretos (62 frente a 55). En la XII Legislatura se aprobaron un total de 49 proyectos de ley frente a 65 reales decretos-ley (Rajoy presentó alrededor de 30 decretos desde 2016 hasta principios de 2018, y Sánchez unos 35 en sus 10 meses de mandato).

En la X Legislatura (2011-2016), la última en la que hubo un Gobierno de partido único con mayoría absoluta, el Ejecutivo del PP aprobó un total de 163 proyectos de ley por 76 decretos. Sin embargo, y pese a utilizar más la figura del proyecto de ley, los decretos aprobados por Rajoy en esa etapa fueron de enorme alcance y extensión, y representaron cambios profundos en la legislación (la reforma de las pensiones se hizo, por ejemplo, por decreto; su primera medida fue un "decreto ómnibus" que modificaba legislación sensible en materia laboral, una norma que fue justificada por el Ejecutivo bajo el pretexto de la crisis económica).