El Gobierno ha advertido este martes a PP y Vox que estará "vigilante" para que no se produzca "ningún retroceso en derechos", especialmente de las mujeres, como consecuencia de la conformación de un ejecutivo en Castilla y León entre ambos partidos. Tanto la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, como la titular de Igualdad, Irene Montero, se han posicionado sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Rodríguez ha sido preguntada sobre la posibilidad de que el PSOE pueda abstenerse en esta comunidad para permitir un gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en solitario y 'frenar' de esta manera la entrada de la ultraderecha en el gobierno autonómico.

La portavoz del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez no ha querido pronunciarse desde el Consejo de Ministros y ha recordado que existen "ámbitos parlamentarios" en los que las formaciones políticas pueden posicionarse acerca de la conformación de un gobierno autonómico.

"Ahora bien", ha precisado, "vamos a estar muy atentos para que no haya un solo retroceso en materia de derechos fundamentales, en especial los de las mujeres. Los derechos y libertades no pueden ser monedas de cambio en la conformación de un gobierno".

La titular de Igualdad también ha sido preguntada por una posible abstención de los socialistas en Castilla y León; en la línea de lo defendido por los portavoces de Podemos este lunes, Montero ha insistido en que "la mejor forma de frenar a los antidemócratas, a la extrema derecha y a la derecha que compra las políticas contrarias al colectivo LGTBI y a las mujeres es hacer políticas valientes que garanticen los derechos de las mujeres y  de las personas LGTBI".

Desde la formación morada se había apuntado a que la 'timidez' a la hora de sacar adelante políticas progresistas despejaba el camino al refuerzo de la ultraderecha, y se había pedido más "valentía" al Gobierno de coalición (del que forman parte) para sacar adelante normas como la reforma fiscal que los de Ione Belarra pusieron sobre la mesa la semana pasada, y que incluía, entre otros tributos, un impuesto a las grandes fortunas y otro a las eléctricas.

La ministra de Igualdad también ha recordado que el PP es uno de los firmantes de la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (en un momento en el que Vox ha pedido a los conservadores derogar las leyes de violencia de género en Castilla y León para conformar un ejecutivo de coalición en el territorio).

"El PP tiene que seguir jugando dentro de la cancha de juego de la democracia, que es lo mismo que jugar en la cancha de juego de los derechos de las mujeres", ha zanjado Montero.

El Ejecutivo tiene "herramientas jurídicas"

Fuentes de Moncloa han señalado a Público que el Gobierno cuenta con herramientas jurídicas a su alcance para ejercer esta vigilancia a posibles políticas que pongan en riesgo los derechos de las mujeres o colectivos LGTBi. En este sentido, las fuentes consultadas recuerdan que existe la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional si hay actuaciones que confrontan con los derechos elementales. En Moncloa recuerdan que ya en Murcia, con el llamado "pin parental" que exigía Vox, recurrieron al TC.