El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aclarado este martes que los jueces "no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación" parlamentarias, tampoco a las recientemente creadas para detectar supuestos casos de lawfare, porque además "tampoco tendría ninguna utilidad".

Así se ha expresado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que del "marco legal y constitucional que regula las comisiones de investigación, se deriva que las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales".

Y esto es así, ha señalado el ministro, "porque todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos" y la ley "prohíbe revelar todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados sobre esas causas penales".

Por tanto, afirma que "este debate, solo de la lectura de la Constitución, de la ley orgánica del Poder Judicial y del propio reglamento del Congreso, es un debate que se resuelve con mucha claridad", ha zanjado.

Bolaños ha subrayado que desde hace tiempo el Ejecutivo ha manifestado su voluntad de actuar "con máxima transparencia" en este asunto, así como su intención de que se aclare cuanto se deba aclarar, con "la conciencia tranquila" y el "único límite de la seguridad nacional".

Las comisiones de investigación

Cabe recordar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) discutirá en su Pleno de este jueves la legalidad de las comisiones de investigación parlamentarias recién creadas para detectar supuestos casos de lawfare, a petición de los vocales conservadores, los cuales consideran necesario que el órgano adopte un "rotundo posicionamiento" contra el "acoso" a jueces y magistrados.

Se trataría de una comisión de investigación sobre la denominada operación Catalunya, relativa a una presunta trama parapolicial creada durante el Gobierno del PP para atacar al independentismo y otra sobre los atentados de Catalunya del 17 de agosto de 2017. Además de éstas, a propuesta de ERC se investigará en el Congreso el espionaje a dirigentes políticos, entre ellos al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, o al president de la Generalitat, Pere Aragonès, mediante el programa Pegasus.

El origen de las mismas parte del acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts donde se habla de crear comisiones de investigación cuyas conclusiones "se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad".

Esa coletilla final ha hecho temer tanto a los jueces como a los fiscales que participaron en las causas que se verán afectadas por la amnistía que se emprendan acciones en su contra, lo que ha llevado a los cuatro fiscales del juicio del procés' -Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno- a pedir "amparo institucional" al fiscal general del Estado, Álvaro García Estado, un asunto que se debatirá el próximo día 20 en el Pleno del Consejo Fiscal.

Sánchez también rechaza que los jueces comparezcan

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha mostrado en contra de que los jueces sean llamados a comparecer en las comisiones de investigación en el Congreso que el PSOE pactó con Junts a cambio de su apoyo para la investidura.

En conversación informal con los periodistas en la tradicional recepción navideña en La Moncloa, este martes, Sánchez ha rechazado que los jueces tengan que acudir para dar explicaciones en la Cámara Baja, después de que PSOE y Junts firmasen un acuerdo que hacía mención al lawfare o guerra judicial contra adversarios políticos.

La inclusión de esta expresión en el acuerdo entre partidos desató las críticas de buena parte del mundo de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y todas las asociaciones de jueces y de fiscales, tanto las conservadoras como las progresistas.

ERC defiende que el Congreso sí cite a jueces

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sostiene que "el Reglamento de la Cámara no impide que los jueces comparezcan ante las comisiones de investigación", si bien ha avanzado que su formación va a solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que aclaren cualquier duda al respecto.

Rufián ha dejado claro que la intención de ERC es citar a jueces en las comisiones de investigación aprobadas la semana pasada, aún pendientes de fecha de constitución.

El portavoz ha dicho que no quiere entrar "en una guerra con nadie" sobre esta cuestión, pero ha recordado que en los ocho años que lleva en el Congreso y en todas las comisiones de investigación en las que ha participado se ha podido "citar a todo el mundo". "Realmente le aseguro que no hay ningún artículo o Reglamento que lo impida", ha añadido.

Rufián ha destacado, además, que "si se hace una comisión de investigación en torno a la actuación de los jueces, tiene sentido" que se les llame para interrogarles, igual que se ha hecho con "altos funcionarios" en algunas investigaciones anteriores.

Los jueces deben negarse a comparecer, según asociaciones

La asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha subrayado en un informe remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los jueces no solo no están obligados a comparecer en comisiones de investigación, sino que deben negarse, comunicarlo al CGPJ y pedir el amparo.

El informe sostiene que, si las Cortes Generales citaran a un juez para declarar sobre los casos judiciales en los que ha intervenido, "no solo tiene el derecho a negarse a comparecer para informar sobre sus actuaciones como tal, sino que está obligado a ello, a fin de preservar la independencia judicial y la separación de poderes, por lo que entendemos que así deberá hacerlo si resulta citado y aconsejamos que se ponga en conocimiento del CGPJ".

El texto, elaborado por expertos de la asociación, ha sido entregado este martes en el Consejo, con el fin de que sea valorado por la institución, que precisamente abordará esta cuestión el jueves en su pleno ordinario.

El documento de la asociación destaca que "en ningún caso se puede establecer una suerte de tribunal político" que juzgue la labor de los jueces en el ejercicio de sus funciones porque, además, desde el punto de vista constitucional, "queda claro que los jueces sólo pueden ser controlados por la vía judicial o por la vía disciplinaria, que al final puede ser judicializada".

Dicho de otro modo, su enjuiciamiento sólo puede ser por causas disciplinarias, lo que compete en primer término al CGPJ, y siempre revisable por los tribunales, o por causas penales o civiles, que competen a los tribunales.

El dictamen expone también las limitaciones establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impide a los jueces revelar los hechos o datos de los que haya tenido conocimiento y que no estén reflejados en la sentencia firme, "y quien lo exija, sea diputado o miembro del gobierno, estaría incurriendo en un delito".