El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado una ofensiva contra la derecha por la memoria democrática y el despliegue de su ley estatal, aprobada en 2022. Desde Moncloa han iniciado una serie de acciones motivadas contra las medidas tomadas por PP y Vox en algunas comunidades autónomas. Pero también como bandera política propia para terminar de apuntalar una ley de la que quedan muchos aspectos a desarrollar. 

La intención del Ejecutivo es acelerar los procesos. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya ha mostrado su voluntad y ha reconocido que el convulso año electoral de 2023 ha frenado algunos de ellos. El Gobierno ha incluido en el Plan Normativo Anual para 2024 dos decretos específicos para ello. 

El primero de ellos tiene que ver con la resignificación completa como lugar de memoria democrática de Cuelgamuros. Para visibilizar las intenciones gubernamentales, el propio Sánchez ha visitado este jueves el laboratorio forense del antiguamente conocido como Valle de los Caídos. Lo ha hecho por sorpresa y en paralelo al anuncio de que recurrirán ante la ONU y la UE las llamadas "leyes de concordia" que están aprobándose por la derecha en lugares como Aragón, Castilla y León o País Valencià. Algo que se suma a los posibles recursos al Tribunal Constitucional (TC) ya previstos. 

El citado Plan Anual, que establece las prioridades del Gobierno para este año, incluye la aprobación del "Real Decreto que regula la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del Valle de Cuelgamuros". El objetivo, según este documento, es "establecer el régimen de funcionamiento y organización del Valle de Cuelgamuros, según lo dispuesto en el artículo 54 y en la disposición transitoria primera" de la ley de memoria democrática aprobada en 2022. 

En dicha ley se contempla el inicio de las exhumaciones de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil que están enterradas en el lugar, a petición de las familias. Los trabajos se iniciaron en junio del pasado año y como anunció el ministro Torres hace unas semanas, se ha procedido a la exhumación de las 12 víctimas asesinadas en 1936 en Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila). De ellas, 11 personas han sido identificadas genéticamente y se han podido entregar sus restos a las familias.

Aparte del nuevo marco jurídico, que se contempla en el Real Decreto previsto por el Gobierno, la ley establece que Cuelgamuros será un "lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas". También, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

En estos momentos, según confirman fuentes del Gobierno, se está negociando con los monjes benedictinos para su salida de Cuelgamuros. El plazo que se da el Ministerio para culminar todo el proceso, que reconoce complejo, es de un par de años. 

Las actuaciones en Cuelgamuros están incluidas también en el pacto de coalición firmado entre PSOE y Sumar el pasado año. "Desarrollaremos la Ley de Memoria Democrática e impulsaremos las exhumaciones, culminando la resignificación de Cuelgamuros y avanzando en el reconocimiento del exilio republicano y de los lugares de memoria", apunta el texto. 

Por el momento, como informó este medio, en mayo del pasado año se inauguró la página web, un embrión de ese futuro centro de interpretación que planea el Gobierno. Se trata de "una nueva mirada al monumento, basada en el análisis de su historia arquitectónica, religiosa, patrimonial, funeraria y política. Para resignificar el monumento es preciso explicarlo", según consta en la web. 

La visita de Sánchez se centró en el laboratorio forense y las criptas o columbarios donde se encuentran los restos. En la labor de localización e identificación participa un equipo técnico compuesto por seis médicos forenses y más de 20 investigadores especialistas en historia, arqueología y genética. 

Por la tarde, en un acto con motivo de la inauguración de la exposición 'Luis Martín-Santos. Tiempo de libertad' en la Biblioteca Nacional, ha marcado posición. El presidente ha acusado a PP y Vox de "embellecer" la dictadura franquista valiéndose de una memoria "mutilada" y "mancillando" la palabra concordia. "Desde el Gobierno de España vamos a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la Ley de Memoria Democrática frente al negacionismo de los de siempre", ha afirmado. 

Desde la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) criticaron al Gobierno por la visita ya que es "algo que se les ha impedido hacer a los familiares que quieren sacar de allí un ser querido con el argumento de que podía ser peligrosos para ellos".

La ARMH ha solicitado, mediante una queja formal, "que nadie sea tratado por encima de las víctimas y que conozcan todo la información de lo que va ocurriendo en el Valle de los Caídos ya que son las promotoras de esas exhumaciones, las más afectadas por lo que allí sucede que las que tienen derechos con respecto a lo que está ocurriendo en sus criptas". 

Consejo de Memoria y registro de entidades 

Otro decreto incluido en las previsiones del Gobierno para 2024 es el "Real Decreto por el que se regula el Consejo de la Memoria Democrática y el registro de entidades de memoria democrática". El objetivo es dar cumplimiento a las previsiones de desarrollo reglamentario que se recogen al respecto en la ley de memoria estatal. 

Esta normativa se inició ya en abril de 2023 y se elevó a período de consulta pública por el Ministerio que entonces dirigía Félix Bolaños. El adelanto electoral provocó que no se pudiera continuar con los trámites. Los artículos 57 y 59 de la ley contemplan tanto el Consejo como el registro de entidades. 

El Consejo de la Memoria Democrática será un órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas españolas. Estará compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las entidades memorialistas y de expertos en este ámbito. Entre sus funciones se encuentra informar el proyecto del Plan de Memoria Democrática así como el plan plurianual de búsqueda, localización, exhumación e identificación y conocer los informes anuales de seguimiento y evaluación de los mismos.

Entre los planes inmediatos del Gobierno destacan también otras medidas, que será aprobadas en Consejo de Ministros del 23 de abril. Se crearán tres comisiones de trabajo: sobre la Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano de España; sobre la elaboración de un estudio de medidas de reparación de carácter económico, dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura y, por último, para analizar posibles casos de vulneración de derechos humanos a personas que lucharon por la consolidación de la democracia, entre los años 1978 y 1983.