La Generalitat pide la recusación del presidente del TC en 24 litigios

El portavoz del Govern Generalitat, Francesc Homs, ha aprobado pedir la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, en 24 procedimientos de recurso de inconstitucionalidad y de conflicto de competencias en los que es parte el Govern y que se encuentran en proceso de tramitación ante esta institución.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consell Executiu, después de que el gabinete jurídico de la Generalitat haya considerado que la militancia de De los Cobos en el PP permite apreciar una causa objetiva de "pérdida de imparcialidad y de interés" en las causas cuando pueda intervenir en procedimientos que afectan a la Generalitat.

Según Homs, fue el mismo TC quien fijó una "doctrina nueva en el caso del magistrado Pablo Pérez Tremps sobre cómo hay que interpretar la debida imparcialidad e independencia de los miembros" del tribunal a la hora de analizar casos que afectan a sus integrantes.

Entre los litigios afectados no se encuentra la declaración de soberanía, ya que le compete al Parlament pedir la recusación en este caso y que Homs confía que acabará haciendo la cámara catalana, que la semana pasada ya pidió un informe a sus servicios jurídicos.

Concretamente, el Govern pide la recusación en los recursos de inconstitucionalidad de 24 litigios en marcha, entre los que se encuentran tanto recursos planteados por el Gobierno central en contra de decretos de la Generalitat, como los de horarios comerciales, de impuestos de depósitos bancarios o sobre establecimientos turísticos.

También se incluyen recursos planteados por diputados o senadores del PP contra preceptos de la ley catalana de Educación, la del Cine o el Código de Consumo de Cataluña.

La petición de recusación también se amplía a recursos planteados por la Generalitat contra preceptos de leyes estatales, como los Presupuestos del 2012 o las medidas de racionalización en ámbito sanitario y educativo, así como los conflictos de competencias planteados por el Govern ante decretos estatales.