Garzón propone una renta mínima de 529 euros para personas con ingresos mínimos y revalorizar las pensiones

MADRID.- El candidato de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se presenta a las elecciones del 20 de diciembre con un plan de emergencia social que incluye un decálogo de medidas entre las que incluye una renta garantizada de 529 euros mensuales para personas con ingresos mínimos o la revalorización de las pensiones mínimas.

Garzón presentará este jueves el documento 10 medidas + 1 en el marco de sus propuestas socioeconómicas "para una auténtica salida de la crisis", al que ha tenido acceso Europa Press. Este plan de emergencia social pone el foco en las personas sin ingresos, los pensionistas, los parados de larga duración, los jóvenes y las personas en riesgo de exclusión social. Para financiar estas medidas, con un coste de 52.500 millones de euros, propone una reforma fiscal que reportaría ingresos por 64.500 millones de euros.

Su propuesta de renta básica contempla un salario mínimo garantizado de 529 euros mensuales a dos millones de personas. Los beneficiarios serían aquellas personas con ingresos inferiores al 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en función de su unidad de convivencia, lo que actualmente se sitúa en 455 euros.

Se destina a personas con ingresos inferiores al
70% del Salario Mínimo Interprofesional

En cuanto a las pensiones, propone una revalorización de la pensión mínima. En aquellos casos de las personas con cóyunge no a cargo, la prestación será equivalente al Salario Mínimo anual; mientras que para quienes tienen cóyunge a cargo la prestación sería del 110% del Salario Mínimo.

IU también quiere una elevación progresiva del Salario Mínimo Interprofesional: 774 euros mensuales en 2016, 890 euros en 2017, 1.023 euros en 2018 y 1.176 euros en 2019. Esta medida beneficiaría a un total de 2,34 millones de personas.

Además, quiere poner en marcha un plan de empleo y formación a 600.000 parados de larga duración mediante contratos de 35 horas semanales en actividades que sean competencia de los ayuntamientos, de seis meses de duración y un salario de 700 meses mensuales.

Se penalizaría el consumo excesivo de energía y
se primaría el ahorro
y la eficiencia

Alberto Garzón también defiende un suministro vital básico de agua y energía, estableciendo una tarifa por tramos sociales para combatir los cortes que sufren 1,4 millones de hogares. Se establecería un suministro mínimo vital básico en función de la renta. A partir de él, la tarifa se incrementaría penalizando el consumo excesivo y primando el ahorro y la eficiencia.

El programa de IU también incluye la paralización de todos los desahucios de personas en situación de desempleo y la creación de un parque público de viviendas en alquiler o la propiedad en usufructo. También propone la creación de un banco bueno para comprar parte de las deudas hipotecarias de las familias más vulnerables.

Otro asunto que aborda es el combate a la violencia machista y la igualdad entre hombres y mujeres, incrementando los fondos destinados a este fin y con permisos por nacimiento de hijo pagados al cien por ciento, igualando progresivamente el permiso de paternidad al de maternidad.

En cuanto a la infancia, propone incrementar los 291 euros anuales que la Seguridad Social concede por hijo a familias sin recursos hasta un total de 1.200 euros por niño, utilizando los umbrales actuales de riesgo de pobreza. IU calcula que esta medida beneficiaría a 2,5 millones de personas. También propone la escolarización pública para niños de 0 a 3 años.

Además, contempla un paquete de ayudas a pymes y autónomos con la simplificación de los procesos administrativos o la subvención durante dos años de parte de la remuneración de nuevos empleados: 30% de la retribución bruta hasta un máximo de 6.000 euros por año y un 20% para el segundo año.

Propone un impuesto extraordinario sobre los incrementos patrimoniales obtenidos entre los años 2010 y 2015

Dentro de este plan de emergencia también incluye su propuesta estrella de trabajo garantizado mediante la creación de un millón de puestos laborales en actividades de servicios sociales, protección del medio ambiente, construcción o mantenimiento de infraestructuras.

Para financiar todas estas medidas, IU detalla su propuesta de reforma fiscal para obtener unos ingresos de 64,5 millones de euros. Entre ellas incluye un impuesto extraordinario sobre los incrementos patrimoniales obtenidos entre los años 2010 y 2015, de los que estarían exentos los primeros 100.000 euros de incremento patrimonial.

Minetras, los incrementos superiores a 100.000 euros tributarían mediante un tipo progresivo comprendido entre el 5% y el 15%, para el incremento a partir de 5,1 millones de euros. A partir de esa cantidad establece un tipo único del 16 por ciento.

También quiere una reforma del Impuesto de Sociedades con un nuevo tipo impositivo del 35% para las bases imponibles superiores a un millón de euros; la equiparación de la tributación de las rentas del capital a las del trabajo; un nuevo impuesto a las transacciones financieras y un nuevo impuesto sobre la riqueza que sustituiría al Impuesto sobre el Patrimonio.

Otros 6.200 millones los obtendría de una reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, cambiando sus procedimientos de trabajo. Y propone un impuesto del 25% a productos considerados de lujo y nuevos impuestos sobre viviendas no habitadas.

De la misma forma, pone sobre la mesa restricciones al sistema de módulo y SICAV, reducción de la economía sumergida en cinco puntos porcentuales y se apoya en el aumento de recaudación por el efecto expansivo de los nuevos empleos generados con su plan de trabajo garantizado.