García Castellón supervisará las pesquisas de la Fiscalía Europea en el 'caso Koldo'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se encargará de supervisar el procedimiento que ha puesto en marcha la Fiscalía Europea por el posible uso de fondos comunitarios en el pago de los contratos de Canarias y Balears en el caso Koldo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 e instructor del caso Tsunami Democràtic, que imputó a Carles Puigdemont por terrorismo,  ha sido designado juez de garantías en la Fiscalía Europea por el turno de reparto de la Audiencia Nacional. Su función en el caso Koldo será testimonial, ya que no tiene acceso al procedimiento.

Las fuentes consultadas han precisado no obstante que García-Castellón tutelará esta investigación en sustitución del juez de refuerzo de su Juzgado, Joaquín Gadea, al que, por esas mismas normas de reparto, corresponden los nuevos procedimientos. Cuando Gadea vuelva, será él quien supervise la investigación de la Fiscalía Europea.

Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/2021, el juez de garantías  interviene cuando se quiere adoptar una medida restrictiva de los derechos fundamentales. Los pinchazos telefónicos o los posibles recursos contra los decretos del Fiscal delegado pueden considerarse dos situaciones de este tipo. Asimismo, también puede acordar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento. 

En España, la Audiencia Nacional es el órgano competente para supervisar las investigaciones de la Fiscalía Europea designando un juez de garantías, excepto cuando las causas se dirigen contra un aforado. En este caso, tendrán que nombrarlo los magistrados del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

El órgano europeo anunció este lunes la apertura de la investigación sobre las compras de material sanitario durante la pandemia. El Servicio de Canarias efectuó el pago de los contratos por 12 millones de euros, mientras que Balears lo hizo por 3,7 millones de euros. 

El caso Koldo investiga a varios empresarios por presuntos delitos de malversación de dinero público, prevaricación y tráfico de influencias por la firma de los contratos de Canarias y Balears con la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.