El año que acaba de empezar será previsiblemente el último de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) como entidad de carácter legal. El Gobierno ha activado la hoja de ruta que llevará a su "extinción" al calor de la Ley de Memoria Democrática. El proceso transcurrirá en los tribunales y, si los franquistas así lo deciden, podría llegar incluso a Estrasburgo. 

Las reiteradas peticiones de asociaciones de víctimas de la dictadura franquista, grupos memorialistas y fuerzas políticas de izquierda está más cerca de verse, por fin, atendida. Según ha podido confirmar Público, el Protectorado de Fundaciones –dependiente del Ministerio de Cultura– ha iniciado el estudio de las "implicaciones" de la nueva ley y sus consecuencias concretas en el caso de la FNFF, que figura inscrita legalmente como fundación desde 1977. 

La normativa sobre memoria democrática que entró en vigor en octubre pasado establece las causas de extinción de aquellas fundaciones que hagan apología del franquismo, ensalcen el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, "con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas".

Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina Contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA), destaca que "hay una causa legal ya prevista" en la nueva ley "que puede dar lugar a que se ilegalice la Fundación Francisco Franco".

Para alcanzar ese objetivo, el Protectorado "tiene que presentar una solicitud de ilegalización de esa fundación –en aplicación de la Ley de Memoria Democrática– ante los juzgados, lo que supone que tiene que haber una resolución judicial que avale esa extinción", explica el jurista.

Camino abierto

La decisión del Protectorado de Fundaciones de analizar la "implicación" de la nueva normativa es el primer paso en ese recorrido, cuya siguiente parada será necesariamente en los juzgados. 

Entonces se abrirá también el frente de batalla de la Fundación Francisco Franco, cuyos responsables –entre los que se encuentra el militar retirado Juan Chicharro Ortega, quien llegó a desempeñarse como ayudante de campo  de Juan Carlos I– ya anunciaron que recurrirán a la Justicia para tratar de frenar su ilegalización.

"Por lo tanto, es posible que se declare la extinción de dicha fundación siempre que se inste judicialmente, porque el gobierno directamente no tiene la potestad de hacerlo, y una vez agotada la vía judicial interna quedará ilegalizada a expensas de lo que pueda resultar de una reclamación ante el TEDH", apunta Lara. 

"Con la cruz en la mano"

En el último boletín enviado a sus socios, Chicharro Ortega identifica la Ley de Memoria como "producto del odio de quienes sólo buscan dividir y enfrentar a los españoles", al tiempo que compara la decisión del Gobierno de resignificar el Valle de los Caídos con la destrucción de estatuas por parte de los talibanes.

"La España que se forjó en la lucha contra el Islam y que conquistó y cristianizó un nuevo mundo con la Cruz en la mano, se encuentra enferma y a merced de
doctrinas totalitarias que dominan los medios y se ha adueñado de la calle", afirma el general retirado en las primeras páginas del boletín.