La Fiscalía del Tribunal Supremo planea dar carpetazo a su larga investigación sobre la fortuna opaca de Juan Carlos I esquivando así una querella contra el rey emérito y evitando que acuda a declarar al Supremo. Así puede resumirse el largo e infructuoso periplo de las pesquisas prejudiciales que ha llevado a cabo el Ministerio Público hasta que este miércoles ha trascendido que está ya ultimando el archivo de las mismas, sin plantear denuncia o querella criminal contra el rey emérito, lo que cierra la posibilidad de una investigación judicial, de momento. 

Es importante resaltar que el rey emérito no ha estado en ningún momento en calidad de investigado por la Justicia española, pese a la cantidad de escándalos de corrupción que salpican su reinado, cuando gozaba de inmunidad, y después, a partir de su abdicación en 2014, cuando se convirtió en aforado ante el Supremo. Y ahora, tras conocerse el próximo archivo por parte de la Fiscalía del Supremo de las tres diligencias prejudiciales en torno a Juan Carlos de Borbón, la posibilidad de que llegue a estar imputado cada vez es más remota. Podría decirse que la Fiscalía aporta, voluntaria o involuntariamente, su particular granito de arena a favor de la impunidad del rey emérito.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, llegó a declarar hace unos meses que una investigación al rey emérito "no puede cerrarse en falso". Por eso, el decreto de archivo que ultima la Fiscalía del Supremo para hacer público en unas semanas contendrá un concienzudo argumentario explicando los motivos por no los que contempla delito alguno en torno a las investigaciones sobre Juan Carlos I, según indican fuentes jurídicas a este diario, que vaticinan que dicho decreto contendrá algún reproche sobre la conducta del exjefe del Estado pero "poco más". 

Las primeras indagaciones sobre el patrimonio opaco del exjefe del Estado se iniciaron en julio de 2018 por parte de la Fiscalía Anticorrupción. La investigación se centraba en el presunto cobro de una comisión de 100 millones de dólares procedente de Arabia Saudí por la adjudicación del contrato del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas. El dinero se recibió en 2008 en una cuenta del banco suizo Mirabaud a nombre de una sociedad offshore llamada Lucum. Cuatro años después el dinero voló a una cuenta de la entonces amiga íntima de Juan Carlos de Borbón, Corinna Larsen.

Dolores Delgado traspasó la investigación desde Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo, encargando a su número dos, el teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos, la coordinación de la investigación. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, pocos avances han cosechado estas pesquisas, según ha podido saber este medio: faltan pruebas por parte del régimen saudí. Esta sería una de las razones del archivo de la Fiscalía: la falta de acervo probatorio.

La investigación sobre las tarjetas 'black' que usó Juan Carlos I y algunos de sus nietos nutridas con fondos procedentes del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de uno de los presuntos testaferros del anterior monarca, el coronel Nicolás Murga, tampoco parece tener más recorrido. El presunto delito fiscal habría quedado anulado al haber regularizado el padre del rey  678.000 euros al fisco en diciembre de 2020. 

La otra regularización del emérito fue el 25 de febrero y abonó a Hacienda casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka. Viajes privados y la suscripción de acciones de las principales multinacionales españolas a cargo de los fondos de dicha sociedad, gestionada por Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos de Borbón, quedarán, pues, sin investigación de los jueces, al dar la Fiscalía por buena esa regularización, pese a haber avisado previamente a la defensa del rey emérito de que estaba siendo investigado por su vinculación con Zagatka. El aviso previo invalida las regularizaciones voluntarias de los contribuyentes. Salvo, al parecer, en este caso. 

La tercera investigación que abrió la Fiscalía del Supremo fue hace menos de un año y gira en torno a un informe del servicio de lucha contra el blanqueo de capitales del Banco de España sobre la existencia de una cuenta con diez millones vinculada al rey emérito en la isla británica de Jersey, un paraíso fiscal. Los fondos habrían sido manejados por el administrador privado de Juan Carlos I Manuel Prado y Colón de Carvajal. El diplomático participó junto con el monarca en negocios de venta de armas, según descubrió Público; unas actividades que están en el origen de la inmensa fortuna amasada por el emérito durante sus cuarenta años de reinado. 

Respecto a estas pesquisas sobre el fondo en Jersey, estarían abocadas al archivo al haber prescrito el presunto delito económico porque la cuenta databa de los años noventa. 

La investigación en Suiza

La fortuna opaca de Juan Carlos de Borbón, acumulada a lo largo de los años y rodeada de impunidad y de un manto de silencio, mediante negocios, comisiones y donaciones quedará sin la debida investigación de los jueces. Tras el archivo de la Fiscalía, solo la investigación que sigue el fiscal suizo Yves Bertossa seguirá viva, aunque también se dilata en el tiempo sin visos de prosperar.

El fiscal del cantón de Ginebra inspecciona desde 2018 la comisión de 100 millones de dólares desde Arabia Saudí a una cuenta de la fundación Lucum en un banco suizo. Bertossa también investiga los fondos de Zagatka y el papel de Arturo Fasara y Dante Canonica, dos intermediarios y presuntos testaferros de Juan Carlos I en el país helvético.