La Fiscalía Anticorrupción pide cárcel para los principales acusados en la 'operación Azud'

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València, que este sábado ha recibido a una docena de detenidos de la segunda fase de la Operación Azud, considera que son un grupo criminal. Los arrestados han sido trasladados a la Ciudad de la Justicia después de permanecer desde el pasado jueves en diferentes comandancias tras ser detenidos. En la causa hay 14 arrestados, de los cuales una docena han sido puestos a disposición judicial, según ha informado el TSJCV.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano la causa, bajo secreto de sumario, se ha abierto por este delito además de por los de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Tras terminar sus diligencias la Guardia Civil, los detenidos en la operación, entre ellos el exsubdelegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana Rafael Rubio y el exvicealcalde de València Alfonso Grau, comparecen durante el día de hoy ante la jueza.

Según informa el diario Levante, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión provisional de los principales detenidos en esta operación.

En la lista de los detenidos que declaran ante la magistrada figuran, además otros dos políticos, así como el empresario valenciano Federico Ferrando -hermano de Rafael Ferrando, expresidente de la patronal valenciana- y el responsable de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra, José Luis Vera.

El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València.

La titular del Juzgado sigue tramitando una instrucción que comenzó en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín.

La causa

Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València habrían realizado.

La causa, que arrancó en 2017 y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.