El fiscal general prevé escuchar el martes a la cúpula para fijar una postura ante la amnistía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido este jueves a los fiscales de Sala que se reserven el próximo martes para la posible celebración de una junta en la que posicionarse sobre la ley de amnistía. Se debatirá la postura del ministerio público ante la aplicación o no de la norma para Carles Puigdemont y los líderes independentistas.

La reunión tendría lugar después de que los fiscales del procés entregaran un informe en el que se oponían a amnistiar la malversación de, entre otros, Puigdemont, por entender que sí tuvieron ánimo de lucro y que su actuación sí afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. 

Si García Ortiz no aceptase sus argumentos, avisaron, "deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada", y a continuación convocar una Junta de Fiscales de Sala en virtud del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público. En todo caso, la última palabra la tendrá siempre el fiscal general, por lo que los fiscales se apartarían en caso de que este decida perdonar los actos.

Los cuatro fiscales –Ismael Moreno, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal– piden dejar fuera de la amnistía la malversación ya que entienden que "la ley excluye de su aplicación los actos de malversación que implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial". Además, sostienen que lo ocurrido, dentro de un Estado que forma parte de la UE produce "un riesgo de fractura territorial de la UE".

Este debate afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y también a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados por ello -Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia-.

En relación a los tres últimos, los fiscales consideran que sus órdenes de detención no pueden ser alzadas, pese a que la ley contempla que deben de ser levantadas de inmediato en cuanto entre en vigor en el BOE, porque el delito no es amnistiable. Sí apoyan, en cambio, levantar las cautelares a la ex secretaria general de ERC Marta Rovira, porque solo está procesada por desobediencia, un delito que sí ven dentro de la amnistía.