El fiscal del caso Astapa se retracta y ya no quiere investigar las maniobras de Villarejo

Hace un año, la Fiscalía Anticorrupción de Málaga aceptó la petición de algunos acusados en la causa Astapa -que investiga posibles delitos urbanísticos en la localidad de Estepona- para indagar los intereses personales del comisario José Villarejo y que se mezclan con la operación que desmanteló el ayuntamiento en 2008. Es más, los fiscales que actúan en la Audiencia Nacional en el caso Tándem han dejado patente la importancia de las inversiones inmobiliarias del policía en la lujosa urbanización el Mirador de la Cala e incluso, se detuvo a Juan Carlos Escribano, presunto testaferro de Villarejo en la zona y testigo del procedimiento que mantiene imputado al exalcalde del PSOE Antonio Barrientos.  

El fiscal Valentín Bueno indicaba que existía un “interés legítimo” de las partes para reclamar los informes sobre Villarejo en la causa Tándem de la Audiencia Nacional, porque así se evitaría “la indefensión” de los encausados y mantenía que dicha información debía obrar en la causa antes de que se le diera plazo a las partes para presentar su escrito de defensa.

Esta consideración del fiscal malagueño choca con las acusaciones de Anticorrupción en la Audiencia Nacional y "sólo puede favorecer al comisario Villarejo"

Sin embargo, ahora, en un giro inesperado y en contra de la línea de los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano que mantienen las acusaciones en la Audiencia Nacional, el fiscal Bueno asegura en un escrito al que ha tenido acceso Público que ”una cosa es que Villarejo hiciera mal uso de informaciones a las que tenía acceso por los importantes cargos policiales que desempeñaba” y “otra muy distinta, que toda la investigación estuvo controlada por él para favorecer sus inversiones e intereses particulares”.

Casi 20 millones blanqueados de Uruguay a Estepona

Esta consideración del fiscal malagueño choca de pleno con las acusaciones de Anticorrupción en la Audiencia Nacional y, según los letrados consultados de ambos procedimiento, "esto es una grave contradicción en una institución jerárquica como la que encabeza el fiscal jefe Anticorrupción Antonio Luzón y hace que entren en choque las posiciones del Ministerio publico en ambos procedimientos, algo que sólo puede favorecer al comisario Villarejo". 

Público y El País dieron cuenta en 2015 que entre 15 y 20 millones de euros de la gran fortuna del policía ahora en prisión habían sido trasladados desde empresas de Uruguay a Estepona y habían acabado "blanqueados" en diferentes operaciones inmobiliarias, como la del Mirador de la Cala, que son objeto de investigación en la causa que instruía ya entonces el juzgado de Estepona. 

De Estepona salen grandes negocios del comisario y también algunos empleados ahora imputados en Tándem, como el policía y exdirector de seguridad de Globalia, Antonio Bonilla. También hace de solucionador de problemas para empresarios de la zona, como el dueño de dicha compañía, Juan José Hidalgo, e incluso, para la Kutxa y otras constructoras. En los registros policiales en Madrid y Estepona de noviembre de 2018, cuando fueron detenidos Villarejo y Escribano, los investigadores hallaron importante documentación y audios que confirmaban sus estrechas relaciones con la localidad malagueña que el fiscal Anticorrupción ahora no quiere investigar.  

Villarejo encubre sus propios negocios bajo supuestas misiones de gran importancia para el Estado, que en el caso Tándem sería una operación contra ETA en Uruguay

Incomprensible para las fuentes de ambas causas consultadas por Público, sobretodo después de que el programa de ETB2, La red de Villarejo: ¿mafia y corrupción?, emitido hace unas semanas, pusiera la lupa en la lujosa zona uruguaya de Punta del Este donde Villarejo tenía el hotel Don Pepe, al que ha cambiado el nombre. El programa de la televisión vasca aportaba el testimonio de un periodista uruguayo que reveló que allí funcionaba con la agencia de viajes Halcón, perteneciente al grupo turístico Globalia. 

Además, dejó al descubierto que el anterior juez de la causa Tándem no llegó a emitir la correspondiente comisión rogatoria a Uruguay para investigar el presunto blanqueo, algo que los fiscales Anticorrupción y el actual juez García Castellón están enmendando por dos motivos fundamentales. 

Primero, porque Villarejo encubre sus propios negocios bajo supuestas misiones de gran importancia para el Estado, que en este caso sería una operación contra ETA en Uruguay que acabó finalmente en las empresas de Villarejo que crearon el hotel Don Pepe y que llegaron a Estepona al caer el secreto bancario, lo que vendría a probar el blanqueo de capitales del que está acusado. Y segundo, porque de Estepona provienen algunos de los más importantes clientes de Villarejo, por ejemplo, los que en el año 2006 intentan librarse de las imputaciones de blanqueo de capitales de la Operación Hidalgo, como el narco-banquero José María Clemente Marcet, o el traficante de armas Monzer Alkassar.

Los testigos de Astapa y el hermano cura de Villarejo

En 2006, coincidiendo con la Operación Hidalgo -en la que también estuvieron imputados el cuñado del socio de Villarejo, Adrián de la Joya, Abdul Rahman El-Assir y el traficante de armas Adnan Kashogui-, dos miembros del grupo municipal socialista de Estepona, localidad regida por el también socialista Antonio Barrientos, hicieron caso a las supuestas quejas que desde tres años antes venía haciendo el empresario Juan Carlos Escribano Cárcel, considerado por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, socio y testaferro de Villarejo.

En noviembre de ese año, David Valádez y Cristina Rodríguez acuden a la UDEF a poner una denuncia contra su compañero Barrientos y explican que hay un empresario, Escribano, que asegura que la pareja del alcalde le extorsionó entre 2003 y 2004 y que no quería y no podía culminar el proyecto El Mirador de la Cala. La denuncia la ponen ante el mismo policía que recogió las testificales de Victoria Álvarez y Javier de la Rosa en el caso Pujol. También en el inicio de este caso tiene mucho que ver el comisario, ya que, al menos Valádez, mantenía una buena relación con Escribano y con el hermano cura de Villarejo, que ejercía en Estepona.  

Según defiende el ex alcalde Antonio Barrientos y su defensa ante el juzgado de Estepona, así como algunos técnicos del ayuntamiento y otros imputados,  a Escribano no se le concedía la licencia de primera ocupación porque no cumplía con la legalidad vigente. No fue hasta 2008, con la operación Astapa reventada y la coorporación municipal detenida, que el sucesor de Barrientos, el denunciante David Valádez, concede al socio y testaferro de Villarejo todos los permisos necesarios. Sin embargo, el fiscal Víctor Bueno se equivoca en su nuevo escrito y exculpa a Villarejo de tener ninguna relación con la causa Astapa, porque la data en 2008 y no en 2006, que es cuando se produce la denuncia y las primeras diligencias.  

Además, Valádez contrata como arquitecto municipal a Diego de Lucas, quien aparece como administrador de algunas sociedades de Villarejo y su mujer. De Lucas también está grabado en la sede central de Torre Picasso con diferentes empresarios que tenían intereses en Estepona y a quien el otro socio y testaferro de Villarejo, Rafael Redondo, atendía y les aseguraba que podría solucionarles sus problemas en el municipio. 

Por ahora, no obstante, la nueva juez del caso Astapa Mónica Villena ha dado la razón a los acusados, según la providencia dictada el pasado 11 de octubre. Será su contestación a este nuevo escrito de fiscal lo que determine si se inicia una investigación sobre todo este asunto y acompaña al juez García Castellón en el esclarecimiento del caso Villarejo.