El primer debate de política general (DPG) del Parlament de Catalunya celebrado durante la presidencia de Salvador Illa se ha desarrollado sin sorpresas y con la constatación que el nuevo Govern tendrá que conseguir avances significativos en la reforma de la financiación y en garantizar el derecho a la vivienda si quiere aspirar a que el apoyo de los Comuns y, sobre todo, de ERC vaya más allá de la investidura.

Unos apoyos necesarios porque el Govern monocolor del PSC pueda tirar adelante sus políticas sin problemas, puesto que las tres formaciones suman 68 diputados, justo la cifra que marca la mayoría absoluta en la cámara. El debate ha culminado este jueves al atardecer, después de que arrancara el martes por la tarde.

La presentación y posterior votación de las propuestas de resolución ha servido para que cada grupo marcara perfil político y para constatar las alianzas potenciales y las cuestiones que generan más discrepancias. Así, además de PSC, republicanos y comuns, la CUP también se ha manifestado a favor de un abordaje más ambicioso de la vivienda que comporte la regulación del alquiler de temporada y del de habitaciones –entre otras medidas–, además de la construcción de miles de pisos sociales.

La demanda de la aplicación inmediata de la amnistía "sin más dilaciones ni arbitrariedades" ha sumado a Junts a estas cuatro formaciones. Ahora bien, el partido de Carles Puigdemont ha evidenciado durante el DPG que tiene la intención de hacer una oposición dura al ejecutivo catalán.

La reforma de la financiación, que fue la cuestión que marcó las negociaciones para la investidura de Illa y, probablemente, será la que marcará la primera parte de la legislatura, ha aparecido en propuestas de resolución de buena parte de las formaciones.

Pero solo el PSC, ERC y los Comuns han coincidido en votarse las respectivas propuestas que avalan que el Govern negocie un modelo de financiación "singular" que conlleve que Catalunya recaude todos los impuestos, en la línea de lo que se detalló en el acuerdo de investidura entre Esquerra y los socialistas. Junts se ha desmarcado y ha optado por votar a favor de una propuesta propia, que demanda directamente el "concierto económico" para Catalunya, y que no ha recibido el apoyo de la cámara.

Con todo, hay que matizar que ERC ha aprovechado el debate para avisar a Illa que "sin concreción" en la financiación singular, "no habrá presupuestos" del Govern para el año próximo, ni legislatura. Los republicanos, por lo tanto, no se conforman con las promesas del presidente de la Generalitat y demandan pasos claros que permitan avanzar hacia el modelo que acordaron en agosto y que tendría que arrancar con la recaudación del IRPF del 2025 por parte de la Hacienda catalana.

Regular el alquiler de temporada

La vivienda, con un acceso cada vez más complicado para una parte significativa de la población, se llevó los principales titulares de la primera sesión del debate, con el discurso de Salvador Illa y su anuncio de construir 50.000 pisos sociales hasta el 2030. Pero la realidad es que la medida no dejaba de formar parte de los acuerdos de investidura firmados tanto con ERC como con los Comuns.

Con todo, el debate sí que ha permitido evidenciar que hay una mayoría en la cámara partidaria de abordar la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones y que va desde el PSC hasta la CUP, pasando por ERC y los Comuns, como se ha visto a partir de la aprobación de algunas propuestas de resolución.

Junos, en cambio, como el PP se opone a la regulación y se limita a pedir incentivos fiscales a los propietarios, en la línea de lo que defiende el sector inmobiliario. Justamente en la réplica a los Comuns, Isla se comprometió a tener una regulación antes de acabar el año, en lo que es una medida demandada desde hace tiempo por las entidades sociales para acabar con los agujeros que tiene la ley estatal de la vivienda.

También se tiene que interpretar como un gesto hacia ERC, que el PSC haya votado a favor de su propuesta para mantener los objetivos de la Oficina del Plan Piloto de la Renta Básica Universal (RBU). Es otro de los puntos que figuraba en el pacto de investidura, pero que ha tambaleado últimamente, después de que el Govern haya manifestado la intención de reducir el presupuesto del plan piloto y haya cesado el hasta hace unos días director de la oficina, Sergi Raventós.

La defensa y el impulso del catalán o la culminación del traspaso de Rodalies y la mejora del servicio son otras cuestiones que han generado cierto consenso en las votaciones de este jueves, con los tres grupos de la investidura y, en algunos casos, también Junts y la CUP.

Menor presencia del conflicto territorial

Si por algo han servido los primeros dos meses de presidencia de Salvador Illa ha sido para evidenciar que la etapa del procés queda atrás y que, como mínimo a nivel institucional, el conflicto político entre Catalunya y el Estado ha bajado de intensidad. Si martes insistió que su ejecutivo pasará de la "confrontación" a la "colaboración" con el Gobierno, en las votaciones se ha puesto nuevamente de manifiesto la división independentista.

Más allá del amplio consenso que genera reclamar la aplicación inmediata de la amnistía –que también pidan PSC y Comuns–, no se ha aprobado ninguna propuesta de resolución que demande explícitamente la celebración de un referéndum de autodeterminación. ERC había presentado una, pero solo ha recibido el voto de sus diputados y de los de la CUP, mientras que Junts se ha abstenido y la extrema derecha independentista de Aliança Catalana ha votado en contra, como han hecho el PSC, PP y Vox.

Modelo de país divergente

En otras cuestiones el PSC ha evidenciado que su modelo de país a nivel de infraestructuras y de desarrollo económico se aleja bastante del que defienden Comuns y ERC. Así, por ejemplo, los socialistas han votado a favor de una moción del PP a favor de la ampliación del Prat, mientras que republicanos, Comuns y también la CUP se han opuesto y Junts se ha abstenido.

Además, el PSC tampoco se ha opuesto a otra propuesta del PP que defendía aprobar el plan director urbanístico que haga posible el proyecto Hard Rock, a pesar de que a la vez había acordado una resolución con ERC y Comuns –que se ha aprobado– que pide aumentar la fiscalidad al juego y, por lo tanto, teóricamente dificulta que el gran casino del Camp de Tarragona salga adelante. Equilibrios complicados que veremos como evolucionan las próximas semanas con la negociación de los presupuestos de la Generalitat de 2025.