El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido que la futura Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana es 'necesaria', al tiempo que ha esgrimido que 'no se trata de sancionar más, sino mejor' y que los derechos a la información y de libertad de expresión se 'preservan y no se verán limitados' en el texto, sino que se hacen 'compatibles' con el derecho a la intimidad personal y familiar de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en una visita a la Academia Galega de Seguridade Pública, después de trascender que esta normativa incluirá sanciones de hasta 600.000 euros para concentraciones no comunicadas frente al Congreso u otras instituciones del Estado y para aquellos que graben y difundan imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo si atentan contra su honor y ponen en riesgo su seguridad.

Preguntado por las duras críticas de los grupos de la oposición, ha señalado que el texto está aún en fase de anteproyecto, para agregar que 'hablar sobre lo que no se conoce' le parece 'un poco arriesgado'. A modo de argumento, ha señalado, por ejemplo, que el Código Penal en tramitación 'elimina las faltas, unas porque pasan a ser delitos leves y otras porque pasan a ser infracciones administrativas'. 'Si no las incorporamos a esta reforma hay conductas que ahora están tipificadas en le Código Penal que quedarían en el limbo jurídico', ha alegado.

Convencido de que 'sólo ya eso justificaría' la nueva ley, ha añadido que los 22 años transcurridos desde que se aprobó la norma vigente en la actualidad también han puesto de manifiesto la existencia de nuevas conductas que 'atentan contra la seguridad ciudadana' y que deben ser reguladas 'en una ley de estas características'.

Por otra parte, Fernández ha subrayado que existe 'numerosísima jurisprudencia constitucional y contenciosa que también debe ser incorporada' a un nuevo texto. 'No se trata de sancionar más, sino de sancionar mejor, y de dar más seguridad jurídica en un ámbito tan sensible como el de la seguridad ciudadana', ha proclamado el ministro. De hecho, ha confesado estar 'seguro' de que cuando se conozca el proyecto quienes lo critican 'se darán cuenta de que a todas estas cosas que se están diciendo se les puede aplicar aquello de que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia'.

Preguntado acerca de si la prohibición de grabar y difundir imágenes atañe a los medios de comunicación, ha insistido en que el texto aún no ha sido ni siquiera analizado por el Consejo de Ministros como anteproyecto y ha abogado por 'poner las cosas en su justa dimensión'.

'Por supuesto que la libertad de expresión y el derecho a la información como derechos fundamentales y básicos se preservan y en absoluto se pueden ni deben limitar', ha esgrimido, para añadir que lo que busca la futura ley es hacer 'compatible' la aplicación de estos derechos con el de intimidad de los efectivos de las fuerzas de seguridad y ha aludido, a modo de ejemplo, a los efectos de las redes sociales. 'Buscar un adecuado equilibrio es lo que se pretende, sin limitar para nada la libertad de expresión y la de información', ha garantizado, antes de asegurar que el trabajo de los periodistas 'no se va a ver menoscabado' por la norma.