"El 44% de la subida se la va a quedar el Gobierno vía impuestos", aseguró este lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en referencia a la presión fiscal que va a soportar el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) si el Congreso respalda la subida a 1.134 euros brutos mensuales (15.876 anuales en catorce pagas) pactada hace unos días por el Gobierno y los sindicatos tras el descuelgue de las patronales  con las actuales normas del IRPF.

La intervención del jefe de los populares en el Foro Nueva Economía supuso el enésimo despliegue de datos erróneos, falsos y/o enrevesados desde su salto a la política estatal, un historial que incluye confundir la prima de riesgo con los tipos de interés, recortar los registros de empleo o magnificar los de las quiebras empresariales, episodios que sugieren un margen de mejora entre inquietante y turbador para alguien que aspira a presidir el Gobierno.

Salvo que, en realidad y de tapadillo, de lo que vaya esa propuesta sea de dejar libres de impuestos 15.000 euros de todas las rentas salariales, con independencia de su cuantía.

La afirmación se producía poco antes de que el Ministerio de Hacienda anunciara que va a modificar al alza el mínimo exento del IRPF para mejorar la tributación del SMI una vez entre en vigor su subida, medidas que serían aprobadas en el mismo Consejo de Ministros y antes de regular un acompasamiento del IPRF al nuevo SMI en los Presupuestos Generales del Estado, como han ido haciendo todos los Gobiernos revisión tras revisión.

En cualquier caso, resulta desconcertante la velocidad a la que un 15 de enero se sucedieron los acontecimientos sobre una cuenta que se liquida entre el 1 de abril y el 30 de junio del año siguiente, y que recuerdan el debate abierto hace un año en torno a la tributación de las pensiones tras la subida del 8,5%.

¿El SMI con la misma presión fiscal que un sueldo de 503.000 euros?

Feijóo ofreció una distorsionada escena con la que pretendía equiparar la presión fiscal que soporta quien subsiste con el SMI con la de quienes perciben sueldos de medio millón de euros brutos anuales, que son los que en la práctica, y según las estimaciones de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, tienen una de esa magnitud. Se alcanza, concretamente, a partir de los 503.000.

Y lo hizo a partir de un artificioso batiburrillo de conceptos tributarios, salariales y aritméticos cuyo único objetivo consistía, en realidad, en erosionar al Gobierno al socaire de un debate complejo de por sí como el referente a los impuestos y del que obvió varios aspectos clave.

"Feijóo exige ampliar la exención del IRPF para que el Gobierno no se quede con el 44% de la subida del Salario Mínimo Interprofesional", aseguraba a media mañana el comunicado del PP que anunciaba la presentación en el Congreso de una propuesta de exención tributaria "para que el 100% del incremento del SMI se lo queden los trabajadores y no que el Estado se quede casi la mitad de dicho incremento, pese a estar teniendo una recaudación "histórica".

Su argumentación fue la siguiente: el pacto Gobierno sindicatos contempla subir el SMI de 1.080 euros brutos mensuales a 1.134, lo que supone 648 más al cabo del año; y, como la retención a cuenta del salario mínimo pasaría de 33,30 a 320,56 euros mensuales al producirse el aumento antes de revisar las normas del IRPF, eso supone que Hacienda se llevaría 287,26 de esos 648 euros, es decir, el 44,37% de la subida.

"Si elevamos el límite excluido de retención [sic] desde los 15.000 euros anuales [actuales] a los 15.876 [pactados], el 100% del salario mínimo se lo queda el trabajador. Esa es nuestra propuesta", dijo Feijóo, que confunde ese concepto con el de los ingresos mínimos a partir de los que existe obligación de presentar declaración de IRPF.

Los cálculos de los conservadores se completan con otra aseveración de carácter silogístico: si según el Ministerio de Trabajo hay 2,5 millones de trabajadores que cobran el SMI, "el Estado va a ingresar 840 millones", informa Europa Press

Retenciones, reducciones, bonificaciones, desgravaciones, deducciones

El planteamiento de los populares incluye trazos groseros, carentes de precisión, como el hecho de utilizar bases distintas para calcular el 44% y los 840 millones o, también, los de obviar que las empresas están obligadas a retener como mínimo un 2% de las nóminas de sus empleados (los 320,56 euros del nuevo SMI) o que quien cobre, por ejemplo, un SMI incompleto más una pensión, ya sea de viudedad o de incapacidad no absoluta, sí debe presentar declaración de IRPF por tener más de un pagador.

"Se trata de un error matemático en el que mezclan una subida de la retribución con un aumento de la tributación", explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

El planteamiento también omite que quizás se trate de una propuesta generalizada de rebaja de impuestos para todas las rentas, ya que cualquier rebaja en un tramo del IRPF se aplica a todas las superiores y no únicamente a las de ese bloque; es decir, que quien estaría teóricamente sujeto a una cuota del 47% de sus ingresos (sin incluir bonificaciones, deducciones y desgravaciones) por cobrar más de 300.000 euros tributa en cada tramo de esa cifra al tipo establecido y solo paga el 47% por lo que supere los 300.000.

Eso hace que, en la práctica, las cuotas íntegras, que indican la liquidación teórica del IRPF, sean mucho menores de las que marca el cuadro oficial: una media del 16% para rentas de hasta 150.000 euros y otra del 13,85 para los de hasta 600.000 antes de aplicar bonificaciones, deducciones y desgravaciones en la declaración de 2021, que es la última con datos disponibles.

La propuesta de Feijóo también pasa por alto que de esas retenciones a cuenta es de donde salen las devoluciones, incluidas las que genera el alquiler de vivienda o las reducciones como las correspondientes a la crianza de hijos o a presentar una discapacidad.

"Si a una persona se le eliminan las retenciones no puede beneficiarse de las deducciones", señala Mollinedo, que recuerda que el límite de retención o la obligación de declarar solo afectan a las rentas de carácter laboral, pero no a otras como las de cobro de alquileres o rendimientos financieros.

Las estimaciones de Gestha apuntan a más lagunas en la propuesta, como el hecho de que, de los 279.725 trabajadores que cobraron entre 14.362 y 15.120 euros brutos en 2023 y ahora superarían esa cantidad con la subida del SMI, el 55,5% son mujeres y el 36,4% tiene menos de 35 años, "lo que significa que buena parte de ellas son madres o padres con hijos menores, a quienes se aplicaría el límite de retribución excluyente de retención de 15.599 euros".

Así, añade Mollinedo, "cabría estimar que el aumento de retención por el aumento del SMI podría afectar a unas 101.700 personas, las cuales serían solteras, sin hijos ni otras cargas familiares o personales", y a las cuales "estas retenciones se les devolverían si contasen con deducciones como las del alquiler de vivienda u otras".