Hartas de esperar, las 104 familias que llevan años luchando para sacar del Valle de los Caídos los restos de sus familiares represaliados por la dictadura franquista –y enterrados allí contra su voluntad–, han decidido pasar a la acción y han presentado una querella en los juzgados de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) contra Carlota Pérez, alcaldesa de esa localidad gobernada por el PP, por su "negativa" a reactivar la licencia de obras que permita acceder a las criptas de la basílica para proceder así a las exhumaciones de los restos de sus seres queridos.

La reactivación de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial era el último trámite para empezar los trabajos. Fue concedida hace más de un año, el 24 de junio de 2021, pero asociaciones franquistas contra la memoria presentaron varios recursos que fueron aceptados por el juzgado contencioso-administrativo número 10 de Madrid. La licencia de obras se paralizó entonces, hasta que el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó levantar la medida cautelar que impedía ponerla en marcha. Según la sentencia del TSJM, la exhumación de los restos no supone "una transformación urbanística", por lo que "no concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de la licencia urbanística".

A pesar de esta sentencia del TSJM, Carlota López ha dilatado todo lo posible en el tiempo esa licencia de obras. La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial se escuda en un informe elaborado por una secretaria accidental del Ayuntamiento –suplía la falta del secretario titular– que dice que hay que esperar a que se resuelva el recurso que presentó una asociación fascista (Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos) contra la decisión del TSJM. Es más, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial alega que hasta que no haya sentencia firme no accederá a la solicitud de renovar el permiso de obras.

Las familias querellantes consideran que Carlota López habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al contravenir diversas resoluciones judiciales y con ello "vulnerar la reparación de las víctimas y el principio constitucional de la dignidad de las personas". Señalan, además, que "la querellada ha dictado en pleno municipal su negativa a reactivar la licencia municipal, y a su vez, es conocedora del fallo del TSJM por el que se levanta la suspensión sobre dicha licencia que ella misma otorgó, 12 meses antes".

En los hechos, el abogado de las familias de las víctimas de la dictadura, el letrado Eduardo Ranz Alonso, menciona el auto, de 30 de marzo de 2016, dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial que reconoció el derecho a la digna sepultura de los hermanos Lapeña Manuel y Antonio-Ramiro, una sentencia histórica que seis años después no se ha ejecutado.

"¿Qué ha cambiado desde el 24 de junio de 2021, fecha en la que se otorgó la licencia, al 20 20 de junio de 2022, fecha en la que se levanta la suspensión por el TSJ? La corporación es la misma, la alcaldesa, autoridad y hoy querellada por prevaricación, al negarse a reactivar la licencia de exhumación de las víctimas del Valle, es la misma, ¿Qué explicación puede existir para variar, en tan solo un año, una decisión municipal, basada en los informes preceptivos?", recoge la querella.

El abogado de las familias sostiene que se está ante "una ilegalidad flagrante y clamorosa, tan grosera y evidente que revela por sí misma la injusticia, el abuso y el plus de antijuricidad, que están sufriendo las familias que buscan ver materializado lo que la justicia les ha reconocido". Subraya, además, que las víctimas están viendo vulnerado sus derechos constitucionales.

Las familias de las víctimas no son las únicas que se han movido. Podemos ha pedido al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el expediente de licencia para comprobar posibles dilaciones en el proceso.

Esteban Tettamanti, concejal de Podemos en este municipio, ha señalado a Europa Press que desde su grupo municipal apoyan la querella interpuesta por familiares de inhumados en el Cuelgamuros contra la alcaldesa Carlota López Esteban por un presunto delito de prevaricación.

"No sabemos si hubo prevaricación porque eso deberá decirlo un juez pero sí tenemos dudas de posibles dilaciones en la concesión de la licencia", ha subrayado en relación a los cuatro meses que pasaron desde que se concedió el 24 de junio de 2021 hasta que un juez acordó el 16 de noviembre de ese año aceptar la medida cautelar de su paralización.

Para el edil, a la alcaldesa le vino bien el informe jurídico de la secretaria accidental en el que se informaba de que no se procedería a la renovación de permiso hasta que no haya sentencia firme en el procedimiento penal relativo a dicho permiso. El concejal de Podemos recuerda que ese informe "recomendaba" esperar la sentencia firme, no "obligaba" a hacerlo.

"Creemos que a la alcaldesa le ha faltado empatía y solidaridad con las familias por ese esfuerzo en ralentizar los tiempos. Nos faltan datos de lo que pasó durante esos cuatro meses y por eso hemos pedido el expediente para que nos aclaren las dudas que hay", ha reseñado el edil de Podemos.

Según el censo del Ministerio de Justicia en el Valle de los Caídos fueron enterrados entre 1959 y 1983 los restos de 33.833 personas (21.423 identificados y 12.410 sin identificar) de ambos bandos de la Guerra Civil. En la mayoría de los casos, sobre todo si se trataba de combatientes republicanos, sin consentimiento ni conocimiento de las familias.