Los expresidentes de la Cepyme defienden la legalidad de sus salarios

Los expresidentes de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) Jesús Bárcenas y Jesús Terciado han defendido los salarios que percibieron por su "dedicación completa" al cargo, remuneraciones "conocidas por todos" y avaladas por la patronal CEOE, de la que "dependían las cuentas".

Durante el juicio por presunta falsedad documental y apropiación indebida, los cinco acusados, integrantes de la antigua cúpula de Cepyme, han indicado que dependían para todas sus actuaciones de la CEOE, tanto económicamente como a nivel de estructura, pues ésta decidía "desde los salarios hasta los puentes".

Terciado ha declarado que facturaba su sueldo de 12.500 euros al mes a través de dos de sus sociedades porque así lo autorizó el secretario general de la CEOE José María Lacasa, pues empleaba recursos propios como "vehículos y oficinas".

Una versión que ha contradicho el propio Lacasa, que ha relatado como testigo que no tenía ninguna autoridad en Cepyme, sólo conocimiento "como de otras organizaciones miembros de la CEOE, pero que son absolutamente autónomas", por lo que se ha desmarcado de la aprobación de los salarios.

Con todo, Bárcenas, presidente de la Cepyme entre 2002 y 2010, ha afirmado que la CEOE, con José María Cuevas al frente, dotó de una partida para alta dirección para compensar al presidente y al secretario general, por su "dedicación exclusiva" en el contexto previo a la crisis, en 2006.

Al respecto, ha aseverado que este acuerdo fue comunicado a la junta directiva y al comité ejecutivo de Cepyme, que "en ningún momento manifestaron salvedad alguna" a la formulación de las cuentas anuales, en las que "se documentaban" dichos salarios, que en su caso ascendía a 5.500 euros al mes.

Sobre el pago de 5.365 euros mensuales por el alquiler de un coche oficial a una de sus empresas, Bárcenas ha dicho que éste era un gasto necesario y ha sostenido que su oferta fue "la más competitiva" de cuantas pudieron encontrar ya que "no era el momento, ni para Cepyme ni CEOE para comprar un coche de 120.000 euros".

Ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, ha afeado a quienes le acusan por su gestión, en la que consiguió "400.000 euros de superávit" e implantó las actividades de auditoría "a fin de que hubiera transparencia".

Razón por la que ha lamentado "el dolor que ha causado a la empresa familiar" este proceso, iniciado en 2014 a raíz de la denuncia de la Confederación de Empresarios de Salamanca (Confaes).

También ha cargado contra las acusaciones Jesús Terciado, que ha negado que la función de presidente fuera "honorífica o gratuita", como expone la Fiscalía, que solicita para los cinco implicados en la causa cuatro años de prisión por haber sustraído supuestamente 1,2 millones de euros entre junio de 2009 y octubre de 2012.

Según el escrito de clasificación, Terciado habría desviado 314.167 euros y 416.320 euros a dos empresas especializadas en topografía, partidas presuntamente enmascaradas bajo el concepto de "asesoramiento y consultoría".

Sin embargo, ha obviado responder a cuestiones relacionadas con ambas sociedades.

En relación a las remuneraciones ha incidido el que fuera gerente de la Cepyme José Manuel Vilar, que a preguntas del Ministerio Público, ha afirmado que los estatutos "ni autorizan, ni prohíben" a los presidentes percibir salario, por lo que el cobro no sería ilegal "siempre que ofrecieran los servicios" inherentes a su cargo.

Del mismo modo, ha señalado a la CEOE como responsable de "dar indicaciones sobre los pagos y las cuentas de Cepyme y controlar las cuentas".

Por su parte, el ex secretario general de la confederación José Alberto González ha negado haber presenciado "situación anómala" alguna bajo la presidencia de Terciado, y ha señalado que el deterioro contable registrado en Cepyme en 2012 se produjo por un "hecho externo", la devolución de más de un millón de euros al Estado por irregularidades en la Fundación para la formación.

Circunstancia en la que ha insistido el último de los acusados, el exsecretario Gonzalo Garnica, que ha recordado que el fundador de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, para quien trabajó, ya era remunerado "siguiendo la costumbre empresarial de que todo el que trabaja tiene que cobrar".

Algo "bastante lógico", ha señalado el actual presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha reconocido tener un salario por su cargo "desde hace tres meses" después de que "se aclararan los estatutos", y ha ratificado que no reclamarán al estimar que no existió perjuicio patrimonial.