El expresidente de la primera Caja rescatada recibe 247 euros al mes del Congreso para su pensión máxima

El Congreso de los Diputados abona mensualmente al ex diputado Juan Pedro Hernández Moltó la cantidad de 247,30 euros para poder llegar a la pensión máxima del sistema público de pensiones. Su nombre aparece en la relación de ex parlamentarios que se acogen a esta prestación social de las Cortes Generales, actualizada el pasado 9 de mayo.

Tanto el Congreso de los Diputados como el Senado complementan la diferencia entre la pensión a la que tiene derecho cualquier ex parlamentario según su historia laboral y la pensión máxima del sistema público - 2.567 euros brutos mensuales por 14 pagas en 2017 -, según un acuerdo de las Mesas de ambas cámaras de 2011.

Hernández Moltó fue diputado del PSOE por Toledo desde 1989 y 1999 – tres legislaturas -, año en que abandonó la Cámara baja para competir por la alcaldía de Toledo. En ese tiempo desempeño la función de portavoz de Economía del grupo socialista. En esa responsabilidad se convirtió en un protagonista mediático durante la comisión de investigación parlamentaria por el caso Ibercorp.

En una de sus sesiones, el 15 de abril de 1994, interrogó al Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, implicado en aquella trama de tráfico de dinero negro. “Señor Rubio, ¡míreme a la cara!, ¡de frente! Me recuerda, ¿no?”, le dijo en uno de los momentos más tensos de aquella comisión de investigación que tuvo una gran repercusión mediática.

Hernández Moltó estuvo al frente de la Caja de Castilla La Mancha durante diez años, entre 1999 y 2009. Accedió a ese puesto de la mano del entonces presidente autonómico José Bono después de fracasar en su intento de lograr la alcaldía de Toledo. En ese tiempo percibió una remuneración en torno a los 150.000 euros anuales, según diversas fuentes.

La Caja de Castilla La Mancha fue la primera entidad pública intervenida por el Banco de España después de que la entidad supervisora detectase irregularidades en las cuentas facilitadas por el equipo que dirigía Hernández Moltó. Para el ejercicio anterior se declararon unos beneficios de casi 30 millones de euros cuando en realidad las pérdidas eran de varios centenares de millones.

El saneamiento de Caja Castilla-La Mancha necesitó la inyección de 9.000 millones de euros de recursos públicos para su saneamiento. Finalmente, la entidad fue vendida a Liberbank, una entidad formada por otras cajas regionales, por un precio muy inferior a la inversión requerida. La región se quedó sin su referencia financiera de proximidad.

El ex presidente de la caja regional, a la que pretendió a última hora fusionar con Unicaja e Ibercaja, fue juzgado en la Audiencia Nacional junto con el consejero delegado de la entidad, Idelfonso Ortega. En febrero de 2016 la sentencia de la Audiencia Nacional condenó Hernández Moltó fue condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 29.970 euros por un delito societario de falsedad contable.

El magistrado que dictó la sentencia, José María Vázquez Honrubia, le eximió de una pena mayor por entender que no hubo enriquecimiento personal. Sin embargo, en la sentencia le afeó su comportamiento al presentarse simplemente como “animador cultural” en sus funciones como presidente de la caja.

Hernández Moltó solicitó acogerse al complemento del Congreso de los Diputados para llegar a la pensión máxima tras cumplir el pasado mes de enero los 65 años. Los 247,38 euros le son abonados en doce mensualidades, aunque la cantidad compensatoria corresponde a las 14 pagas que reciben todos los pensionistas.

En la relación que aparece en la página web del Congreso de los Diputados en su apartado régimen económico correspondiente a la pestaña de Diputados - figuran un total de 84 ex parlamentarios, la mayoría de ellos pertenecientes a las primeras legislaturas. Algo más de la mitad perciben cantidades superiores a los 1.000 euros.