El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pedirá su reingreso en la carrera judicial, ahora que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) ha concluido que el Tribunal Supremo (TS) vulneró los derechos de presunción de inocencia y de revisión de la condena y la pena. 

El Supremo condenó en 2012 al exjuez a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación después de que Garzón ordenara la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'. 

En una entrevista que ha publicado El País, Garzón ha explicado que va a pedir su reingreso en la carrera judicial. El exjuez ha detallado que el dictamen de las Naciones Unidas es "muy contundente", pues en él se puede leer cómo la ONU considera que Garzón no tuvo "acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquismo —por el que fue absuelto— y Gürtel". Por ello, ha dictaminado que España compense al exmagistrado por el daño causado. 

"Para mí, lo más importante es que pide que se tomen medidas para que en el futuro no ocurra nada semejante", ha expresado a El País. Y considera que "es un dictamen de protección a jueces y fiscales para el futuro. La reparación integral sería mi reposición como magistrado". Además, ha señalado que lo que toca ahora es "blanco y en botella" porque "si te han quitado tu profesión, que te la devuelvan"

Y es que, también en la entrevista, el que fuera juez en la Audiencia Nacional ha expresado su deseo de retomar su carrera, sin embargo, ha expresado que ahora estudiará el cauce adecuado para solicitar ese reingreso porque, apunta, "de oficio no lo van a hacer". Y ha añadido que será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien tendrá que tomar una posición al respecto. 

En el dictamen, el comité ha reprochado la actuación del Supremo y el hecho de que los procedimientos 'Franquismo' y 'Gürtel' fueran tramitados simultáneamente, con juicios celebrados con cinco días de diferencia y con jueces que participaron en ambas causas, pese a la solicitud del exmagistrado de que fueran recusados. 

España tiene seis meses para presentar sus explicaciones

De acuerdo a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, España deberá presentar sus "explicaciones o declaraciones escritas" y avisar si ha adoptado medidas sobre el caso de Garzón en un plazo de seis meses ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 

Fuentes del órgano de expertos independientes han precisado a la agencia de noticias Europa Press que el Pacto, que lleva vigente desde 1976, especifica en su artículo 4.2 el plazo que tienen los Estados Parte para pronunciarse sobre los dictámenes y avisar si han adoptado o no alguna acción al respecto. 

Además, según estipula el artículo 106 del Reglamento del comité, se va a designar un "relator especial" que debe llevar a cabo un seguimiento del dictamen aprobado con el objetivo de "cerciorarse" que España ha tomado medidas para "dar efecto" a la resolución. 

"El Relator Especial podrá tomar las medidas y establecer los contactos apropiados para el cumplimiento del mandato de seguimiento", precisa la normativa. Este, además, podrá recomendar las "medidas complementarias que sean necesarias". El Comité incluirá en su informe anual "información sobre las actividades de seguimiento". 

Las observaciones de España

España, como Estado Parte, presentó sus observaciones sobre el caso de Garzón el pasado 31 de julio de 2020, según consta en el dictamen. 

Este dicta, sobre el caso 'Franquismo' —que investigaba desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco—, que "no se puede establecer" que la apertura del proceso penal contra el exmagistrado fuera "arbitraria", ya que su actuación "chocaba frontalmente con cuestiones básicas de un Estado de Derecho". Además, insiste en que la sentencia fue absolutoria porque la interpretación del derecho realizada por el exjuez fue "errónea", pero no alcanzó la característica del delito de prevaricación. 

En cuanto al 'caso Gürtel', España indicó que no existían argumentos que justificaran la "existencia de parcialidad" del Tribunal Supremo. Según defendió, no puede apreciarse "arbitrariedad ni denegación de justicia en el proceso penal". El comité de la ONU ha asegurado que la interpretación de Garzón —"aún en el supuesto de haber sido errónea"— "no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal", que le llevó a perder definitivamente su cargo como titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. 

En esta línea, el Comité ha subrayado que la condena del Supremo en el caso de la trama Gürtel fue "arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida" por la ley. Y ha reprochado que el exjuez no tuviera acceso a una segunda instancia. 

Además, ha indicado que, en el supuesto de que Garzón hubiera incurrido en un error judicial, este debiera haberse corregido mediante la revisión por un tribunal superior y no mediante su procesamiento penal. 

En el marco de su estrategia de defensa, el exmagistrado recurrió también ante el Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos inadmitieron de plano sus recursos contra la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo.