Este martes, Francisco Martínez, el que fuera secretario de Estado de Seguridad en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, en la que se conformó una 'brigada política' dentro del Ministerio del Interior, que ahora se está investigando en la Audiencia Nacional, ha regresado a una comisión de investigación en el Congreso sobre las labores ilegales por las que está imputado en varias causas. Y por ese motivo ha declinado contestar a las preguntas de los diputados y diputadas.

"¿Quién le daba las órdenes para que nos investigara ilegalmente?", le ha preguntado la líder de Podemos Ione Belarra a Martínez, en alusión al espionaje ilegal a los diputados y diputadas de la formación morada el Gobierno de Rajoy. El juez Pedraz ha abierto una causa ante la querella de Podemos por este espionaje. 

"Usted misma es acusación particular en ese proceso, es una confusión de los roles, en el Ejecutivo y Legislativo", ha reprochado el número dos de la 'brigada política'. "Pero teniendo un proceso abierto, en el cual me defenderé, no le voy a contestar", ha dicho Martínez. Y así ha continuado prácticamente durante toda su comparecencia, aunque ha aprovechado la ocasión para negar la existencia de la llamada Operación Catalunya, sobre las labores parapoliciales, como el espionaje ilegal, para desprestigiar a contrincantes políticos. 

Le ha imputado Martínez a Belarra y a Podemos la filtración de los mensajes de su móvil que el juez García Castellón había expurgado del sumario del caso Kitchen.

Hay que recordar que las personas citadas en las comisiones de investigación están obligadas a comparecer pero no a declarar, sobre todo, en caso en los que están imputados y todo lo que digan en sede parlamentaria pueda perjudicarles. Es lo que ha ocurrido este martes con Francisco Martínez y con el exDAO (Director Adjunto Operativo) de la Policía nacional Eugenio Pino. 

La tercera comisión para el exDao

Pino tampoco es nuevo en una comisión de investigación del Congreso. Es la tercera vez que acude a una sobre las cloacas de Interior en la etapa de Mariano Rajoy y del PP en el Gobierno. 

Procesado, junto a Martínez, por el caso Kitchen, también figura como investigado en la causa abierta por el juez Pedraz por el espionaje ilegal de Podemos. 

El comisario jubilado de la Policía tiene una condena, que ha recurrido al Tribunal Supremo, por revelación de secretos por distribuir un pendrive con información de la familia Pujol sin advertir del "origen ilícito" de la prueba. La sentencia indica que Pino, que era entonces el número uno de la Policía, cometió delito "desde el momento en que no cumplió con el deber que como funcionario público tenía de impedir que el pendrive tuviera recorrido alguno" y "le dio curso con un uso espurio de su contenido", según la sentencia.  

Pese a esto, hoy ha contestado afirmativamente a la pregunta sobre si cree que estuvo a la altura del cargo, como número uno de la Policía.

Pino ha comenzado diciendo que la comisión de investigación por la Operación Catalunya es una "comisión política y, como tal, tiene efectos políticos, por lo que no voy a responder".

Tanto él como Francisco Martínez han negado que existiera una estrategia por escrito contra los movimientos independentistas.