Las incertidumbres en torno al comercio armamentístico entre España y Arabia Saudí superan fronteras. Un grupo de expertos británicos ha llevado a la séptima conferencia de Estados Parte del Tratado de Comercio de Armas (TCA) –que se reúne virtualmente esta semana– un detallado informe sobre las vías para frenar el comercio de armas con el régimen de Salman bin Abdulaziz. En el caso de España han detectado un signo alarmante: se trata del Estado más restrictivo de Europa respecto al acceso a información sobre esa materia.

La opacidad en el multimillonario negocio de la venta de armas a la dictadura saudí ha sido criticada en reiteradas ocasiones por distintas organizaciones de derechos humanos a nivel de España. Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam o FundiPau –integrantes de la campaña Armas Bajo Control– han exigido hasta el cansancio que las autoridades españolas hagan públicos los informes mediante los que se autorizan las ventas de material armamentístico a Arabia Saudí, al tiempo que exigen también que esas operaciones se detengan hasta que el régimen ponga fin a los bombardeos a Yemen. 

Esos reclamos han chocado una y otra vez con el muro del Gobierno. Por un lado, La Moncloa asegura que los protocolos vigentes en torno a las exportaciones de armamento son lo suficientemente garantistas; por otro, sostiene que si se publicasen los informes oficiales sobre cada una de esas operaciones se pondrían en riesgo los negocios con Arabia Saudí, ya que el contenido de dichos documentos podría afectar a la "seguridad" del país comprador y, al mismo tiempo, perjudicaría la credibilidad de España como un vendedor en el que confiar.   

Ese secretismo, amparado en un decreto que aprobó el Gobierno de Felipe González en 1987 al calor de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, genera una mezcla de asombro y preocupación entre los miembros del Grupo de Expertos sobre el TCA, conformado por investigadores de la ONG británica Saferworld, de la Red de Acción Legal Global (GLAN por sus siglas en inglés) con sede en Londres y del Centro de Derecho Internacional de Manchester. 

En el informe presentado en el marco de la séptima conferencia de Estados parte del TCA, los investigadores destacan que "sin acceso a los documentos pertinentes relativos a las licencias de exportación de armas, es difícil, si no imposible" acceder a la "jurisdicción de los tribunales administrativos españoles" para "impugnar decisiones administrativas concretas, como las autorizaciones de exportación de armas presuntamente ilegales".

Los expertos ponen el foco de su asombro en la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, cuya modificación sigue pendiente en el Congreso. Tras destacar que "todos los documentos relacionados con las licencias" de exportaciones de armas "están amparados por el secreto de Estado", apuntan que ese silencio oficial es "un legado del régimen franquista y de la contrainsurgencia española contra ETA".

El investigador británico Roy Isbister, representante de la ONG Saferworld y coautor de este informe, señaló a Público que España "mantiene niveles excesivos de falta de transparencia" en esta materia, por lo que advierte que este asunto "podría acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Esa posible vía hacia Estrasburgo aparece contemplada en el documento elaborado por el grupo de expertos.

"Las leyes de secreto en España amparan las licencias de exportación de armas de tal manera que las hacen inalcanzables, bloqueando así por completo cualquier revisión administrativa", explica por su parte la abogada Valentina Azarova, integrante de GLAN y del Centro de Derecho Internacional de Manchester. 

La jurista –que además es coautora del informe presentado este martes– remarca que España cuenta a día de hoy con "el régimen de control judicial más restrictivo de Europa desde esta perspectiva". 

Vulneración del TCA

Ambos investigadores sostienen que tanto España como el resto de países europeos firmantes del TCA que venden armamento a Arabia Saudí vulneran lo estipulado en dicho tratado, que "exige a los Estados parte –entre los que se encuentran todos los Estados de la UE– que no autoricen las exportaciones cuando exista un riesgo significativo de que las armas puedan utilizarse para cometer o facilitar una violación grave de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario". "El suministro de equipo militar a Arabia Saudí y a otras partes en el conflicto que podría utilizarse en Yemen viola el TCA", remarcó Isbister.