ERC exige al Gobierno que cuantifique la complicidad de la Policía Nacional con la ultraderecha

ERC ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas, que el Gobierno tendrá que responder por escrito, sobre lo ocurrido el pasado 20 de septiembre durante la manifestación que se celebró en Madrid en solidaridad con las instituciones catalanas que estaban siendo intervenidas como parte de la investigación de la Operación Colisorium.

En sus preguntas, firmadas por el portavoz de la formación republicana Joan Tardà,  denuncia que el fotoperiodista Juan Carlos Mohr ha sido sancionado con una multa de 2.000 euros, en aplicación de la llamada Ley Mordaza, “pese a que el testimonio gráfico existente cuestiona la versión dada por la Policía Nacional, según la cual le multa”, tal como informó Público.

Además recuerda que en esa manifestación se produjo también una contramanifestación de la ultraderecha y solicita que el Gobierno aclare cuantas sanciones puso a manifestantes de una y otra movilización. En el informe policial solo constan 12 sanciones a manifestantes procatalanes y ninguna a los miembros de Falange, entre ellos su líder Manuel Andrino que, según algunos testigos, increparon a las fuerzas de seguridad que les hicieron un cordón policial para sacarles de la manifestación.

En su escrito, ERC solicita que el Gobierno informe sobre si la Delegación del Gobierno se informó sobre los casos o simplemente impuso la sanción en base a la denuncia policial; pregunta si los agentes de la Policía Nacional informaron a los sancionados por la finalidad del requerimiento de su documentación y si el Gobierno piensa investigar si los agentes policiales que efectuaron las denuncias ese día llevaban la identificación visible. Según las declaraciones de Juan Carlos Mohr a Público y los vídeos que grabó, la Delegación del Gobierno no investigó su caso, el agente que le pidió la documentación no le informó de que iban a multarle y no llevaba identificación visible.

Los republicanos catalanes, asimismo, cuestionan al Gobierno sobre si piensa investigar si la Policía Nacional actúa “con rigor e imparcialidad” en las denuncias que efectúan en manifestaciones y exigen el número de sanciones a agentes de la Policía Nacional “por extralimitarse en denuncias en manifestaciones, por actuar de manera desproporcionada contra personas de determinadas ideologías o por complicidad con la ultraderecha”.

Por último, preguntan al Gobierno si cree que “hay casos en que agentes de la Policía Nacional utilizan la denuncia contra periodistas como una manera de coartar la libertad de expresión o de incriminar a determinados periodistas, a los que identifican con una determinada ideología”.

El Gobierno tiene dos meses de plazo para responder, aunque podría pedir una prórroga fundamentada. Si no contesta en plazo, ERC puede solicitar respuesta oral en la comisión correspondiente, que en este caso es la de interior, presidida, en estos momentos, por el exministro de Justicia Rafael Catalá.