La derogación de la polémica Lomce, conocida como ley Wert, está cada vez más cerca. El Pleno del Congreso de los Diputados da este jueves un nuevo paso en la tramitación de la nueva ley educativa, la Lomloe, una norma que tampoco está exenta de críticas. Los grupos votarán en la Cámara Alta el dictamen de la Comisión de Educación, aprobado el pasado viernes por 20 votos a favor y 16 en contra.

Esta iniciativa, autorizada el pasado 3 pasado de marzo por el Consejo de Ministros, nació con el ánimo de enterrar la ley que sacó adelante el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 con los votos del Partido Popular. "Uno de los principales objetivos de la Lomloe es dar cumplimiento a la derogación de la Lomce, que es una ley muy retrógrada, segregadora, que limita la participación de los padres y las madres, y ha desequilibrado la educación pública y concertada", explica a este medio M. Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso.

La diputada socialista, conocedora de la ley al trabajar desde hace dos años coordinadamente con la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha liderado las negociaciones de su grupo con el resto de fuerzas parlamentarias en torno a la nueva norma. Así, defiende que la Lomloe "no es del PSOE", pues "ha nacido de la voluntad de poner en marcha un modelo educativo lo más plural posible". 

Entre los cambios más importantes recogidos en el texto que, previsiblemente, saldrá adelante en la votación de este jueves, Martínez Seijo destaca el fomento de la "participación" de los padres de los alumnos, la "garantía de principios como la inclusión, independientemente de la capacidad del alumnado a lo largo de todas las tres etapas educativas", y también una mayor "equidad" al recoger el "derecho a poder recibir una beca" o que "la repetición de curso sea algo excepcional -los estudiantes podrán repetir dos veces como máximo-".

Asimismo, con la Lomloe, que modifica la Loe -anterior a la 'ley Wert'- se garantiza que las familias tengan "libertad de elección de centro", pues se primará en el proceso de admisión la proximidad de centro al domicilio o lugar de trabajo de los padres, la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro y la renta per cápita familiar. "Que sean las familias y los alumnos quienes elijan, y no los centros", sostiene la diputada socialista en una conversación con Público.

Esta profesora de Inglés subraya también la reforma curricular: "Por primera vez, una ley permitirá a los centros desarrollar parte de su currículo educativo, así como su método de enseñanza". En este sentido, se modernizará el método de enseñanza, en sus palabras, al permitirse trabajar por proyectos y de forma interdisciplinar.

La portavoz socialista de Educación apela al "amplio consenso" en torno a esta norma, que "prioriza al alumno". Ante las críticas vertidas por PP, Ciudadanos y Vox hacia la Lomloe, Martínez Seijo reprocha que la derecha haya puesto "palos en las ruedas": "No han querido pactar con nosotros ni las enmiendas transaccionales", añade.

Otro de los objetivos de la nueva ley es acabar con la segregación escolar por renta económica. Asimismo, a través de una enmienda pactada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC, se prohibirá la separación por sexo en los centros educativos públicos y concertados.

Si bien, este último no es el único cambio que afecta a los colegios concertados. La norma presenta una batería de medidas para regular la actividad de este modelo, como la prohibición de ceder suelo público y que estos centros tienen que garantizar la gratuidad si quieren mantener los fondos públicos. Por ello, la patronal ha alzado la voz contra estos puntos y han tildado de "intervencionista" esta ley, a pesar de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha aumentado la partida para el modelo concertado en un 5%. 

Ante estas críticas, Martínez Seijo señala: "Ni esta ley va a terminar con la educación concertada ni es un ataque, sino que sirve para reequilibrar después de la introducción del concepto de 'demanda social' en la Lomce. El origen de la concertada es tener un fin social, por eso está financiado con fondos públicos. Nosotros no vamos a permitir un tipo de concertada lucrativa que ponga cuotas al alunando o que la educación pública reciba menos recursos. Por lo tanto, no se plantea primar una sobre la otra, sino que una no salga más fuerte a costa de la otra".

Polémica por la inmersión lingüística

Tras responder a esta cuestión, la diputada socialista niega rotundamente las "informaciones falsas" sobre la polémica enmienda para blindar la inmersión lingüística, un aspecto que se ha colado en las negociaciones del Gobierno para aprobar los Presupuestos y que ha desatado la tormenta política por parte de la derecha. "No es cierto que la Lomloe vaya a terminar con el castellano. Al revés, se garantiza la lengua castellana en todo el territorio" de acuerdo con el Artículo 3 de la Constitución, que hace referencia al castellano como lengua oficial del Estado. Asimismo, defiende que este cambio introducido en el texto a propuesta de PSOE, Unidas Podemos y ERC "obliga a que los alumnos aprendan las mismas lenguas por igual. Establecemos mecanismos que equilibran si hay carencia de alguna lengua".

De hecho, M. Luz Martínez Seijo explica que "el lío de las lenguas lo introdujo la ley Wert", pues fue la norma del Gobierno de Rajoy la que introdujo "el término lengua vehicular". Y, a partir de ahí, "hubo recursos al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Hasta entonces no había habido ningún problema", sostiene. Ante el anuncio de PP, Vox y Cs de impugnar esta ley en los tribunales, la parlamentaria critica que estas formaciones quieren "utilizar las lenguas como motivo de fractura social".

Martínez Seijo también rechaza la polémica que se ha creado sobre el punto de la educación especial. Mientras los detractores aseguran que la norma pretende acabar con los centros de educación especial, la diputada asevera que este supuesto "es falso", ya que "en ningún momento se ha dicho que se vayan a cerrar". Y es que, la disposición adicional cuarta habla de un plan de diez años para que "los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

Con todo, la portavoz socialista cree que esta nueva reforma -la octava de la democracia- es necesaria, pues la educación debe ir de la mano "de los cambios sociales como el cuidado del medio ambiente, la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la digitalización, la cultura de paz y los valores cívicos", zanja.