El dilema entre salud y normalización de la actividad en la emergencia del coronavirus no es exclusivo del ámbito económico. También en el Congreso se plantean dudas sobre cómo "desescalar" las medidas que se han puesto en marcha a raíz de la pandemia sin poner en riesgo la salud de diputados y trabajadores de la Cámara.

El confinamiento se traduce en el Congreso en una sequía legislativa derivada de paralizar todas aquellas iniciativas y proposiciones que no tengan que ver con la covid-19. En el último mes y medio, los Plenos del Congreso no han abordado prácticamente ningún asunto más allá de la emergencia sanitaria, a excepción de algunos decretos aprobados por el Gobierno cuyo plazo de vencimiento obligó al Parlamento a concluir su tramitación pese a las circunstancias actuales.

Una de las medidas que adoptó la Cámara cuando se decretó el estado de alarma fue la suspensión de los plazos de las iniciativas. Los grupos pidieron a la presidenta de la Mesa, Meritxell Batet, que paralizase estos plazos porque el Congreso se encontraba en servicios mínimos y con el objetivo de dedicar toda la actividad legislativa a la lucha contra la pandemia.

Hace unas semanas, la Mesa levantó esta suspensión, y las proposiciones volvieron a sus cauces legislativos, por lo que los plazos están volviendo a correr en la actualidad. La gran mayoría de las iniciativas que se presentan (a excepción de los proyectos de ley y de los decretos aprobados por el Ejecutivo) tienen que pasar por un Pleno de "admisión a trámite", en la que los grupos aceptan o rechazan que una norma comience a desarrollarse en el Parlamento.

Los proyectos de ley no tienen que pasar por un proceso de admisión a trámite, pero sí que deben ir a un primer Pleno si algún grupo parlamentario presenta una enmienda de totalidad a la norma planteada por el Gobierno (algo que suele suceder en la mayoría de las ocasiones). Durante el último mes y medio, las sesiones plenarias se han centrado en aprobar decretos relacionados con el coronavirus, autorizar la prórroga del estado de alarma y, desde hace algunas semanas, recuperar las sesiones de control al Gobierno.

Antes de la irrupción de la pandemia, en el Congreso se habían registrado unas 50 proposiciones de ley, y la mayoría ni siquiera había pasado por un Pleno de admisión a trámite. La primera proposición (y también una de las últimas) que logró ser admitida en la Cámara fue la ley de eutanasia, que actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia en el trámite de presentación de enmiendas.

El Congreso empezó su particular vuelta a la normalidad el pasado 15 de abril, cuando celebró su primera sesión de control tras el estallido de la emergencia sanitaria. A partir de ese momento, la Cámara se centró en recuperar poco a poco su actividad a la vez que se mantenían las precauciones y medidas de seguridad necesarias para evitar contagios.

Una de estas medidas fue la de limitar la presencia de los diputados en las sesiones plenarias y en las comisiones. Al principio, solo acudía un 10% de la representación de cada grupo, pero este número se ha incrementado en alguna ocasión en las últimas semanas (a los diputados hay que añadir los miembros del Gobierno que acuden al hemiciclo en las sesiones de control).

Leyes sobre el coronavirus convivirán con leyes 'ordinarias'

La única comisión activa al inicio de la pandemia era la de Sanidad, donde semanalmente comparece el ministro Salvador Illa para dar cuenta de la gestión de su Ministerio respecto al coronavirus. En las últimas semanas se han puesto en marcha otras comisiones, que han acogido la comparecencia de los ministros de Interior, Trabajo, Seguridad Social, Transportes y Defensa, entre otros.

Fuentes parlamentarias explican que el próximo paso será la remisión al Pleno de todas aquellas proposiciones que quedaron aparcadas por la emergencia sanitaria. Sin embargo, estas mismas fuentes admiten que estas normas se incluirían en el orden del día junto a las iniciativas relacionadas con el coronavirus, por lo que sería necesario extender la sesión plenaria más allá de un día (algo que sucedía habitualmente antes de la pandemia).

Celebrar dos sesiones plenarias (o un Pleno durante dos días) supone un mayor periodo de exposición de diputados y trabajadores, por eso será necesario un "respeto escrupuloso" a las medidas de prevención y seguridad recomendadas, aseguran estas mismas fuentes. Uno de las primeras iniciativas que podría llegar al hemiciclo es la ley de educación impulsada por el Gobierno.

El proyecto de ley finalizaba su plazo de enmiendas el pasado miércoles, pero la Mesa del Congreso acordó el martes ampliar este periodo hasta el miércoles de la próxima semana. El PP, Vox y Ciudadanos han presentado enmiendas a la totalidad al texto del Ejecutivo, por lo que se producirá un debate en Pleno en el Congreso.

Las proposiciones que vayan al Pleno deberán 'convivir', al menos durante el mes de mayo, con las medidas sobre la covid-19. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene intención de solicitar una nueva prórroga del estado de alarma a la Cámara, algo que sucederá la próxima semana. También está pendiente de convalidar el decreto de desescalada anunciado el martes y, en previsiones, el Ejecutivo ha apuntado hacia un ingreso mínimo vital para las personas en situación de vulnerabilidad.