Elecciones generales 2019Autónomos: promesas (incumplidas) para captar tres millones de votos

Son 3,25 millones de potenciales votantes, suficientes para resultar decisivos en cualquier contienda electoral, y eso hace que los partidos lleven años cortejándolos. Sin embargo, las referencias de los programas de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox al colectivo de los trabajadores por cuenta propia resultan, en realidad, una mezcla de generalidades e inconcreciones, iniciativas sobre las que esos mismos actores políticos no fueron capaces de ponerse de acuerdo la pasada legislatura, otras que en algunos casos ni siquiera llegaron a plantear y medidas que ya aplica la Administración. 

De hecho, la legislatura finalizada hace unas semanas se ha caracterizado, en el ámbito de los autónomos y más allá de la mejora de las coberturas de cese y de baja con otra subida de cuotas, por tres iniciativas fallidas: la subcomisión para el estudio de la reforma del RETA (Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos) creada en el Congreso, que terminó sin acuerdos; una Ley de Medidas Urgentes aprobada por unanimidad a propuesta de Ciudadanos cuyas novedades tributarias resultaron ser, en la práctica, tres mentiras fiscales inaplicables, y, por último, un acuerdo entre el Gobierno y las principales asociaciones para desarrollar la cotización en función de los ingresos que se quedó en agua de borrajas por la disolución de las Cortes.

Estas son las propuestas de los partidos sobre los principales temas de preocupación del colectivo de los trabajadores autónomos:

Las cotizaciones y las prestaciones

Las posiciones de los partidos sobre la cotización, que no resultaron conciliables la pasada legislatura, son estas para la próxima: calcularla de acuerdo con los ingresos (PSOE), reducirla para quienes ingresen menos del Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual (PP), “cuotas justas” (UP), eliminarla por debajo de ese nivel (C’s) y rebajarla en todos los tramos salariales para hacerla “progresiva desde los 50 euros en función de sus ingresos” (Vox).

En lo que va de legislatura, entre 2016 y 2019, la cuota mínima ha pasado de 264,44 euros mensuales a 282,30, es decir, 214,32 euros más al cabo del año.

En cuanto a las prestaciones, los programas abogan por “equipararla a la de los trabajadores por cuenta ajena” (PSOE), ampliar “la jubilación activa al 100% a todos los autónomos” y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar (PP), derecho a compensar las lagunas de cotización y considerar como cotizado el periodo de la mili (UP), equiparar el desempleo, no pagar cuotas en los dos años siguientes a ser padre o madre, cálculo de la jubilación con “toda su vida laboral” y posibilidad de compatibilizar el 100% de la pensión con la prolongación de la actividad (Ciudadanos) y, por último, “bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja” (Vox). 

Pagar el IVA no cobrado

C’s y Unidas Podemos son los únicos que incluyen referencias a esta anomalía que lastra la economía de los autónomos, que se ven obligados a adelantar de su bolsillo antes de haberlo cobrado un impuesto cuya recaudación les endosó Hacienda, y cuya solución en la ley de 2016 no pasó de ser una declaración tan bienintencionada como inaplicable.

El partido de Iglesias propone “la exención de tener que pagar el IVA por las facturas que aún no hayan cobrado”, mientras el de Rivera se inclina por que puedan “aplazar el pago del IVA de facturas impagadas y, si se superan los 60 días de impago, podrán solicitar a la Agencia Tributaria que reclamen al deudor” su desembolso. 

Morosidad

La ponencia del Congreso que debía debatir la propuesta de Ciudadanos para modificar la Ley de Morosidad pasó casi dos años ‘dormida’ tras generar inquietud en la gran empresa y en la banca, que tienen en la actual regulación, respectivamente, una de sus vías de financiación y una de sus líneas de negocio y que, al mismo tiempo, genera a los autónomos problemas de liquidez que a menudo derivan en insolvencia.

Sin embargo, los partidos que optan a formar parte del próximo Gobierno pasan de puntillas sobre este asunto. De nuevo son UP y C’s los únicos que entran en materia: los naranjas pretenden garantizar que las administraciones paguen sus facturas “en un máximo de 30 días” y el sector privado en no más de 60, así como “asegurar el cumplimiento efectivo de los plazos legales de pago y acabar con la impunidad de los deudores morosos” y dotar a la Ley de Morosidad del régimen sancionador del que ahora carece, mientras los morados se inclinan por “adaptar el derecho de consumo a las pymes” con “plazos máximos de pago por parte de las grandes empresas”. 

Segunda oportunidad

Los seis meses que el Congreso, con la abstención del PP, dio en noviembre de 2017 al Gobierno para que reformara la Ley Concursal para acercar el tratamiento de la insolvencia de los autónomos al que tienen las empresas, que solo responden de sus deudas con el patrimonio de la sociedad, y crear herramientas de mediación extrajudicial para evitar que las deudas sean perpetuas transcurrieron sin novedades, como los once posteriores.

Solo Unidas Podemos y Ciudadanos incluyen referencias a la segunda oportunidad en sus programas. Los primeros proponen que los autónomos tengan la consideración de consumidores en sus relaciones con los bancos, con la posibilidad de daciones en pago incluso retroactivas, y que puedan acogerse a quitas y cancelaciones de deudas con “un nuevo procedimiento judicial simplificado”. Los segundos abogan por “un verdadero mecanismo de ‘segunda oportunidad” que flexibilice “los requisitos para acceder al perdón judicial de las deudas a todos los deudores de buena fe”, incluidas las contraídas con Hacienda y la Seguridad Social. 

La uberización y los falsos autónomos

La mayoría de los grandes partidos se compromete a erradicar el fraude de los falsos autónomos, que en España alcanzan la cifra de 321.000 según los últimos datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) y que llegaron a superar los 360.000 la pasada legislatura, aunque sin explicar cómo o poniendo sobre la mesa medidas que ya aplican la Inspección de Trabajo y los juzgados de lo Social, y que incluso las empresas aceptan por la vía del acuerdo con los sindicatos.

“Seguiremos luchando contra el abuso de los contratos de formación y los falsos autónomos”, anuncia el PSOE; “adaptaremos nuestra normativa laboral a las nuevas realidades de la economía digital para asegurar la protección social de los trabajadores” con “la flexibilidad que requiere la economía digital”, proclama Ciudadanos, mientras UP apuesta por eliminar la figura del Trade (Trabajador Autónomo Dependiente) al asegurar que “se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante” y por considerar trabajadores por cuenta ajena a todos los de las plataformas digitales. 

Tarifa plana

Únicamente PP y C’s incluyen en sus programas alusiones a esta bonificación, que ya le ha costado 2.000 millones a la Seguridad Social con un raquítico resultado en el que solo uno de cada nueve beneficiarios sigue como autónomo.

Los populares proponen ampliarla otro año, hasta los tres, y extenderla a colectivos como los mayores de 52 años, los parados de larga duración, los autónomos menores de 30, las víctimas de violencia de género o quienes acrediten un grado de discapacidad superior al 33%. Los naranjas sugieren incrementarla “a 2 años”, que es su duración actual, y abrirla a los que trabajan a través de sociedades. 

Cajón de sastre

Los programas de los principales partidos de ámbito estatal incluyen, por último, una serie de recetas variadas para los autónomos como extender a su ámbito la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PSOE), materializar su participación en el Consejo Económico y Social (PP), mantener Bankia como banca pública para facilitar la financiación de sus proyectos (UP) o eliminar tasas e impuestos para establecerse (Vox).