Esta ha sido la semana en la que la precampaña electoral ha llegado al Congreso y, con ello, el Gobierno y Unidos Podemos han escenificado su ruptura. Si bien una semana antes de conocer el adelanto electoral vendían una imagen de unidad al presentar juntos leyes como la del voto rogado, en estos días han evidenciado  claras diferencias discursivas y legislativas. La más contundente fue Irene Montero que acusó a Pedro Sánchez de hacer "recortes en secreto". Este giro del partido morado ha echado por tierra el dulce fin de la legislatura socialista. 

El miércoles fue la portavoz parlamentaria la que evidenció la ruptura cuando comparó al PSOE con el PP al advertir que habían aprobado una orden ministerial "en secreto" por la que han limitado al 50% el gasto de todos los Ministerios, tal y como hizo el Gobierno de Rajoy. Una decisión que, a su juicio, muestra que es una fuerza política que no es de fiar. El presidente del Gobierno no confrontó con la parlamentaria, afeó que no hubieran apoyado medidas como el decreto de alquiler o las pensiones, pero dio las "gracias" a su grupo confederal por el apoyo durante la legislatura. Aunque Montero ya había dejado clara la línea de su partido y que el adelanto electoral ha puesto fin a la buena relación.

Pero el mayor desencuentro entre los socialistas y el grupo confederal llegó con el Pacto de Toledo. Hace semanas que fuentes de Unidos Podemos contaron a Público que Hacienda esperaba cerrar un acuerdo sobre las pensiones en quince días. Desde el grupo confederal lo veían imposible por las diferencias que estaban ya sobre la mesa respecto a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Las prisas que provocaron el adelanto electoral se llevaron por delante cualquier tipo de acuerdo y provocaron un duro reproche entre las dos formaciones. 

"Han demostrado que no son de fiar. Ni siquiera con nosotros", explicaba un diputado de Unidos Podemos tras este enfrentamiento. El grupo criticó que entre las recomendaciones se defendían medidas como aumentar la edad efectiva de jubilación o ampliar el cálculo de la pensión de jubilación a toda la vida laboral.

Ahora la desconfianza llega a todos los ámbitos. "No haremos la campaña electoral al PSOE", insisten desde la dirección del partido morado.

El Ejecutivo espera aprobar varios reales decretos antes de las elecciones del 28-A. Pero Podemos ya ha advertido que no lo pondrá fácil. La portavoz parlamentaria criticó las "tretas parlamentarias" que, a su juicio, está utilizando Sánchez en medio del periodo electoral para convalidar decretos a través de la Diputación Permanente. Los diputados sólo apoyarán las medidas acordadas entre Sánchez e Iglesias siempre que no se la vuelvan "a colar". 

El Gobierno ha cancelado varias reuniones con UP

Según ha podido saber Público, hasta el pasado lunes el Gobierno y el grupo confederal de Unidos Podemos tenían agendadas varias reuniones que se cancelaron a lo largo de la semana. Sólo se celebró la que tiene que ver con el real decreto de vivienda y han pactado otro encuentro para el lunes que viene que tiene que ver con las condiciones de los becarios.

Sin embargo, uno de los decretos que el Gobierno quiere aprobar es el de la reforma laboral si garantiza que tiene los apoyos en el Congreso. Pero Unidos Podemos asegura que el Ejecutivo dejó las negociaciones sobre esta reforma hace semanas y que su apoyo no es seguro.

"No es cierto que se esté negociando", asegura la diputada Yolanda Díaz. "No hablan con nosotros desde el 7 de febrero y les queremos decir que estamos a tiempo de dejar a un lado la campaña electoral y defender a los trabajadores", insiste. En la última reunión, Unidos Podemos dio al Ejecutivo un documento de mínimos para aprobar un decreto que derogara los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral: el registro de la jornada laboral en el artículo 34 hasta el artículo 42; la presunción de laboralidad de los autónomos que trabajan para una única empresa, es decir, que son falsos autónomos, hasta impedir la concatenación de contratos por obra y servicio determinado y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.