El Ejecutivo calcula un ahorro de 1.500 millones con la supresión de 708 empresas de las CCAA

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el número de empresas públicas autonómicas que se extinguirán pasará de las 515 que estaban previstas a 708, lo que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros.

En la inauguración de unas jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Deloitte sobre las Reformas y eficiencias del sector público, la vicepresidenta ha señalado que una vez que se ha cumplido el objetivo de suprimir 515 sociedades mercantiles creadas por las comunidades autónomas, "en una siguiente fase se amplía este número a 708", lo que permitirá un "ahorro de 1.500 millones de euros".

Sáenz de Santamaría ha destacado la necesidad de que en tiempos de bonanza no se vuelva a repetir la situación vivida y por eso ha anunciado que se va a poner en marcha "una nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas", de manera que se establezca un "sistema muy riguroso para la creación de organismos públicos por cualquier administración". Ha añadido que a la hora de la creación de estos organismos se deberá justificar la suficiencia de los ingresos y periódicamente tendrán que tener la sostenibilidad financiera necesaria para llevar a cabo sus funciones, al mismo tiempo que ha explicado que hasta este momento "no había manera legal de disolver" determinados consorcios.

Saénz de Santamaría ha recordado el anuncio del pasado viernes, tras el Consejo de Ministros de que la intervención en 67 organismos de la Administración General del Estado, mediante su disolución y liquidación o fusión o conversión en otro superior, ha permitido "en términos netos" la desaparición de 53 de ellos.

En su intervención, la vicepresidenta ha reconocido que el Gobierno ha "copiado" el funcionamiento de las empresas privadas, de sus estructuras, su funcionamiento, gestión de medios y servicios comunes, y en este sentido se ha referido a la administración electrónica. Al respecto, ha comentado que se ha tomado la medida de crear un equipo informático para el conjunto de la administración que dependerá del Ministerio de Presidencia y Hacienda.

También se ha referido a las "compras centralizadas", que no sólo se llevarán a cabo con las vacunas, sino que se ampliarán a servicios como la luz o la limpieza, que hasta ahora eran contratados por cada ministerio y "nos lo cobraban más caro", ha subrayado. Se trata, ha precisado, de "lograr una centralización general" y ha puesto como ejemplo que en la gestión del servicio de mantenimiento de ascensores, Presidencia se va a ahorrar el 65 por ciento, mientras que el Ministerio de Interior ha logrado un ahorro en Energía Eléctrica de 7 millones de euros en un presupuesto de 40 millones.

Asimismo, ha considerado esencial una "nueva cultura de la cooperación entre las administraciones públicas", ya que ha recordado que "muchas administraciones tienen competencias sobre la misma materia", por lo que es necesario "tratar de poner fin a las competencias impropias". Por ello, ha destacado que a lo largo del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) se aprecia la necesidad de una planificación conjunta porque hay que "ser conscientes de que muchas de las reformas que necesita el país se legislan en las cortes pero se ejecutan por las comunidades o por las corporaciones locales". De esta manera, "el Estado necesita mecanismos que permitan una mayor implicación de todos" y "son muchas las facetas en las que hay que trabajar para eliminar duplicidades", ha reseñado.

La reforma de la Administración Pública se verá también en una mejora de la gestión de los ciudadanos en procesos que tienen que ver con la administración, ha subrayado, y ha comentado que desde el pasado mes de junio -como ella misma ha podido comprobar-, se puede solicitar en las oficinas de empleo cita previa, aunque ha reconocido que es necesario mejorar el procedimiento de anularla si no se puede acudir.

Sobre la reforma de la Administración ha dicho que "se trata de un proyecto muy ambicioso", aunque ha reconocido que "no es sencillo" porque exigirá ir cumpliendo pasos e ir levantando muchas trabas. En este sentido, ha recordado que de las 218 medidas que propuso la CORA, 15 están finalizadas, 82 en fase inicial, 90 en fase media de ejecución y 22 en fase final. La vicepresidenta ha considerado que la crisis económica "ha servido para algunas cosas" como para "ser más auténticos en todos los niveles" y acometer la reforma de la Administración que "era necesaria" pero que nunca se acometía.