Madrid.- Desde 2008 casi 600.000 ejecuciones hipotecarias se han iniciado en España. Un drama humano con cientos de miles de víctimas. Amnistía Internacional publica hoy un nuevo informe, “Derechos
desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España”, en el que trata de poner cifras y caras a un problema ante el que el Gobierno, aseguran, no ha tomado suficientes medidas.

En su informe, AI pide que se paralicen los desalojos hipotecarios hasta que se adopten garantías de protección de los derechos humanos y denuncia que en dos de las CCAA donde existen más desalojos y viviendas vacías -Madrid y Catalunya- han adoptado medidas regresivas que incrementan la desprotección de los afectados.

Amnistía Internacional también ha puesto caras a esta tragedia, mostrando el periplo de algunas familias desahuciadas. Es es caso de Maritza, Ainhoa y Francisco, cuyas historias resumen estos tres vídeos.

Maritza Saavedra, Madrid
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Maritza vino de Ecuador en 2001. En junio de 2014, obtuvo la nacionalidad española. Vive en Madrid con su compañero, Darwin José, y tienen dos hijos en común: Alexandra, de 11 años, y Aitor, de 2.

En julio de 2007 junto a su pareja compró un apartamento. Por entonces trabajaba como dependienta y ganaba 900 euros al mes. Él ganaba unos 1.500 euros de mensajero. El banco les ofreció una hipoteca por valor de 248.000 euros.   

Cuando perdieron sus empleos, se encontraron con que no podían hacer frente a los pagos. Al cabo de varios meses, ya no pudieron luchar más y dejaron de pagar en 2008. En diciembre de ese año, el banco los demandó por impago. Perdieron su casa y conservaron una deuda de al menos 120.000 euros. Para ahorrarle sufrimiento a su hija, Maritza y Darwin decidieron desalojar la vivienda voluntariamente. "Nos marchamos con algo de ropa y poco más. La mayoría de nuestras cosas se quedaron adentro".

Tras vivir en el piso de su hermana y, posteriormente, compartiendo piso con tres personas más, un vecino les ofreció un piso en el que sólo tendrían que pagar agua y electricidad. Allí siguen por el momento.

“Mi casa es un sueño inalcanzable. Sobre todo, me duele por mis hijos”, asegura. Su vivienda lleva vacía desde 2009.
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Ainhoa Lafuente, Barcelona

En 2005, Ainhoa tenía empleo fijo como dependienta de una tienda de decoración en Terrassa cuando decidió comprar un piso en la ciudad con el aval de sus progenitores.  El banco le ofreció una hipoteca por el valor total de la casa: 157.000 euros.

La suya era una hipoteca abierta, que, en caso de necesidad, permite al deudor solicitar un préstamo del capital pagado mensualmente, lo que a largo plazo eleva la cuantía de la deuda. “En mi caso, la vía de la hipoteca abierta se convirtió en un callejón sin salida”. 

Tras perder su empleo, en septiembre de 2013, sin ahorros y ya sin fondos en la hipoteca abierta, Ainhoa dejó de pagar. Un mes y medio antes había nacido su hija Rocío. Su compañero en aquel momento había contraído una deuda con la Seguridad Social, por lo que se le retenía parte del salario.

Ainhoa se unió al PAH a principios de 2013. “Nunca estoy sola cuando hablo con el banco. Siempre hay alguien del PAH conmigo. Recibes apoyo que no esperas recibir ni de tu propia familia. Hacen que vuelvas a confiar en el ser humano", explica

Después de un tira y afloja durante varios meses, el banco hizo una propuesta que Ainhoa está considerando aceptar: dación en pago y una deuda adicional de 4.500 euros. “Mi madre está a punto de someterse a una operación grave y no quiero que mi padre y ella siguieran sufriendo por esto. No puedo alargar más el proceso. Yo tengo tiempo, pero mis padres no".
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Francisco Hurtado, Barcelona
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En 2009, Francisco trabajaba por cuenta propia y vivía con su esposa y sus dos hijos. Tenían un modesto taller de imprenta. Su piso, valorado en 206.000 euros, hacía las veces de garantía desde que en 2006 les concedieron la hipoteca.

En 2009 pasaron dos cosas: la pareja se separó y Francisco vio cómo su negocio comenzaba a decaer hasta que prácticamente dejó de funcionar en 2014. Al separarse, sus hijos decidieron irse a vivir con él.

Decidió vender su piso para pagar la deuda, que en aquel momento se elevaba a 166.000 euros. “Hubo varias personas interesadas en comprar mi piso por 145.000 euros en metálico, pero el banco no se avino a negociar”. Francisco lleva más de dos años y medio negociando con el banco. “Nunca voy solo a las reuniones. De no haber sido por la PAH, habría aceptado lo primero que me ofrecieron, y ahora sé que habría sido un error".

Ahora Francisco trabaja por cuenta propia y gana entre 400 y 600 euros al mes y ha llegado a un acuerdo con el banco por el que su deuda ha quedado saldada mediante la dación en pago y podrá permanecer dos años más en la casa con sus dos hijos pagando al banco un alquiler de 260 euros al mes. “Los empleados del banco insisten en que mi situación habrá mejorado mucho dentro de dos años. Yo no soy tan optimista. Estoy seguro de que tendré que seguir luchando”.