Dos consejeros del Tribunal de Cuentas afines al PP impiden recurrir la absolución de Botella por el caso de los fondos buitre

El Tribunal de Cuentas vuelve a salvar a Ana Botella. En julio revocó la condena que le había impuesto escasos meses antes, y ahora impide a una concejal del PSOE que se persone para actuar contra la venta de vivienda pública a fondos buitre durante la época de Botella como alcaldesa de Madrid.

Público ha accedido al auto en el que el Tribunal de Cuentas rechaza autorizar la personación de Mercedes González, concejal en el Ayuntamiento de la capital, que el 25 de septiembre reclamó ser legitimada para presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en un nuevo intento por evitar el cierre en falso de la causa contra Botella y su equipo por la venta de 1.860 viviendas sociales en 2013.

El Tribunal de Cuentas no autoriza a González a presentar recurso de casación ante el Supremo, para evitar el cierre de la causa; su última carta es un recurso de queja ante el Alto Tribunal

El Tribunal de Cuentas no aprecia que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), dependiente del Consistorio, cometiera dejación de funciones al dejar pasar los plazos sin para recurrir -en septiembre-, aunque la EMVS sólo actuó contra esta operación inmobiliaria durante el mandato de Manuela Carmena como alcaldesa, o a pesar de las múltiples maniobras del Ayuntamiento de PP y Ciudadanos para darle carpetazo desde su entrada en Cibeles. El Gobierno municipal ha ignorado la voluntad del Pleno, que votó a favor del recurso, y para ello ha gastado 14.500 euros de dinero público para armar legalmente sus posiciones, y ha cesado a la directora de los servicios jurídicos de la EMVS, Paloma Herranz.

La resolución, fechada el 11 de diciembre, ha salido adelante con los votos de dos vocales afines al PP; son los mismos que en julio decidieron revocar la condena inicialmente dictada por el mismo tribunal contra Botella, ya que la Sala de Justicia sólo cuenta con cuatro miembros -y una de sus integrantes fue quien condenó a la exalcaldesa en primera instancia, por lo que no podía participar en estas deliberaciones-. Son Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia con José María Aznar -esposo de Botella- y José Manuel Suárez Robledano, presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal.

Los dos vocales son los mismos que ya revocaron la condena a Botella. Ambos fueron nombrados a propuesta del PP

Los dos fueron nombrados a propuesta del Partido Popular, y ambos libraron a la exalcaldesa y su equipo de pagar una multa de 23 millones por la venta de estas viviendas sociales muy por debajo de su precio de mercado. Además, en esta ocasión también han actuado en contra del criterio del tercer vocal que debía pronunciarse, Felipe García Ortiz -nombrado a propuesta del PSOE-, que ha emitido un duro voto particular enmendando el auto de los consejeros de ideología conservadora.

Cerrada esta puerta -por el momento-, González ultima la redacción de un recurso de queja ante el Supremo. Debe presentarlo en el plazo de 10 días hábiles, y previsiblemente esta será su última bala, la última opción para evitar el cierre en falso de la causa.

González: "Era la segunda vuelta de un partido trucado"

"Lo que hace el Tribunal de Cuentas es torpedear que una vecina de Madrid defienda el patrimonio de los madrileños", afirma la edil socialista

Por su parte, en conversación con este diario González reconoce que, conocidos los nombres de los vocales que debían decidir sobre esta cuestión, parecía evidente que estaban ante “una segunda vuelta de un partido trucado”, si bien se muestra crítica con el auto. “Lo que hace el Tribunal de Cuentas es torpedear que una vecina de Madrid, yo en este caso, defienda el patrimonio de los madrileños”, critica. “Me está negando la aplicación de un derecho contemplado por la ley y avalado por la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo, como reconoce el voto particular”, abunda.

En síntesis, la Sala ha inadmitido el escrito de preparación del recurso de casación registrado por González -en calidad de “vecina” de Madrid-, que reclamó ejercer la acción sustitutoria, contemplada en el artículo 68 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). Esto es: al no haber actuado el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, ni tampoco la EMVS -controlada por el Gobierno municipal de PP y Cs-, la edil socialista reclamó al Tribunal de Cuentas que la legitimase para registrar recurso de casación ante el Alto Tribunal.

El auto deniega la legitimidad de González para actuar, si bien no discute el interés casacional de su petición. Esgrime también que la “eventual pasividad de la entidad pública perjudicada” legitimaría la actuación del Ministerio Fiscal, obviando que este ha rechazado actuar por no ver probado ningún “perjuicio” a las arcas públicas - perjuicio que si vio probado el Tribunal de Cuentas en su primera sentencia-.

El auto acusa a González de actuar "Por su disconformidad personal con el fallo" del Tribunal de Cuentas

Pero, además, critica las razones que, a su entender, explican la actuación de la concejal socialista, defendiendo una vez más al Ayuntamiento y a la EMVS, cuyo consejero delegado es Diego Lozano, exjefe de Gabinete de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid procesado por el caso de corrupción Lezo. La Sala afirma que no puede permitir que una persona física que no estaba anteriormente personada en la causa pueda “revivir” el procedimiento hoy por hoy, “tan solo por su disconformidad personal con el fallo recaído en segunda instancia, en contra de la parte auténticamente legitimada en el proceso".

“El hecho de haber sido desestimada la acción de condena ejercitada", "no puede suponer, en modo alguno, que renazca el derecho de sustitución procesal", para "invocar un supuesto derecho a recurrir en casación, pues su posibilidad se agotó, una vez que se ejercitó oportunamente la precisada acción por la entidad local, o más correctamente por al EMVS”, reza el auto. También incide en que la EMVS es la entidad “legitimada activamente” para actuar. La EMVS está financiada por el Ayuntamiento, que es quien nombra a su Consejo de Administración.

“Si el Ayuntamiento y la EMVS no defienden el patrimonio de todos los madrileños y a los ciudadanos se nos niega también esa posibilidad, ¿en qué manos queda el patrimonio público? ¿En qué manos quedan todas esas familias que vieron cómo los fondos buitre se adueñaban de sus pisos, con el permiso de Ana Botella y de su Junta de Gobierno?”, apostilla la edil del PSOE.

Fuentes de su partido apuntan que el auto contradice la jurisprudencia del Supremo. También sostienen que desgrana una retorcida interpretación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y cuestionan que el mismo artículo que les permitió negarse a paralizar los plazos para recurrir, en septiembre, sea el mismo que hoy no permite, a su entender, legitimar a González para actuar.

Por otro lado, los argumentos esgrimidos para impedirle actuar son los mismos que la Sala aplica a Mariano Benítez de Lugo, abogado de la Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas Públicas. Benítez de Lugo no presentó el escrito de preparación del recurso, a diferencia de la concejal, pero sí reclamó permiso al tribunal para personarse. Para iniciar el procedimiento, González debió dirigir un escrito al Ayuntamiento y a la EMVS en el que les exhortaba a actuar, antes de que expirase el plazo. Ambas lo obviaron.

Las ventas a fondos buitre, en el ojo del huracán

Por otra parte, la misma operación de venta de vivienda pública a fondos buitre tiene su propio recorrido en la vía penal. Este lunes, la Cadena Ser adelantó que la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos de Fermín Oslé, exconsejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides, apoderado de Fidere, y por tanto ambos se sentarán en el banquillo por este caso. Botella no está en esta causa.

En junio, el Juzgado de instrucción número 28 de Madrid prohibió a Fidere vender o alquilar las 1.860 viviendas sociales compradas al Ayuntamiento durante el mandato de Botella, y fijó una fianza de 19 millones de euros para Oslé y Benavides, en calidad de calidad de “responsables civiles directos”.

Además, a finales de la semana pasada, el Supremo anuló la venta de otras 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre durante la presidencia de Ignacio González. Poco a poco, el cerco judicial a estos casos se va estrechando, aunque los máximos dirigentes políticos de la época no siempre acaban rindiendo cuentas.