El pasado miércoles el presidente de Perú Pedro Castillo ordenó disolver el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia nacional. Además, Castillo anunció la necesidad de convocar elecciones constituyentes en el plazo de nueve meses y declaró el estado de emergencia con toque de queda a partir de las 10 de la noche.

La convocatoria de una asamblea constituyente, que acabara por fin con la constitución de Fujimori, fue de hecho una de las promesas con las que Castillo ganó las elecciones presidenciales del 2021. Y es que la constitución de 1993, heredada de Alberto Fujimori, es uno de los principales impedimentos que tiene hoy Perú para poder gobernar democráticamente.  

Después de haber hecho estos anuncios, el pleno del Congreso destituyó a Castillo alegando una "permanente incapacidad moral" con 101 votos a favor de un total de 130 . 

Dos horas más tarde Castillo fue detenido por su propio equipo de seguridad mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político. Tras su destitución, la vicepresidenta del Gobierno Dina Boluarte, ha jurado ante el pleno del Congreso como presidenta de Perú. 

Desde el primer momento tanto la policía como el ejército de Perú, se desmarcaron de la disolución del Congreso anunciada por Castillo. En un comunicado señalaron que, cito textualmente, "cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú". 

Además, la Organización de los Estados Americanos la misma que justificó el golpe contra Evo en Bolivia y Estados Unidos han reconocido la legitimidad nueva presidenta. 

Es cierto que la decisión de disolver el Congreso se produjo horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de censura que buscaba apartar a Castillo de la jefatura del Estado. Pero también es cierto, que esta votación no contaba con los apoyos suficientes para salir adelante.

Puede que Castillo temiera verse acorralado por las acusaciones de corrupción y el lawfare o que viera este momento como una oportunidad para movilizar a sus bases sociales. En cualquier caso, se equivocó.

Pero más allá de lo acertado o no de la decisión de Castillo, lo que resulta evidente es que desde que ganó las elecciones al fujimorismo ha habido un intento sistemático de tratar de sacarlo de la presidencia. En sólo un año y medio de gobierno, el presidente ha sufrido tres mociones de censura en su contra. Además, desde el primer día, la patronal peruana, en alianza con algunos medios de comunicación, sectores del ejército y grupos parlamentarios, se puso como misión "botar al comunismo". 

Aquí es importante recordar que Castillo ganó las elecciones de junio de 2021 a Keiko Fujimori gracias al apoyo rural. El voto a Castillo fue abrumador en regiones andinas donde la mayoría de la población es campesina y pobre como Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, donde obtuvo más del 50% de los votos. Y también en su región natal, la norteña Cajamarca, donde Castillo fue el más votado con alrededor del 40% de los votos. 

Esta fragmentación de apoyos entre el rural y lo urbano, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, Castillo seguía contando con un 45% de apoyos en el ámbito rural frente al 33% de apoyo urbano. De hecho, la mayor desaprobación a su gestión se registra en la Lima Metropolitana, donde alcanza el 75%. 

Además, esta encuesta, (realizada durante el mes de noviembre), preguntó por la posibilidad de que el Parlamento inhabilitara a Castillo: el 87% de los peruanos mostró su preferencia de que se convocaran nuevas elecciones en caso de que Castillo fuera destituido. 

Otra cosa que señala la encuesta es la enorme desaprobación del Congreso, que con medidas como la limitación de los referéndums ciudadanos, y con sus intentos de imepeachment, y cambios constitucionales, ha sido, como decíamos, el principal mecanismo de obstrucción democrática en Perú.

Según la encuesta, el 86% de los peruanos desaprueban el Congreso de la República, incrementándose un 5% respecto al mes anterior. Además, el presidente del Congreso, José Williams, aumentaba su desaprobación en 6 puntos hasta alcanzar el 68%. 

Castillo tomó posesión con la promesa de aumentar el gasto social y reformar el modelo económico peruano, sin embargo, su presidencia no ha servido para mitigar las desigualdades del país.

En gran medida por el sistemático bloqueo del Congreso, pero también por errores propios. Nada más empezar, realizó una serie de nombramientos orientados a contentar a las oligarquías del país: eliminó a ministros que no eran del agrado de la industria minera, destituyó al canciller contra el que protestaban las Fuerzas Armadas y ratificó a un neoliberal como Julio Valverde al frente del Banco de la Reserva del Perú.

A nivel internacional, Castillo se acercó a la Organización de Estados Americanos y se reunía con Bolsonaro en Brasil al mismo tiempo que marcaba distancias con Venezuela. Esto tuvo dos resultados: por un lado, provocar que las élites demandaran cada vez más y más concesiones y por otro minar los apoyos de la propia base social de Castillo. 

Boluarte ya ha anunciado su intención de formar un gobierno tecnocrático contando con representantes de un amplio espectro político, para contentar así al Congreso. Sin embargo, esto puede provocar la resistencia de los votantes de Castillo. También está por ver el papel que van a jugar las Fuerzas Armadas en todo este proceso. En los últimos años, tal y como señala el historiador Paulo Drinot en un artículo en la New Left Review, los militares se han abstenido de intervenir directamente en la esfera política pero esto podría cambiar.

Antauro Humala, hermano del expresidente peruano Ollanta Humala, cumplió condena por su participación en el fallido levantamiento militar de 2005 y ahora lidera un movimiento nacionalista con tintes paramilitares llamado "etnocacerismo".

Hasta ahora Antauro ha sumado el apoyo de algunas comunidades rurales y de soldados retirados, y busca utilizarlos de plataforma de lanzamiento para su candidatura a las elecciones presidenciales de 2026 en las que, tal y como indica Drinot, busca presentarse como una alternativa al punto muerto alcanzado por el fujimorismo y el anti-fujimorismo.